- Francia paga más por su deuda que Grecia, Italia, España o Portugal
- En los últimos seis años, el déficit público no ha bajado del 5% del PIB
- La deuda pública de Francia está a punto de tocar máximos desde 1932
Europa, pese a todo lo que se dice y escribe en los últimos tiempos (no sin razón), sigue siendo una de las regiones más prósperas del mundo. El fuerte desarrollo de esta región tras la Segunda Guerra Mundial permitió que las economías más potentes del continente se convirtieran a su vez en algunas de las más ricas del mundo. Esa fuerte expansión del PIB, el PIB per cápita y los salarios desde los años 50 permitieron que la presión fiscal comenzase a aumentar progresivamente (en los años 50 rondaba el 30% del PIB o menos hoy en Francia supera el 50%). Primero fue la prosperidad y la riqueza, después (o de forma concomitante) llegó la construcción del Estado de Bienestar más grande y protector del mundo. Ahora que el crecimiento de la economía es débil, la competitividad de las empresas europeas languidece y la brecha negativa de PIB per cápita con EEUU no para de crecer, pero Europa intenta mantener el Estado de Bienestar a través de la emisión de deuda (los impuesto ya no dan). Francia es el gran paradigma de esta compleja situación y varios economistas han alertado de la insostenibilidad de la misma, llegando a señalar que la caída del Estado de Bienestar en Europa es ya una realidad y Francia es la prueba.
El Estado del Bienestar europeo empieza a enfrentarse a su prueba más dura y Francia amenaza con convertirse en el primer gran país en descubrir dónde están sus límites. Su costosa construcción se financió durante años de bonanza y dividendo demográfico (la vasta generación del baby boom trabajaba y producía a la par que tenía pocos hijos). Ahora, las tendencias parecen hacer insostenible el bonito sueño europeo. La demografía juega en contra y la economía tampoco acompaña. Francia es la gran prueba.
Thomas Mayer, director fundador del Flossbach von Storch Research Institute y antiguo economista jefe de Deutsche Bank, sostiene que el modelo social que durante décadas ha protegido a los europeos se ha financiado crecientemente mediante deuda y ha terminado atrapado por su propia aritmética. "El Estado del Bienestar ha sido el principal motor del aumento de la deuda pública. Ahora se está desmoronando porque la deuda pública que ha creado ya no es sostenible", sentencia. Francia ocupa, a su juicio, la primera posición en este proceso, precisamente uno de los países donde más lejos ha llegado un sistema construido alrededor de la protección social y la redistribución.
A medida que las finanzas de Francia han empeorado rápidamente, el repiqueteo de una posible crisis de deuda se ha hecho ensordecedor. Las cifras, desde luego, no invitan al optimismo. Con unos 3,4 billones de euros de deuda pública, Francia ha visto como sus déficits públicos han engordado ostensiblemente en los últimos ejercicios hasta 'estabilizarse' en un 5% del PIB muy superior al 3% que dicta Bruselas como el 'aprobado mínimo'. Lógicamente, estos guarismos han contribuido a una senda de deuda pública nada halagüeña. Recientemente, el ministerio de Finanzas admitió que la deuda llegará al 119,3% del PIB en 2026 y al 121,7% en 2027, más del doble del límite de referencia del 60% del PIB. Con todo, la deuda pública del país alcanzar niveles que no se veían desde 1932, según la base de datos del FMI.
El reverso de todo esto se aprecia en los mercados, donde los costes de financiación del Estado galo aumentan sin parangón, con sus notas soberanas de referencia (OAT por sus siglas en francés) teniendo que ofrecer más rentabilidad que la de socios europeos tachados en su día de díscolos, los famosos PIGS (Portugal, España, Grecia e Italia). Los cálculos arrojados por UniCredit Research en una nota reciente apuntan a que el tipo de interés implícito de la deuda podría pasar del 2% en 2025 a cerca del 3,5% al final de la década, con el riesgo de desencadenar 'un círculo vicioso soberano-fiscal' en el que el creciente gasto en intereses dificulte todavía más reducir el déficit y estabilizar la deuda.
