Wang Qishan, durante una reunión en Brasil en 2012 Reuters
Cuando Wang Qishan, el principal sabueso anti-corrupción de China, envió una decena de investigadores a esta ciudad del sur del país a mediados del año pasado, su mensaje fue claro: los investigadores debían inspirar "conmoción y asombro" entre los funcionarios locales, según un relato publicado en un sitio web del gobierno.
Los inspectores de Wang les dijeron a los medios locales que se habían instalado en un hotel propiedad del gobierno. En cuestión de días, cientos de residentes se acercaron a aportar evidencia sobre lo que consideraban irregularidades de funcionarios locales corruptos. Las quejas también llegaron en grandes cantidades por Internet, según funcionarios al tanto.
Yang Peng, un dueño de restaurante, afirma que les dijo a los investigadores que fue encarcelado y torturado debido a su asociación con un enemigo de un importante mandarín local que había sido acusado de manipular la venta de una siderúrgica a cambio de sobornos. Un año más tarde, el funcionario que identificó fue despedido y el equipo de Wang inició una investigación por corrupción.
El Partido Comunista de China está llevando a cabo su mayor ataque a la corrupción desde que el país abrió su economía al mundo en 1978, un paso que sacó de la pobreza a millones de chinos pero que también les permitió a los miembros de partido amasar fortunas a través de conexiones políticas. La arremetida, lanzada a fines de 2012, es supervisada por Wang, de 66 años y uno de los siete miembros del Comité del Politburó. Wang es amigo del jefe del partido Xi Jinping desde que ambos fueron desterrados a la región campestre de Yan'an durante la Revolución Cultural.
La elección de Wang, conocido como uno de los altos líderes más capacitados y eficientes de China, es una señal de la seriedad con la que Xi se toma la arremetida. Una mirada a la forma en que Wang está ejecutando su mandato muestra lo amplia que se ha vuelto la embestida, a pesar de que dentro del partido se extienden los temores de que los esfuerzos anti-corrupción puedan ser exagerados, y puedan dañar la economía del país.
Wang ya atrapó varias presas de peso. Puso en la mira de una investigación a Zhou Yongkang, ex líder de seguridad y miembro del Comité del Politburó; Xu Caihou, uno de los más altos generales del ejército, y Jiang Jiemin, un alto ejecutivo de la industria estatal petrolera china. Los tres fueron detenidos pero no acusados. No estuvieron disponibles para realizar comentarios.
Desde que comenzó la campaña contra la corrupción, más de tres decenas de funcionarios con el rango de viceministro o más alto fueron detenidos acusados de corrupción. Sólo en 2013, alrededor de 182.000 miembros del partido fueron investigados, según el profesor de derecho Jian Ming'an, de la Universidad Peking, frente a unas 10.000 a 20.000 investigaciones por corrupción en 2012. Hasta ahora, estas iniciativas parecen gozar de popularidad en China. Un 53% de los chicos considera que la corrupción es un "problema muy grande", según una encuesta de 2013 del Centro Pew, de Washington, un aumento frente al 39% de 2008.
"Los líderes se han dado cuenta de que si no detienen el avance de la corrupción, el régimen colapsará", afirma Huang Jing, un especialista en China de la Universidad Nacional de Singapur.
Pero la embestida también recibe críticas. Observadores señalan que la iniciativa está ayudando a Xi a marginar o limitar la autoridad de figuras poderosas que podrían perfilarse como rivales, a la vez que pule su reputación ante el público en general. Además, algunos grupos de derechos humanos plantearon preocupaciones de que esas investigaciones se realicen sin permitirles a los acusados comunicarse con abogados o familiares. Las tácticas usadas para conseguir confesiones también han recibido críticas: en el ejemplo más extremo, seis investigadores chinos —incluidos cinco de la agencia de Wang— fueron condenados por causar lesiones intencionales cuando ahogaron a un funcionario local durante un interrogatorio.
