Crece el consenso para que los nuevos objetivos de desarrollo se exijan también a las economías más prósperas
La lucha contra la desigualdad, la coherencia entre políticas y erradicar la corrupción se abren paso en la lista de retos futuros
En algo están de acuerdo Barack Obama y el papa Francisco. La desigualdad es “el mayor desafío de nuestro tiempo”. Lo dijo el presidente de EE UU citando al líder religioso. No se refería a la disparidad en las condiciones de vida entre los países del norte y el sur del mundo; hablaba de la creciente brecha económica y social entre los propios estadounidenses. Una realidad que no es ajena a los ciudadanos europeos, donde se ha disparado la pobreza sobre todo allí donde la política de austeridad se ha aplicado con rigor, como España, Grecia o Reino Unido.
Mientras que el mundo aunaba esfuerzos para reducir a la mitad la proporción de personas en situación de pobreza absoluta –aquellos que viven con menos de 1,25 dólares al día– en su mayoría en los países menos desarrollados del planeta, el virus de la necesidad se extendía con otras características y peculiaridades allí donde se creía superado. Y no es el único. A falta de dos años para que expire el plazo establecido para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en el 2000, ninguno se ha cumplido plenamente, aunque se han conseguido algunos logros importantes. El reto ahora es renovar y reformular aquellos objetivos, estableciendo otras metas para un mundo muy distinto, con la lección aprendida de que la lucha contra el hambre, la preservación del medio ambiente, la educación o la sanidad universales no son solo batallas de los países pobres en las que los donantes son meros proveedores de recursos.
No importa de dónde lleguen las voces al otro lado del teléfono, una ONG de África, un experto en Latinoamérica o una organización multilateral en Nueva York; el mensaje es unánime: la agenda de desarrollo tras 2015 tiene que ser universal. “Que no deje a nadie atrás y que sus objetivos se apliquen a todos los países y no solo a los que están en vías de desarrollo”, señala Amina J.
Mohammed, asesora del secretario general de la ONU sobre planificación del desarrollo. Los ODM pusieron en la agenda política internacional problemas que hasta entonces eran la lista de deseos que hacíamos en Navidad. “Pero los países desarrollados no consideraban la agenda como propia. Tampoco los que estaban emergiendo”, reconoce José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y coordinador del documento en el que el Gobierno español expresa su posición para la nueva agenda.
La cuestión no es menor. Elaborar una agenda global y particular para cada región del mundo requiere, según algunos expertos, reformular el concepto vertebrador de los ODM, el de pobreza, para que contemple también la que se sufre en las economías avanzadas y de renta media.
Asimismo, hay quienes ven la oportunidad para introducir nuevas metas como la lucha contra la desigualdad o la llamada "coherencia de políticas", que consiste básicamente en que la política comercial no anule los efectos de la ayuda al desarrollo o las políticas de crecimiento no ignoren los efectos sobre el medio ambiente. Unos nuevos objetivos que incidirían de manera muy especial en los países avanzados. Unas propuestas que también tienen sus detractores.
Los países de Naciones Unidas tienen que evaluar además cómo incorporar los compromisos esbozados en la cumbre Río+20 sobre desarrollo sostenible económico, social y medioambiental. Todo ello, aderezado con la petición de algunos grupos de la sociedad civil de que la nueva agenda sea de obligado cumplimiento, lo que significaría establecer sanciones si no se logran los objetivos fijados, o simplemente voluntaria. Sobre todos estos puntos hay miles de voces –gobiernos, empresas privadas, ONG, ciudadanos– que debaten en una conversación global impulsada por la ONU de la que, en dos años, tiene que salir la hoja de ruta para definir qué mundo queremos, una lista (concisa) de objetivos para todos, los mecanismos para medirlos y controlar su cumplimiento, así como los medios y los plazos para conseguirlos. “Más de lo mismo no va a ser suficiente”, advierte Mohammed.