Por debajo de este mar de cifras, el problema de fondo es demográfico. Mayer recuerda que los baby boomers tuvieron menos hijos desde mediados de los años sesenta, disfrutaron durante décadas del dividendo demográfico y ahora están entrando masivamente en la jubilación con una esperanza de vida mucho mayor. La ecuación resulta cada vez más difícil de sostener. Muchos comenzaron a trabajar cerca de los 30 años, pretenden jubilarse alrededor de los 65 y pueden vivir dos décadas más. Dicho de otra forma, "esperan que 35 años de trabajo sean suficientes para financiar 50 años sin trabajar". "Esto no funcionará", advierte Mayer. El problema es que esta generación concentra además una enorme cantidad de votos, lo que convierte cualquier reducción de prestaciones, aumento de la edad de jubilación o reforma profunda del sistema en una bomba política.
Deuda para sostener el Estado de Bienestar
Durante años Europa ha conseguido retrasar este ajuste recurriendo a una solución mucho más sencilla, emitir deuda. Pero esta vía también empieza a encontrar sus límites. Cuanto mayor es el endeudamiento, más recursos absorben los intereses y mayor es la presión para que los bancos centrales contengan los costes de financiación. Mayer anticipa un desenlace especialmente duro y advierte de que "el Estado del Bienestar caerá entre las llamas de la represión financiera y la inflación". Su tesis es que el problema afecta a buena parte de Europa, pero Francia está en primera línea porque sus finanzas públicas se encuentran fuera de control y la fragmentación política hace extraordinariamente difícil aplicar el ajuste necesario. Más que una crisis repentina del Estado del Bienestar, sería así el comienzo de una larga batalla entre las prestaciones prometidas durante décadas y la capacidad real de las economías para financiarlas.
"Ha habido un malestar generalizado en la UE ante la reticencia francesa a mejorar su situación fiscal, y existe cierta esperanza de que un aumento del diferencial pueda obligar a los responsables políticos a adoptar más medidas para encauzar a Francia por una senda más sostenible. Sin embargo, la consolidación fiscal sigue siendo impopular entre un electorado francés que se ha acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades", sentencia Mark Doding, director de inversiones para el área de renta fija de BlueBay, en su último análisis semanal. En los últimos años, los sucesivos fracasos en la reforma de las pensiones y las cotas de contestación callejera dan cuenta de la problemática.
Igualmente expeditivo, Louis-Vicent Gave, estratega de Gavekal Research constata en un análisis reciente que Francia ha sido, durante la última década, el "mal alumno" de la zona euro. "Mientras que la deuda pública se ha estancado (por ejemplo, en Italia) o se ha reducido (por ejemplo, en Grecia, Portugal, España...), el endeudamiento público francés ha seguido aumentando. Y esto a pesar de (¿o quizás precisamente porque?) Francia ya cuenta con el sistema fiscal más oneroso y engorroso de la región (y del mundo)", reflexiona.
Philippe Riès, antiguo responsable de Economía y jefe de las oficinas de Tokio y Bruselas de Agence France-Presse, llega a una conclusión parecida desde el terreno político. El periodista y economista describe un modelo europeo "obsoleto" que "se está desmoronando bajo el peso de la competencia global y las tendencias demográficas", sostenido artificialmente mediante una deuda pública creciente que ha alcanzado niveles desconocidos en tiempos de paz.
Francia vuelve a aparecer como el eslabón más débil. Riès utiliza una imagen particularmente contundente para describir su situación y asegura que el país es "un naufragio que se mantiene a flote únicamente gracias al enorme bote salvavidas inflable conocido como sistema del euro". La moneda única permite a Francia financiarse dentro de un gigantesco mercado respaldado institucionalmente por el BCE, pero no elimina los desequilibrios que originan su endeudamiento.
