Dentro de las fronteras comunitarias mueren 1.000 personas al año por armas de fuego. Bruselas quiere endurecer la legislación.
Lieja, Bélgica, diciembre de 2011. Un hombre asesina a punta de pistola a tres personas en la plaza principal de la ciudad, en pleno mercadillo navideño. Istres, Francia, abril de 2013. Otro atacante mata a tiros a tres transeúntes con un kalashnikov. Isla de Utoya, Noruega, julio de 2011. El famoso terrorista Anders Behring Breivik comete la masacre más grave vivida en la historia del país: 76 muertos con solo una pistola y un rifle.
Las armas pequeñas, que es como se denominan pistolas y ametralladoras, causan la muerte de 1.000 personas cada año dentro de las fronteras de la Unión Europea, según la Comisión. Cecilia Malmström, comisaria de Interior, ha lamentado el “preocupante silencio” sobre el uso y tráfico ilegal de armamento ligero en territorio comunitario. Según la política sueca, mientras el debate en Estados Unidos es bastante visible, los europeos “deberían centrarse en el frente interno”.
Bruselas quiere aprovechar la ocasión para endurecer las normas comunitarias, a pesar de que la UE tiene las leyes más exigentes en cuanto a armas ligeras: “Ni el Estado más restrictivo de EE UU se acerca al más permisivo de la UE”, señala Marcus Wilson, miembro de la Organización para la Reducción de la Violencia Armada (ARV en inglés).
Para asegurar que pistolas y rifles no terminan en manos de criminales “hay mucho trabajo que hacer en Europa”, porque las divergencias entre las legislaciones de los Estados miembros crean lagunas que el crimen organizado y el terrorismo aprovechan para obtener armas y munición, opina Bruselas. La industria y las asociaciones de cazadores dudan de las cifras y se oponen a una ley más severa que pueda perjudicar sus actividades.
Cada vez que se abre el melón legislativo para restringir el acceso a las armas pequeñas de forma legal, la UE se encuentra con la oposición de la industria y los amantes de la caza o los deportes de tiro. Hace aproximadamente un año, la comisaria Malmström afirmó que “las armas legales en la UE alimentan el mercado ilegal”. La Federación de Asociaciones de Caza y Conservación (FACE en inglés) no está de acuerdo con esa afirmación y lamenta que Bruselas quiera legislar “bajo el falso pretexto de que existe un nexo entre ellas”.
En la UE hay medio millón de armas de fuego robadas o perdidas, y la mayoría procede de uso civil, según el Sistema de Información de Schengen. El portavoz de la FACE, Manuel Esparrago, tiene “muy serias dudas” acerca de esta cifra, porque “se ha elaborado a través de datos de ONG y no consultando la información oficial de la que disponen los Estados”. Cuando han solicitado más precisión sobre los números, toda la respuesta que han recibido ha sido una “vaga referencia oral”. La FACE, que representa al mayor grupo de propietarios de armas legales de la UE —siete millones de cazadores—, se queja de que a pesar de haber pedido su inclusión en el grupo de expertos al que la Comisión consultará para elaborar una nueva propuesta de legislación, ha sido rechazada.
Los cazadores, como indica Esparrago, se muestran “profundamente decepcionados y preocupados” por lo que consideran leyes al servicio de “objetivos políticos”. Entre las posibles novedades, podría dificultarse el acceso a determinadas armas y otras, como las semiautomáticas, incluso se prohibirían, lo que afectaría a los cazadores españoles. La Asociación Armera (AA) española lamenta esta decisión, porque el 70% de las armas que utilizan los cazadores españoles son semiautomáticas. Su gerente, Marta Gómez, denuncia que el endurecimiento de las leyes, vaya “siempre” dirigido a empresas y usuarios que actúan de acuerdo a la legalidad. Entre otras cosas, porque se trata de un mercado ya en declive —por razones culturales, el número de cazadores va descendiendo con las nuevas generaciones— y más restricciones podrían tener consecuencias negativas sobre el empleo de una industria que da de comer a algo más de 2.000 trabajadores en España. “Los cazadores ya están saturados de restricciones y si hubiera más, muchos se retirarían”, alerta la gerente.