“Considerar que la pobreza es vivir con menos de 1,25 dólares al día es absurdo, porque ubica el problema solo en países en desarrollo, pero no en Europa, Rusia o Estados Unidos, donde también existe. No puede ser que la ONU ignore esta realidad. Hay que hacer una definición relativa de la pobreza”, advierte Roberto Bissio, director del Instituto Tercer Mundo, organización con sede en Uruguay. El concepto, coinciden los especialistas en la materia, se ha quedado obsoleto. La propuesta mayoritaria es establecer metas nacionales de reducción de la pobreza en relación al contexto económico del país en particular. Sin dejar de intentar que los mil millones de personas en el mundo que viven todavía en pobreza extrema, que no tienen ni un dólar diario para cubrir sus necesidades básicas, puedan salir de esa situación.
El informe redactado por el equipo de 27 expertos mundiales convocados por el secretario general de la ONU para elaborar una propuesta preliminar de objetivos recoge este mismo análisis. El grupo, entre los que están el primer ministro británico, David Cameron, la presidenta de la agencia cubana para el medio ambiente, Gisela Alonso, o Rania de Jordania, pone como primer objetivo de los 12 que propone “erradicar la pobreza”. Pero no solo llevando “a cero el número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día”, sino que también define como meta “reducir en un x% la proporción de personas que viven por debajo del umbral nacional de pobreza de 2015 correspondiente a su país”.
Así redactado, los gobiernos de las economías avanzadas tendrían que articular medidas para la reducción de la pobreza interna y dar explicaciones en caso de no conseguirlo. Por ejemplo, el Gobierno español tendría que dar cuenta ante la comunidad internacional de por qué un 6,4% de la población vivía en situación de pobreza grave en 2013, una tasa que casi duplicaba la de 2007, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Respecto a la reducción de la desigualdad, el gran reto de nuestro tiempo que preocupa a Obama, el debate se presenta arduo. José Antonio Alonso apunta que mientras que hay un cierto acuerdo sobre combatir las desigualdades horizontales (entre colectivos), no existe igual coincidencia en incluir como objetivo expreso la lucha contra la desigualdad vertical (entre personas). “Hay sectores conservadores que consideran que la desigualdad es fruto del esfuerzo de cada uno”, señala.
La propuesta que goza de mayor consenso pasa por introducir metas específicas para mejorar la situación socio económica de los sectores más pobres de las sociedades. “No que los ricos lo sean menos, sino igualar por lo bajo, levantar el piso. Por ejemplo, mejorando la calidad de vida del 40% de los grupos más bajos de la población”, detalla Madgy Martínez-Solimán, director de políticas de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Universalizar y actualizar la agenda a la nueva realidad del siglo XXI no solo toca el corazón de los ODM en cuanto a la lucha contra la pobreza. El resto de objetivos también tendrán que sufrir una transformación. Basta un ejemplo. En el 2000, las Naciones Unidas acordaron lograr la enseñanza primaria universal. Todo apunta a que a partir de 2015 se trabajará por “proporcionar educación de calidad y aprendizaje permanente”. Ese es el Objetivo 3 “ilustrativo” que propone el grupo de alto nivel sobre la agenda de desarrollo post 2015. En este sentido, Roberto Bissio, director del Instituto Tercer Mundo, subraya que los criterios de alfabetización no son insuficientes para medir el avance educativo. En su opinión, si solo se tienen en cuenta estas estadísticas, medio mundo no tendría deberes. “Lo que cuenta son los números de PISA sobre empeño educativo. El objetivo tiene que ser una educación decente con un nivel adecuado”, abunda.
Si hay un objetivo que va a sufrir una transformación profunda, ese es el de sostenibilidad. “Este es el punto en el que más ha cambiado el mundo desde el año 2000”, apunta Alonso. “Ahora somos mucho más conscientes de deterioro medioambiental. Pero no sabemos cómo tratarlo. Creo que se acordará algo, pero todavía no está claro el qué”, añade. Frente a la solución actual de un objetivo dedicado a este capítulo –”garantizar un medio ambiente sostenible”– el panel de los 27 amplía y desglosa el concepto. “El desarrollo sostenible es el que resuelve las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”, resume Mohammed. Así, no se trataría solo de “gestionar los recursos naturales de manera sostenible”, según versa uno de los objetivos del grupo de alto nivel de la ONU post 2015, sino también de que cualquier logro sea sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico, social y medioambiental. El documento preliminar de los expertos llamados por el secretario general Ban Ki-Moon incluye “garantizar energías sostenibles”, “crear empleos y medios de subsistencia sostenibles” e incuso “garantizar sociedades estables y pacíficas”.
