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Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)
La mayor organización de consumidores de España se ha transformado en una multinacional con una doble línea corporativa: recomendar productos y demandar a empresas. Y con las dos gana dinero
"Estas son las mejores marcas de leche en España". “Descubre cuáles son los protectores solares que debes evitar este verano”. “La mitad de los aceites defraudan”. “La mejor crema hidratante cuesta solo tres euros”.
La mayor organización de consumidores de España, la OCU, gana espacio en los diarios y televisiones del país con dos modalidades igualmente efectivas: noticias que rozan o la publicidad o la alarma social.
Los medios de comunicación difunden de forma entusiasta la información de consumo que genera alta audiencia. “Los mejores y peores coches”. “Los mejores y peores teléfonos”. “Los grandes fraudes”. “La compra maestra”.
La OCU se presenta como una entidad sin ánimo de lucro cuya única finalidad es defender al consumidor. También edita unas revistas donde valora productos y servicios. Recomienda unas marcas y desaconseja otras. Pero detrás de la organización en cada país se encuentra al menos una empresa que pertenece a un complejo entramado financiero dirigido desde Bélgica y Luxemburgo.
Su compañía paraguas, Euroconsumers, agrupa a cuatro organizaciones de consumidores en Europa (OCU en España, Deco Proteste en Portugal, Altroconsumo en Italia y Test Achats en Bélgica) y con cada campaña mediática busca ganar dinero.
En España, mientras la OCU sin ánimo de lucro coordina apariciones en los grandes medios para hablar “del fraude del aceite virgen extra” o de “los mejores vinos”, la OCU bajo la modalidad de empresa, OCU Ediciones SL, aumenta su facturación.
En los últimos cinco años, la OCU ha llegado a un total de 46 acuerdos comerciales con empresas, de los cuales 11 han sido con despachos de abogados para demandar a empresas como Ryanair, Facebook, Iberpistas, Banco Popular, Apple, TikTok y también para presentar causas colectivas como las tarjetas revolving y los intereses negativos no aplicados en las hipotecas, según consta en los contratos firmados entre la OCU y empresas privadas, depositados en el Ministerio de Consumo y a los que hemos tenido acceso a través de Transparencia.
Las macrocausas contra las empresas han sido repartidas entre seis despachos de abogados: Aequitas, Ribón, Auren, Dable, Legal & Media y Eugenio Moure, a los cuales la OCU cobra comisiones de entre el 10% y el 30% del dinero generado por los despachos en estas causas.
Este delicado equilibrio entre las demandas a empresas y la recomendación de productosse repite en todos los países donde tiene presencia. Y el grupo factura ya más de 200 millones de euros al año.
¿Y qué hace el grupo con ese dinero? El entramado de la OCU contaba con una empresa en Hong Kong, Worldcado Limited, cuyo máximo responsable, Ahmed Nejai, apareció en los papeles de Panamá. El grupo reconoció que enviaba 15 millones de euros al año a su empresa en Hong Kong para la compra de regalos baratos con las que capta a nuevos socios.
Nejai contaba con decenas de empresas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, pero, tras destaparse su conexión en los medios de comunicación, el entramado optó por cerrar la empresa.
Demanda primero, pacto después
En los últimos años, la OCU ha llevado a juicio (o ha amenazado con hacerlo) a grandes multinacionales con las que posteriormente ha pactado acuerdos económicos.
El caso más emblemático fue el de Facebook. En 2018, inició una agresiva campaña para agrupar a decenas de miles de usuarios en toda Europa afectados por la cesión de sus datos personales a terceras empresas. Prometió 200 euros para cada afectado en caso de ganar el juicio. Pero finalmente firmó un acuerdo secreto con la multinacional para no presentar la demanda.
Prometió 200 € para cada afectado en caso de ganar el juicio. Pero firmó un acuerdo secreto con la multinacional para no poner la demanda
En España, firmó un contrato con el despacho Auren Abogados para gestionar la demanda colectiva. En el contrato, se establecía que cualquier posible negociación con la multinacional debía contar con una compensación a los usuarios.
Pero, de repente, la promesa de pagar 200 euros a cada usuario desapareció por completo. No hubo retribución económica a las decenas de miles de demandantes en toda Europa. La organización de consumidores explicó que Facebook haría campañas informativas para difundir los peligros de las estafas por internet. Y, al final, en vez de dinero, los demandantes fueron compensados con revistas de la OCU.
Algo parecido ocurrió con la tecnológica Hewlett-Packard (HP). La organización que dice defender los intereses de los consumidores en Europa siguió una estrategia similar. Amenazó con una demanda colectiva a HP por no informar que algunas de sus impresoras no aceptaban cartuchos de otras marcas. Finalmente, no fue a los tribunales.