Todas las sugerencias de Bruselas van encaminadas a armonizar las leyes nacionales. Uno de los planteamientos es que los países europeos se pongan de acuerdo en cómo marcar el armamento hecho a mano con números de serie, de forma que faciliten a las fuerzas de seguridad la identificación de armas usadas por criminales. Para mejorar la identificación, Jacob Parakilas, de la ONG Acción sobre la Violencia Armada (AOAV, en sus siglas en inglés), sugiere estampar números de serie microscópicos en diferentes componentes o incluso “que el arma imprima ese número en cada casquillo cada vez que dispara”.
También cabe la posibilidad de que Bruselas obligue a instalar sensores biométricos en todas las armas para asegurar que las utilizan exclusivamente sus propietarios. Estos sensores permiten identificar al dueño de un arma empleando sus características biológicas, como el pulso o la huella dactilar. “Es de ciencia ficción”, lamenta el portavoz de FACE. Gómez advierte de que los sensores no evitarían el tráfico ilegal, porque “seguramente” quienes se dedican a ello sabrían desactivarlos.
En realidad, ni la más estricta de las regulaciones consigue frenar la violencia armada. La clave está en el comercio, señalan diversas ONG. Amnistía Internacional, Oxfam o Greenpeace llevaban años luchando para que Naciones Unidas aprobara un Tratado de Comercio de Armas (TCA) global, que finalmente consiguieron en abril de este año. De momento lo han firmado 108 países, incluido EE UU, pero solo ocho lo han ratificado. “El comercio de plátanos está más regulado que el del armamento ligero, el mercado más mortífero del planeta”, explica Francisco Yermo, experto en control de armas de Oxfam.
Hasta ahora, la única manera de impedir que pistolas o rifles fabricados en el primer mundo llegaran a países en conflicto, era la lista de Estados embargados, a los que la UE prohíbe vender armamento. Pero en algunas ocasiones no ha sido muy efectivo; los países europeos exportaron armas a la Libia de Gadafi hasta que se decretó el embargo, en febrero de 2011. Estas han llegado después a otros países en conflicto como Malí o Congo, según Yermo. “El 95% de las armas que se utilizan en África vienen de fuera del continente”, relata.
A pesar de todo, hay lugar para la esperanza. Alberto Estévez, experto en el TCA de Amnistía Internacional, celebra “el logro importantísimo” que supone el acuerdo. Espera que el tratado entre en vigor en dos años, cuando lo hayan ratificado al menos 50 Estados. A partir de ese momento, estará prohibido transferir armas a países que puedan utilizarlas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra. Es más, los Estados estarán obligados a ser transparentes y dar a conocer a los ciudadanos de todo el mundo el destino de cada una de las armas que salgan de su país. “Con todo el poder disuasorio que ello conlleva”, comenta Yermo. Bruselas quiere avanzar también en la desactivación de armamento. Algunas armas pueden reactivarse y, según la Comisión, una norma europea más estricta podría asegurar que los revólveres o ametralladoras que se inutilicen queden definitivamente inoperables. Reactivar un revólver no es fácil. Un ciudadano medio no podría realizarlo sin estar seguro de que el arma “no le va a volar la mano”, dice Parakilas. Sería más fácil vigilar a las empresas que realizan este servicio que estar detrás de cada posible usuario de este tipo de armas, opinan desde AOAV.
Los países con las condenas más altas por tenencia ilícita de armas tienden a tener una tasa de crímenes más baja, incide Amnistía Internacional. La vía más común para asegurar que la disuasión funciona son las sanciones. Pero el tema en el que existen más divergencias es la regulación para la posesión de armas, incluyendo el sistema de licencias. En la República Checa o Eslovenia, los aspirantes tienen que aprobar un examen sobre conocimiento de armas, mientras que en España basta con un test psicofísico. Países como Polonia someten a los propietarios a una evaluación psicológica cada cinco años.