“Estas son metas para los ricos, que consumen el 80% de los recursos. Tienen que cambiar sus patrones de consumo para tener un desarrollo sostenible”, advierte Bissio. “Hay países que han tenido un mal desarrollo, por ejemplo Alemania, que consume más carbón y tiene más pobreza”, asegura. Alonso cree que habrá que llegar a “un punto intermedio porque ni los países desarrollados ni los que están en desarrollo, están donde deberían”.
El mundo es, sin duda, muy distinto al que intentaban mejorar los padres de los ODM. “Han surgido nuevos retos y algunos de los ya existentes se han exacerbado desde el año 2000”, recuerda Amina J. Mohammed. No solo las desigualdades se han profundizado. “La degradación ambiental se ha incrementado. La gente en todo el mundo demanda gobiernos más responsables y más derechos a todos los niveles. Los desafíos de la migración han crecido y la gente joven en muchos países enfrenta un panorama desolador en materia de empleo decente y oportunidades”, enumera la asesora del secretario general de ONU sobre planificación del desarrollo.
Solucionar todos estos problemas necesita algo más que nuevos objetivos. Exige compromiso para que lo acordado no se convierta en una declaración de intenciones. En opinión de Bissio, "algunos de los objetivos de la agenda deberían ser vinculantes. Pero hay una enorme resistencia de los países que tendrían que ceder. Ellos [los ricos] dicen que tienen que ser aspiraciones”. Pablo Martínez Osés, coordinador de la plataforma española 2015ymás coincide en su análisis. “La agenda 2015 tiene que penalizar si se incumple alguna parte del acuerdo”, asegura. “A los países ricos, a los donantes”, matiza. En su opinión quienes no quieren un verdadero compromiso con este acuerdo internacional son los que apelan a que las sanciones serían una injerencia en la soberanía nacional. “No comprendo a los que se comprometen a algo y luego se resisten a que haya mecanismos de control y penalización por incumplimiento”, señala.
José Antonio Alonso se muestra convencido de que “nadie va a aceptar una agenda obligatoria”. Ni siquiera cree que en el seno de las Naciones Unidas sea una cuestión en discusión porque el organismo, por su naturaleza, no puede imponer sanciones. “Lo que sí está en debate es que se construya de manera participada y que se establezcan mecanismos más claros de rendición de cuentas antes las sociedades”, explica.
Martínez Osés, sin embargo, tiene algunas ideas en mente para poder establecer sanciones. “Por ejemplo, no poder participar en los turnos rotatorios del Consejo de Seguridad si no se cumplen sus objetivos”. Y va más allá. “También tendría que haber sanciones para las empresas que no cumplan con esos nuevos objetivos del milenio”. Pero el sector privado, que participa en las conversaciones para definir esa agenda post 2015, va a suponer una gran resistencia en este punto, apunta.
También brotan discrepancias sobre la petición, que se abre paso sobre todo desde los países menos desarrollados, de coherencia de políticas. Esto es, que las reglas (nacionales e internacionales) no sean contrarias a la consecución de los objetivos que se fijen. Aunque en la superficie hay consenso en que debe existir esa coherencia, en el fondo y más aún en la práctica, el acuerdo se vislumbra complicado.
Bissio se muestra tajante: “La agenda post 2015 tiene que incluir un cambio de las reglas de juego, de las políticas internacionales para que los países puedan cumplir con los objetivos”. Y pone un ejemplo. “India dice que se quiere reducir la pobreza a cero. Más de la mitad del problema está allí y la mayoría son mujeres o población rural. Por eso, lanza dos programas para hacer stocks de alimentos y repartir otros entre los necesitados. Unas iniciativas que la Organización Mundial del Comercio, la UE y EE UU han dicho que no se pueden hacer. Esto es un contrasentido, le dicen que es ilegal ayudar a los pobres porque contraviene los tratados del comercio internacional”.
