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Los vapeadores se engloban como sistemas con pilas o baterías, pero resulta más difícil en los desechables
(EFE/Tolga Akmen)
Mientras que las colillas ya han sido incluidas dentro de la responsabilidad ampliada del productor, ahora aparece un nuevo desperdicio que está dejando una huella ecológica
Sobre papeleras, en bancos de parques, en esquinas de escaparates o hasta tirados en el suelo. Ir caminando por la calle y encontrar en alguna esquina abandonado lo que parece un trozo de plástico con colores llamativos se ha convertido en algo habitual. ¿Un juguete? ¿Un resto de un paquete? No: es un vape.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad indican que, en 2023, se llegaron a vender más de 24 millones de euros de estos dispositivos, donde se engloban los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, con o sin nicotina.
Entre los más elegidos se encuentran los desechables tipo pod, que son los que se conocen coloquialmente como "vape" o "vaper". Desde el propio sector detectan que se trata de la opción preferida entre usuarios jóvenes y aquellos que lo combinan con su consumo habitual de tabaco –a modo de transición–. Al final, son pequeños, ligeros, asequibles y no requieren un mantenimiento, por lo que se cuelan en el mercado como una opción de fácil consumo.
En España, según la encuesta EDADES 2024, el 19% de la población de 15 a 64 años (20,3% de los hombres y 17,7% de las mujeres) ha consumido cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina) alguna vez en la vida. Siendo el de los 15 a los 24 años el grupo de edad con mayores prevalencias de consumo tanto en hombres como en mujeres.
Así, las instituciones públicas y las autoridades sanitarias han empezado a mostrar preocupación por los riesgos derivados de esta creciente tendencia de consumo o el uso de estos en espacios cerrados. Pero a la vez, con la llegada de este producto, ha surgido un desafío ambiental crítico: la gestión de su residuo. Estos dispositivos, que a menudo terminan en la basura convencional, representan una nueva categoría de desecho complejo que mezcla plásticos, circuitos electrónicos y baterías de litio, lo que plantea serias dudas sobre si la infraestructura actual de reciclaje y los puntos de venta están realmente preparados para procesarlos.
Desde Ecoembes confirman que para poder reciclarlos es necesario un tratamiento especial por los compuestos que lo forman: un cartucho que contiene el líquido con sabor, una batería que alimenta el dispositivo y un atomizador que calienta el líquido.
"Cualquiera puede introducir un producto en el mercado con el cual recibir un beneficio económico, sin pensar en las consecuencias de este. Más cuando nos genera, como sociedad, un coste posterior al tener que gestionarlo como residuo", explica Alberto Vizcaíno López, ambientólogo y autor del libro Contenedor Amarillo S.A.
¿Existe una manera correcta de reciclarlos?
El experto explica que, como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los vaper desechables están sujetos a la legislación que regula la responsabilidad ampliada del productor en este ámbito. En particular, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus modificaciones posteriores.
En la práctica, sin embargo, se encuentran ciertas complicaciones que recaen sobre la conciencia o responsabilidad del usuario. Desde la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) declaran que los vape desechables son problemáticos y que se trata de un producto que "debe ser apartado del mercado por su potencial daño en el medio ambiente". La UPEV hace una distinción entre cigarrillos electrónicos y los desechables, ya que al ser estos últimos indivisibles es cuando "se complica el proceso de reciclaje" por parte del usuario.
La organización defiende que el Reglamento europeo está trabajando en la implementación de baterías extraíbles, pero los mercados extranjeros siguen rediseñando los productos para hacerlos competitivos fuera de esta obligatoriedad. Mientras, la UPEV asegura que los procesos de reciclaje actuales están perfectamente definidos al tratarse de residuos plásticos y baterías que sí cuentan ya con un amplio marco.
Actualmente, son los estancos y puntos de venta los que pueden asumir la recogida de estos. Sin embargo, varios dueños de estancos en ciudades como Madrid o Sevilla confirman a este medio que no cuentan con este tipo de servicios. Es decir, solo son puntos de venta. Pero al preguntar a la asociación de empresarios, la respuesta es clara: son los puntos de venta quienes se deben hacer cargo de la gestión y son "conocedores de las partes que lo componen" por lo que están capacitados para ello.