Los que más se resisten a dar poder a Bruselas en esta materia son los países del Este. El 55% de los ciudadanos de Europa oriental cree que las autoridades nacionales están mejor posicionadas para regular las armas de fuego, según el Eurobarómetro de septiembre de 2013. Es un fuerte contraste respecto a la antigua Europa de los Quince, donde el 63% de los habitantes prefiere que haya normas comunes para reducir la violencia armada en la UE.
En diciembre de 2012, Adam Lanza (20 años) intentó adquirir sin éxito un rifle en una tienda de Connecticut (EE UU). Dos días después, utilizando la licencia de su hermano, entró en la escuela Sandy Hook de Newtown y asesinó a 27 personas. Lo que diferenció a esta matanza de otras que ocurren en EE UU es que 20 de las víctimas eran niños. Desde entonces, Barack Obama ha iniciado una campaña para que el Senado y la Cámara de Representantes aprueben una legislación con la que ejercer mayor control sobre el acceso a las armas. Pero no lo tendrá fácil. Laura Cutilletta, portavoz del Centro de Derecho para Prevenir la Violencia con Armas de San Francisco, cree que la presión que los lobbies armamentísticos ejercen sobre senadores y diputados “obstaculizan los posibles logros que pudiera tener la Administración de Obama”.
Pero la dificultad para controlar las armas tiene raíces más profundas. “La cultura de las armas en EE UU está muy conectada con los mitos fundacionales del país, con la historia de aquellos primeros colonos que huyeron de la persecución en Europa y conquistaron su propio territorio”, afirma Carme Colomina, investigadora del Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB). Además, hay otro rasgo propio de la sociedad norteamericana: “La desconfianza en el Estado que debe proteger al ciudadano”, asegura Colomina. EE UU ocupa el primer puesto en el ránking mundial de armas por país y solo en 2011 murieron más de 32.000 personas a punta de pistola.
Legislar antes de que llegue el tráfico en 3D
Todos los inventos que revolucionan nuestras vidas tienen cara y cruz. Es lo que ocurre con las impresoras 3D. La cara es que, según los expertos, tarde o temprano se podrá fabricar cualquier producto con una 3D, bastará con tener un plano del objeto. La cruz es más sombría: el objeto podrá ser una pistola, o al menos, una parte de ella.
Bruselas, decidida a entrar en el territorio de los desafíos tecnológicos, quiere incluir las impresoras 3D en la nueva legislación sobre armas. Marcus Wilson, de la Organización para la Reducción de la Violencia Armada (ARV) cree que todavía no es una realidad, pero “la ciencia avanza muy rápido y los Gobiernos deben tener presente una posible regulación cuando llegue el caso”.
Hasta el momento, la producción de armas con este procedimiento es residual y de calidad deficiente. Nada que ver con la efectividad de las armas manufacturadas. “El plástico que emplean estas máquinas es por lo general de muy mala calidad y las armas que se han fabricado con ellas han podido disparar pocas veces antes de romperse”, aclara Jacob Parakilas, miembro de Acción sobre la Violencia Armada (AOAV).
An Vranckx, portavoz de la ONG Saferworld, no ve el nexo entre impresoras 3D y el posible tráfico ilegal de armas. Lo que podría pasar es que se utilizaran para imprimir repuestos, pero, al ser aún de dudosa calidad, coincide con Parakilas en que “en el mejor de los casos servirían para disparar solo una bala” y después el arma se partiría. Esta activista participará en la comisión de expertos que la Comisión ha convocado para proponer una nueva directiva sobre control de armas. Dada la sofisticación del invento, cree que los revólveres no se imprimirían “seguramente en Sudán del Sur”, sino en la UE, “donde existen leyes para regular la propiedad”. En el caso de que pudiera llegar a fabricarse un arma montada con una impresora 3D, Vranckx confía en que no sería una solución viable, porque seguiría siendo más “barato y eficiente” comprar una pistola convencional.
En mayo de este año, una asociación estadounidense a favor de la abolición de cualquier control sobre las armas, Defense Distributed, dijo haber fabricado una pistola con una impresora 3D, según la BBC. Solo el percutor era de metal. El precio de estas impresoras ronda los seis mil euros, mientras un revólver convencional en España se puede adquirir —con licencia, eso sí— por entre 200 y 400 euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.