El BCE avisa a Francia
De hecho, uno de los avisos más duros ha llegado desde el propio BCE el pasado viernes. Francia tendrá que solucionar por sí misma su creciente problema de deuda y no esperar que el Banco Central Europeo acuda al rescate si los mercados continúan elevando el coste de su financiación. Así lo ha advertido Emmanuel Moulin, gobernador del Banco de Francia (miembro del Consejo de Gobierno del BCE), en unas declaraciones recogidas por Bloomberg en las que considera un "mal razonamiento" confiar en una intervención de Fráncfort. "Creer que alguna solución milagrosa vendrá del BCE equivale a eludir las propias responsabilidades", sentencia Moulin.
"Si no abordamos nuestro problema de déficit y no ponemos orden en nuestras finanzas públicas, el riesgo es que paguemos cada vez más y eso supondrá un estrangulamiento gradual", advierte. El gobernador enfría además las expectativas de que el BCE pueda activar su Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) y recuerda que estos mecanismos están reservados para situaciones críticas que amenacen la transmisión de la política monetaria y, sobre todo, que "solo se utilizan si se adoptan medidas a nivel nacional". En otras palabras, el BCE puede actuar contra una crisis de mercado injustificada, pero no contra una crisis que ha sido anticipada y advertida sin que nadie en el Gobierno haya hecho lo que todo el mundo sabe que hay que hacer pero nadie se atreve a aplicar.
Francia tuvo una oportunidad excepcional para corregirlos. Riès recuerda que los años de tipos de interés extraordinariamente bajos e incluso negativos deberían haberse aprovechado para "hacer frente a la creciente deuda pública", pero París tomó el camino contrario. Ahora el ajuste llega cuando financiar el déficit resulta más caro y cuando el sistema político tiene menos capacidad para asumir reformas impopulares.
La política lo complica todo
El riesgo se multiplica ante las elecciones presidenciales de 2027 porque tanto la derecha como la izquierda populistas plantean, según Riès, programas económicos desconectados de "las condiciones y capacidades reales del país". El problema deja así de ser exclusivamente fiscal. Reducir el gasto exige decisiones que afectan directamente a pensiones, servicios públicos, prestaciones y transferencias que millones de ciudadanos consideran derechos adquiridos, mientras quienes deberían aprobarlas necesitan precisamente los votos de esos ciudadanos.
En un breve pero ilustrador repaso, los economistas de Commerzbank Research sintetizan el intrincado panorama electoral, resumiendo los postulados de las dos opciones ahora mismo con más ventaja en las encuestas. Con más de un tercio de los votantes apoyándola en las encuestas, Marine Le Pene, líder de la extrema derecha de Reagrupamiento Nacional (RN) es la favorita para ganar la primera vuelta y para imponerse en la segunda si enfrente no tiene una opción centrista de consenso. En materia económica, Le Pen aboga por limitar la inmigración, consolidar las finanzas públicas mediante la reducción del gasto en la UE, frenar la deuda, disminuir el impuesto al valor agregado (IVA) en ciertos productos y restablecer la edad de jubilación a los 60 años. Anteriormente, se había distanciado de demandas extremas como la salida de la UE y del euro. En los últimos meses, Le Pen ha defendido una política económica más moderada, aunque ocasionalmente ha planteado demandas radicales como dar preferencia a los ciudadanos franceses en el acceso al empleo y a las prestaciones sociales.
En el otro extremo, se ha aupado a la segunda posición la izquierda populista de La Francia Insumisa. En medio de divisiones y desgaste en la izquierda tradicional, el ex-socialista y muy veterano de la política gala Jean-Luc Mélenchon ha encontrado un espacio amplio que le puede llevar a la segunda vuelta, sobre todo debido a la gran concurrencia de alternativas en las opciones centristas y, en cierto modo, continuistas de Emmanuel Macron. Entre otras cosas, Mélenchon propine la cancelación de la deuda francesa con el BCE -medida que muchos dan por imposible, pero que ha alcanzado mucho eco en el debate-, el restablecimiento de la edad de jubilación a los 60 años, la eliminación de las subvenciones a ciertas empresas y un impuesto sobre el patrimonio.