"El problema es que cuando se habla de residuos no hay un principio de precaución", sentencia Vizcaíno. Reflexiona sobre el marco en el que se engloban estos dispositivos, mientras que asegura que la legislación y la responsabilidad solo llegan una vez el producto está dentro del circuito de consumo y está generando un daño, ya sea económico o medioambiental, como es este caso.
El coste de un residuo no gestionado
Cuando estos dispositivos se eliminan incorrectamente, pueden liberar sustancias contaminantes en vertederos o plantas de tratamiento, además de dificultar los procesos de reciclaje del resto de materiales. Incluso existe riesgo de incendios en las instalaciones de gestión de residuos debido a las baterías, lo que supone un peligro añadido tanto para los trabajadores como para las infraestructuras.
A principios de este mismo año, el Irish Times se hizo eco del último informe de la Asociación Irlandesa de Gestión de Residuos, donde señalaba que los incendios en las instalaciones de clasificación supondrán un coste de 56,6 millones de euros entre 2023 y 2025, a lo que hay que sumar otros 1,7 millones de euros en daños a los vehículos de limpieza y recolección.
Dado que los cigarrillos electrónicos contienen baterías de iones de litio, deben desecharse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; por el contrario, solo 1,1 millones de los cigarrillos electrónicos desechables que se venden anualmente en Irlanda se devuelven de esa manera.
Prohibición de consumo
En la Unión Europea, Bélgica se convirtió en 2025 en el primer país en prohibir la venta de cigarrillos electrónicos desechables. La medida, que entró en vigor el 1 de enero, se planteó con un doble objetivo: frenar la creciente adicción a la nicotina entre los jóvenes y reducir el impacto ambiental de estos productos de un solo uso. Sin embargo, según las declaraciones que daba el Gobierno belga, la regulación no se articula tanto en torno al reciclaje o tratamiento del residuo, sino como una extensión de las políticas antitabaco.
Lo mismo sucede en la vecina Francia, que ha pasado de intentar regular los cigarrillos electrónicos desechables como productos de nicotina a retirarlos por completo del mercado legal. En febrero de 2025, se aprobó la Ley n.º 2025-175, que prohíbe la venta, la distribución, el suministro gratuito e incluso la posesión con fines de venta de dispositivos de vapeo de un solo uso que estén precargados y no puedan recargarse. Los cartuchos quedan explícitamente excluidos de dicha prohibición, por lo que los sistemas recargables o basados en cartuchos siguen siendo legales.
De nuevo, se trata de una prohibición de comercialización, no de un régimen de residuos específico. Estos productos se incluyen en el marco existente para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE/D3E), que en Francia se gestiona a través de un sistema de responsabilidad ampliada del productor. El Ministerio de Ecología afirma que Francia cuenta con una cadena específica de recogida y reciclaje de RAEE, y el Código del Medio Ambiente define los aparatos eléctricos y electrónicos de forma lo suficientemente amplia como para abarcar los dispositivos que funcionan con corriente eléctrica.
En los últimos años, Finlandia ha logrado reducir su consumo, implementando una de las legislaciones más duras de Europa en materia de nicotina, incluyendo la prohibición de sabores atractivos (solo se permite el sabor a tabaco), la restricción de la publicidad, la venta online y el uso en espacios públicos, así como límites de edad y controles sanitarios rigurosos. Se trata de uno de los casos más ambiciosos ya que desde las instituciones nacionales se promueve el objetivo de eliminar casi completamente el hábito para 2030.
El consumidor como primer responsable
En Lituania, la normativa establece que estos productos deben recogerse a través de canales oficiales específicos, quedando prohibido depositarlos en la basura doméstica o abandonarlos en espacios públicos. De hecho, en la práctica, iniciativas de reciclaje como Žaliasis taškas participan en el desarrollo de infraestructuras de recogida, esquemas de reciclaje financiados por productores y campañas de concienciación sobre la correcta separación de residuos.