Tras el señalamiento, el grupo también firmó un acuerdo y recibió 1,4 millones de euros de la multinacional para evitar el pleito judicial. En este conflicto, el pago sí incluye una cantidad de compensación a los usuarios que reclamen a la OCU, pero, en caso de que no haya suficientes reclamaciones, la organización y su entramado podrá quedarse con todo el dinero. Y, hasta ahora, la OCU no ha desplegado ninguna campaña llamativa para informar a los consumidores de esta posibilidad.
La estrategia de cobrar para poner fin a las demandas tiene precedentes. En 2005, se demandó a Caser, junto a otras aseguradoras, y la acusó de ser una empresa que aplicaba cláusulas abusivas en sus contratos. Caser fue condenada, pero, 13 años después, su relación dio un vuelco. Ahora la OCU hace publicidad de sus seguros y elogia sus ventajas, con un cobro de comisión de 80 euros por cada asegurado que capte para la aseguradora.
De ser considerada una empresa que cometía abusos masivos Caser ha pasado a ser un aliado preferente cuyos seguros se anuncian hoy en las revistas que publica la OCU.
Alarma en Europa
Tras el pacto con Facebook y un reciente acuerdo económico con Google, una pregunta resuena entre otras asociaciones de consumidores en toda Europa. ¿Cómo una entidad dedicada a perseguir los abusos contra el consumidor ahora cobra de las empresas que, en teoría, debe vigilar?
Las organizaciones de consumidores en Europa están agrupadas en BEUC, una entidad con sede en Bruselas. Algunas entidades creen que los negocios de la OCU y su grupo pueden manchar la reputación de todas y han abierto un duro frente en el seno de la organización.
¿Cómo una entidad dedicada a perseguir los abusos contra el consumidor ahora cobra de las empresas que, en teoría, debe vigilar?
“De la misma manera que esperamos que una tabacalera no pueda pagar a una organización que lucha por mejorar la salud pública o una petrolera no pague a una ONG ambiental, tenemos que pedir que las organizaciones de consumidores en Europa se mantengan independientes. Nos preocupa que nos confundan porque, además, tienen un nombre que invita a la confusión por la generalización: Euroconsumers”, explica Finn Myrstad, portavoz de Forbruker Radet, la organización de consumidores de Noruega.
“La mayoría de las asociaciones de consumidores de Europa estamos en contra de estas prácticas. Creemos que una organización de consumo tiene un activo básico: la credibilidad. Y si firmas acuerdos económicos con empresas y recibes dinero de ellas, esa credibilidad se pierde”, dice Anette Høyrup, portavoz de Tænk, asociación de consumidores de Dinamarca.
En una reunión con todas las asociaciones europeas que forman parte de BEUC, celebrada en mayo del año pasado, varias entidades mostraron su preocupación por la deriva de la OCU y sus organizaciones afines. En la minuta de la reunión, quedó plasmado cómo algunas entidades sugirieron incluso expulsar a OCU y Euroconsumers de la organización que las agrupa, por considerar que su forma de hacer negocios mancha el buen nombre del resto.
De la defensa del consumidor al negocio agresivo
La pregunta salta de forma obligada: ¿cómo la entidad que nació para defender los derechos de los consumidores en 1975 se ha convertido en una multinacional agresiva que actúa como juez y parte?
En España, una organización de defensa del consumidor puede tener una empresa para financiar sus actividades. Pero estas entidades tenían prohibido recibir dinero de empresas. La Ley General para la Defensa de los Consumidores quería evitar que las asociaciones fuesen contaminadas por los pagos de las compañías a las que, en teoría, las organizaciones deben vigilar y, en ocasiones, enfrentarse. Pero una reforma legal en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitió el cambio en un artículo que facilitó la metamorfosis mercantil.
Para lograrlo, su vocación lobista fue clave. La OCU está integrada por gran cantidad de consejeros que han desempeñado importantes cargos políticos. Su actual presidente, Miguel Ángel Feito, fue secretario de Estado durante el Gobierno de Felipe González. Pero cuenta con otros consejeros procedentes de otros partidos y con importantes conexiones en Bruselas.
Tras la reforma legal en España, la OCU puede hacer cualquier tipo de negocios y firmar convenios con empresas siempre y cuando sean registrados en el Ministerio de Consumo. Pero el grupo también ha encontrado la forma de esquivar el trámite. Algunos de sus acuerdos no son firmados en España por OCU, sino en Luxemburgo por la casa matriz, Euroconsumers. De esta forma, queda eximida de explicar cuánto dinero recibe de las grandes multinacionales y por qué motivo.