Muchas de estas propuestas, fundamentadas precisamente en mantener el Estado del Bienestar, son 'dinamita' ante unas finanzas en estado casi crítico y prueba de que la polarización política existente puede implicar que las dos opciones confrontadas engorden el problema económico. Como explica de forma muy detallada Gave, quien sirvió en el Ejército francés hace décadas, hay una "izquierda radical, en su mayoría inmigrantes, pero también funcionarios, profesores y otros empleados públicos cuyos salarios reales a menudo no han seguido el ritmo de la inflación" para quienes Mélenchon es la gran opción.
"Las soluciones que propone La Francia Insumisa a los problemas de Francia son, en esencia, más de lo mismo; ¡mucho, mucho más! Más impuestos, más regulación, más intervención del Estado en las decisiones empresariales, más gasto social y más inmigración... Pero con un giro adicional, Mélenchon también propone dejar de pagar los intereses de la deuda francesa... ¿una solución que probablemente no será bien recibida por los tenedores de bonos?", apostilla el estratega de Gavekal.
Al otro lado del ring, sigue con su minucioso análisis, hay una "derecha populista", que, en general, encuentra a sus votantes la Francia rural, pero también en las antiguas ciudades industriales que solían votar al Partido Comunista. "Se trata de la RN de Le Pen, que promete controlar la inmigración (como descubrió David Cameron, esto resulta bastante difícil de llevar a cabo dentro de los límites de la Unión Europea), mejorar la seguridad ciudadana (aumentando el presupuesto destinado a la policía, los tribunales, las prisiones...) e impulsar el empleo en Francia (aunque no queda del todo claro cómo se va a conseguir)", ilustra Gave.
En el caso de una eventual victoria de Le Pen, la cadena de riesgos que contempla Gave es como sigue: "Para empezar, los políticos franceses han pasado los últimos 40 años describiendo a la Agrupación Nacional como una nueva plaga, una fuerza de extrema derecha dispuesta a destruir los compromisos republicanos de Francia. Y un número considerable de funcionarios públicos franceses lo cree firmemente. Esto plantea la primera incógnita sobre cómo el gobierno haría la transición y funcionaría con una administración pública mayoritariamente antagónica".
"Más preocupante aún es que una victoria de RN probablemente provocaría huelgas masivas de los diversos sindicatos de izquierda (CGT, FO, CFDT...) que aún controlan gran parte de la infraestructura de transporte (ferrocarriles, aeropuertos...) y energética (refinerías, puertos...) de Francia, por no hablar del sector educativo. Las imágenes de neumáticos en llamas, cócteles molotov, coches volcados y una Francia paralizada no contribuirían a animar a los inversores ante la incertidumbre de un gobierno de RN", prosigue el analista.
Más allá de que impere en la RN una visión más "colbertista o peronista", dice Gave, defensora de una mayor intervención estatal u otra más afín al libre mercado, el cuadro es endiablado porque la alternativa a que uno de los candidatos llegue a aplicar su programa económico es que no tenga mayoría legislativa en la Asamblea y entonces el marasmo político que ha traído a Francia hasta aquí se enquistará, retrasando unas reformas económicas que se necesitan con urgencia, recalcan desde Commerzbank.
Francia puede convertirse así en el laboratorio donde Europa descubra que el Estado del Bienestar construido durante la segunda mitad del siglo XX no puede permanecer intacto en una sociedad radicalmente distinta a aquella que lo creó. Menos trabajadores por pensionista, jubilaciones mucho más largas, un crecimiento potencial reducido y una deuda cada vez mayor obligan a repartir un coste que durante años pudo esconderse detrás del endeudamiento. Mayer lleva su diagnóstico hasta una conclusión provocadora y extremadamente pesimista, advirtiendo de que Europa corre el riesgo de convertirse en "una residencia de ancianos para pensionistas pobres".
Riès plantea incluso que, ante una eventual crisis francesa, Bruselas, el BCE y el FMI deberían terminar forzando a París a realizar el ajuste que su política doméstica no ha sido capaz de acometer. Francia sería entonces mucho más que un problema francés. Podría ser el primer gran aviso de que Europa ya no puede prometer con la misma facilidad el Estado del Bienestar que fue capaz de financiar durante la era demográfica y económica que lo hizo posible.