Ante las críticas, funcionarios chinos sostienen que Wang alienta a su equipo a apelar menos a confesiones y más a análisis de datos.
Sin dudas, no todas las miles de personas que son investigadas enfrentan cargos serios. Según el profesor Jiang, unas 25.000 personas fueron castigadas por "estilos de vida extravagantes", como usar fondos públicos para comprar autos de lujo o pagar funerales extravagantes. Según el académico, no se consideran ofensas criminales. Los que enfrentan cargos criminales podrían ser enviados a la cárcel, y en los casos más serios, de por vida.
No fue posible ubicar a Wang para pedirle comentarios. Funcionarios de prensa de la comisión central de disciplina del Partido Comunista, que encabeza, y el Consejo Estatal, mayor órgano de decisiones del gobierno, prefirieron no hacer comentarios.
La magnitud de la influencia de Wang genera el riesgo de desatar una reacción violenta entre funcionarios de partido preocupados por las consecuencias sobre la economía china y la reputación del partido. El ex líder del partido Jian Zemin y otros prominentes ex funcionarios le advirtieron a Xi que Wang ha ido demasiado lejos, según un funcionario del partido con lazos con la plana mayor. Xi defendió a su aliado, según la fuente.
Lu Ting, economista de Bank of America Corp. BAC -0.86% especializado en China, estima que la embestida reduciría el PIB del país entre 0,6 y 1,5 puntos porcentuales este año, conforme se derrumban las ventas de bienes de lujo, apartamentos de alta gama y otros podrían atraer la atención de los investigadores de Wang. La inversión gubernamental también se desaceleró porque funcionarios locales temen que sacar a licitación proyectos podría exponerlos a acusaciones de sobornos.
A largo plazo, sostienen economistas, atacar la corrupción produce mejoras económicas porque los fondos del gobierno se gastan de forma más productiva. Encarcelar a poderosos ejecutivos en firmas estatales también puede hacer que los ejecutivos lo piensen dos veces antes de tartar de bloquear los planes de Xi de introducir más competencia a los sectores dominados por el estado, pero eso podría tomar años.
Personas que conocen la forma de pensar de Wang sostienen que su meta es fundamentalmente cambiar el ethos del Partido Comunista y asegurarse de que los miembros del partido "no quieran ser corruptos, no sean corruptos y no se atrevan a cometer actos de corrupción", les dijo Wang a sus subordinados, según personas al tanto.
Otras iniciativas anticorrupción en China perdieron fuerza luego de atrapar uno o dos funcionarios. Pero Wang buscó institucionalizar esta embestida, al requerir que los investigadores locales reporten lo que descubren a su oficina en Beijing y ante las autoridades locales, para que las investigaciones no sean silenciadas a nivel local, según funcionarios chinos. También utiliza el resentimiento público, y habilitó una línea directa en la web para recibir quejas.
Wang organizó una decena de grupos de investigación y los envió a distintos puntos del país. Sus equipos también extienden sus esfuerzos para analizar archivos financieros en el país y el extranjero, en busca de activos escondidos y otra evidencia de ilícitos.
Wang es llamado "el bombero" por los medios chinos, debido a su larga carrera resolviendo emergencias. Sus seguidores señalan que al estar casado pero sin hijos, el funcionario, según la lógica local, tiene menos incentivos para enriquecer a su familia.
Lidiar con él puede ser irritante, según funcionarios occidentales, debido a su franqueza. En una reunión con líderes empresariales europeos durante la crisis financiera, les dijo que sus quejas no le importaban mucho porque sabía que invertirían en China de todos modos, según un participante de la reunión.
Wang ha dejado en claro en comentarios públicos ante funcionarios de partido que cree que la embestida es una iniciativa temporaria hasta que China encuentre una forma de mejorar sus sistemas de investigaciones y legal. Por ahora, sin embargo, el sabueso y sus investigadores continúan centrándose en casos individuales de sobornos.
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