El lobby para romper barreras legales en España y en Europa y permitir su expansión tiene una pieza clave en el líder del entramado: Ivo Mechels. El máximo directivo fue portavoz de los ministerios de Agricultura y Defensa en Bélgica y ahora destaca como gran lobista europeo.
Con el peso que le otorga gestionar cuatro asociaciones europeas y una en Brasil (Proteste), se ha lanzado a demandar y a colaborar con grandes multinacionales. Tras firmar acuerdos con Facebook y Google, el entramado ha enfilado su artillería contra Nintendo y Netflix.
Pese al avance del negocio, la OCU intenta desligarse de sus conexiones con su empresa matriz y asegura que sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro. Pero se niega a responder cualquier pregunta relacionada con su entramado empresarial.
A buscar socios
Casi 50 años después de su fundación, la OCU, está preocupada por la caída de la que ha sido tradicionalmente su principal fuente de ingresos: la cuota de los socios.
En solo un año, en 2020, la organización registró la pérdida de 22.000 suscriptores, según figura en sus cuentas. Y por ello ha exigido a su equipo de marketing reforzar la captación de nuevos socios, algo que intenta lograr con promociones y regalos: un reloj barato, una tablet china, un robot aspiradora de bajo coste.
La directriz se aplica en todos los países donde tienen asociaciones. En Portugal, un influencer, Carlos Correia, denunció que Deco Proteste, la organización hermana de la OCU en ese país, capta socios a través de llamadas no solicitadas, una práctica que ha sido denunciada por la propia organización en Portugal.
La caída de socios de la OCU se puede explicar en las valoraciones que esta organización tiene en Google o en Trustpilot, una web donde los usuarios reseñan productos o servicios. En Google, la OCU cuenta con una gran cantidad de valoraciones de una estrella sobre cinco, la peor posible. La mayoría se queja de que la organización no atiende las reclamaciones e intenta dar largas a los casos para seguir cobrando a los socios.
"Reclamar con ellos es igual a enviar un tuit a la empresa, sólo que más lento y caro. Tendría que haber una OCU para reclamos contra la OCU"
“Reclamar con ellos es igual a enviar un tuit a la empresa, sólo que más lento y más caro. Tendría que haber una OCU para iniciar reclamos contra la OCU”, escribió Alan Daitch. “Meses para reclamar dos reclamos a Vodafone y ni se enteraban lo que tenían que reclamar”, reseñó Carolina. “Lo mejor de la OCU es no tener que recurrir a sus servicios”, opina Dominique Brabant.
Pero, frente a las quejas y malas valoraciones, la organización recibe una oleada de reseñas cinco estrellas, que elevan su promedio. Se trata de ráfagas de comentarios que se publican en uno o dos días. Con excelente ortografía y redacción, elogian los servicios y hablan de casos resueltos rápidamente. “Lograron resolver con una eficacia increíble. Estoy completamente satisfecho con los servicios de la OCU”, escribió Ricardo de la Zerda. “Gestión rápida y eficaz al mismo tiempo que un acierto estar con la OCU”, reseñó Santiago Algarate. “Ser socio de la OCU es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo”, escribió Guillermo Serena.
La duda parece lógica: ¿se trata de reseñas compradas? La avalancha de buenas opiniones en Google no han llegado a otra web reconocida para este tipo de valoraciones: Trustpilot. Allí, las malas valoraciones de sus socios no tienen contrapeso. El 53% de los usuarios ha hado la peor valoración posible: una estrella. Y la mala opinión es aún más demoledora para el resto de sus asociaciones: el 75% en Portugal, el 82% en Italia y el 92% en Bélgica le otorgan la más baja puntuación.
Ante la pérdida de socios, OCU y su entramado de organizaciones europeas buscan nuevas vías de ingreso. En Italia, Altroconsumo comenzó a vender tres sellos de calidad a fabricantes y productores: “Mejor calidad, mejor calidad-precio y marca de confianza”, un aval que algunos fabricantes colocaban en sus envases. Pero la Oficina de Control de los Mercados exigió su modificación por engaño. Incitaba al consumidor a creer que eran las mejores marcas, elegidas tras análisis científicos o técnicos, cuando se trataba de reconocimientos comprados con hasta 24.000 euros.
La nueva línea de negocio también llega a España. Ahora, Euroconsumers promociona los mismos sellos que en Italia. En su web, ofrece a cualquier fabricante la posibilidad de venderse como una marca de calidad y confianza. Es la nueva forma de ingreso corporativo: la credibilidad de una organización de consumidores que se obtiene previo pago.
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