Empresas como Airbnb o HomeAway tendrán que proporcionar a Hacienda los datos de los propietarios de los pisos, los clientes que se los alquilan y los detalles de cada operación.
El Consejo de Ministros aprobó ayer una normativa que obligará a las plataformas de alquiler de viviendas turísticas, como Airbnb o HomeAway, a proporcionar información periódica sobre los propietarios de los pisos, los clientes y las operaciones que se realicen. Según explicaba el Ministerio de Hacienda en un comunicado, uno de los principales objetivos de esta norma es la lucha contra el fraude fiscal y la agilización de las relaciones jurídico-tributarias.
La aplicación de esta norma no será inmediata, sino que habrá que esperar a antes del verano, pues será desarrollada por una orden ministerial que en principio entrará en vigor el próximo mes de julio. Por tanto, todavía no se conocen los detalles concretos que tendrá la medida, aunque la líneas principales fueron avanzadas ayer por el departamento dirigido por Cristóbal Montoro.
Para Exceltur supone un "paso importante" para garantizar la contribución fiscal de estas compañías.
Así, el Ministerio de Hacienda especificaba que la normativa se dirige a todas las personas y entidades que realicen de intermediarios entre propietarios y clientes de las viviendas. Sin embargo, sí realiza una mención específica sobre las "plataformas colaborativas" de alquiler de viviendas turísticas, en lo que supone una clara referencia a empresas como Airbnb, HomeAway, Wimbu o Miuba.
La información que tendrán que aportar estas compañías será la identidad de los propietarios de los pisos que se alquilen en sus respectivas plataformas, las personas que los contraten y si hay alguna otra persona u organización que participe en la operación. Asimismo, también será necesario identificar el inmueble que se va a arrendar, lo que se hará mediante la presentación de su referencia catastral.
Además de esta información general de registro, habrá que notificar los detalles concretos de cada una de las operaciones que se realicen: el número de días durante los que el cliente alquila la vivienda y el precio que a cambio paga al propietario.
La medida se enmarca dentro del control más estricto que Hacienda quiere ejercer sobre compañías como Airbnb o HomeAway, cuya popularización ha planteado nuevos desafíos para evitar el fraude fiscal. Hasta ahora, algunas de las principales actuaciones se habían dirigido hacia los propios usuarios, como el aviso lanzado el año pasado por la Agencia Tributaria a más de 21.500 personas que habían alquilado su vivienda a través de estas plataformas, advirtiéndoles de que debían incluir en su declaración de la renta el dinero que habían recibido.
En este caso, la medida establece nuevas obligaciones para las compañías, que ya se han manifestado repetidamente en contra. Por ejemplo, tras la publicación del borrador del decreto el pasado julio, Airbnb esgrimía la normativa europea de protección de datos para justificar su negativa a suministrar información sobre sus usuarios, salvo que se produzca un proceso judicial.
Quienes sí aplauden la medida son los hoteleros de España, que han protestado varias veces por la competencia, a su juicio desleal, que realizan estas plataformas por no estar sometidas a las mismas obligaciones en pago de impuestos y características de los inmuebles. En un comunicado difundido ayer, Exceltur, asociación que agrupa a las principales empresas del sector turístico, acogía con "satisfacción" una norma que supone "un paso muy importante" para garantizar la contribución de estas compañías a la Hacienda española.
Según la agrupación, la medida contribuirá a "evitar el conjunto de externalidades negativas que la conversión descontrolada de viviendas turísticas está generando sobre un número creciente de españoles". Por ello, invita al resto de administraciones públicas de España a modificar sus reglamentos turísticos y de urbanismo para adaptarlos y actualizarlos ante esta nueva realidad.
POR I. BOLEA.MADRID.
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