El experto tiene en su memoria y expresa con indignación más ejemplos: “En Sudáfrica, donde hay una importante desigualdad social, el Gobierno hace un plan para promover una clase empresarial africana con ayudas o subsidios para personas de origen africano que monten un negocio. Entonces, las empresas transnacionales dicen que es una violación de los tratados de comercio, que es una medida discriminatoria”.
La agenda 2015 debe penalizar a los países ricos que la incumplan”, dice un experto
En este sentido, Martínez Osés sugiere tres políticas cuyo cambio, en busca de mayor coherencia, debería entrar en la nueva agenda. Las de comercio, para que estén “más dirigidas a reducir la pobreza y no a la acumulación de riqueza”. “Además, que preserve el trabajo decente y ponga unos mínimos de derechos laborales”, añade. En cuanto a las políticas macroeconómicas –”hay más resistencia a cambiar a las reglas”, advierte– Martínez Osés sostiene que los países ricos deberían comprometerse a destinar una parte de su presupuesto al desarrollo, interno y externo. “Este es uno de los puntos que se considera que interfiere con la soberanía nacional porque condiciona los presupuestos nacionales”, anota. Un tercer punto incide en la lucha contra la evasión fiscal. “De esto no había nada en los ODM, pero hay mucho dinero que se mueve sin que pase por ninguna hacienda pública”, alerta.
Los expertos y los Gobiernos no son los únicos que tienen voz en esta especie de debate global sobre los objetivos que sustituirán a los actuales tras 2015. Los ciudadanos también han sido consultados en la encuesta MyWorld (Mi mundo) sobre sus preferencias y peticiones, a la que ya han contestado más de dos millones de personas, según datos de la ONU. “La opinión de la gente es distinta de lo que se debate entre gobiernos y expertos”, apunta Martínez-Solimán. “Encontramos que la protección del medio ambiente o la subagenda de gobernabilidad está muy arriba entre los requerimientos de los encuestados”, puntualiza. “Piden gobiernos que respondan, que sean honestos; instituciones y políticos honrados”. ¿Habrá una respuesta firme a estas peticiones ciudadanas? Martínez-Solimán cree que sí. “No se puede sacar una agenda en 2015 que deje fuera aspectos tan importantes para la gente. El buen gobierno se ha colado en el debate global”, considera.
El documento del panel de alto nivel recoge un objetivo en este sentido, que contiene cinco metas genéricas entre las que se encuentran garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y acceso a datos gubernamentales, así como reducir el soborno y la corrupción. La vaguedad de la formulación podría dificultar, no obstante, la medición y control de estos retos.
Pero todavía quedan dos años de conversaciones entre gobiernos, ciudadanos, empresas, organizaciones... Los debates de hoy todavía tienen mucho recorrido hasta que acaben en una lista final de objetivos. Y esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con los Objetivos del Milenio, que nacieron en el seno de la burocracia de Naciones Unidas, muchas voces tienen que ponerse de acuerdo. “Veremos que potencias emergentes como Brasil, India o China tendrán un papel decisivo en lo que se acuerde. Ya no quieren ser dirigidas por los países ricos”, señala Danny Srikandarajah, secretario general de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Civicus, una red de organizaciones a nivel local, nacional e internacional, con sede en Sudáfrica.
Lysa John, responsable de divulgación de la secretaría del panel de expertos de la ONU para la Agenda post 2015, cree que “la aparición de países de renta media como una fuerza en las negociaciones globales hará que el acuerdo entre posiciones y puntos de vista diferentes sea más complejo que el esquema tradicional de donantes y receptores de ayuda, sobre el que se estructuraron los ODM”. “Globalmente, podemos estar de acuerdo en una visión común del mundo que queremos, pero se necesita un liderazgo nacional (y regional) de los gobiernos”, añade. En definitiva, ese futuro ideal compartido no será posible sin una apuesta política y social decidida por conseguirlo. Y no sin sacrificios de todos para el beneficio de todos. La pregunta que se hacen muchos de los que participan en este debate es: ¿Estamos dispuestos y preparados?
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