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No es, desde luego, lo más acuciante en un contexto como el actual, en el que el virus avanza de forma devastadora. Pero si hay una evidencia desde el frente económico es que la factura será enorme. Hasta el punto de que es muy probable que algunos países se acerquen al nivel de lo impagable.
El planeta, como se sabe, estaba sentado sobre un polvorín de deuda antes de la aparición siniestra del Covid-19. En total, según la patronal bancaria mundial, 253 billones de dólares, lo que supone el 322% del PIB global. Algo así como 240 veces el PIB de España. No hace falta decir que se trata de un nivel histórico, lo que explica, paradójicamente, que haya dejado de preocupar seriamente.
Amortizar esa deuda, aunque fuera solo en parte, exigiría crecimientos económicos sostenidos durante décadas, y ese escenario es hoy altamente improbable. Por eso, ha dejado de inquietar el nivel de deuda más allá de que esté presente en el discurso de las buenas prácticas macroeconómicas.
La realidad es bien distinta. Ya no hay ninguna duda de que la herencia del Covid tendrá una forma geométrica muy parecida a la de una inmensa montaña de deuda, también en Europa. Y, particularmente, en países como España y el resto de los socios del sur de Europa, que ni siquiera durante los años de la recuperación han sido capaces de reducirla de forma significativa. La avanzadilla, como se sabe, es Grecia: 180% del PIB; seguida de Italia, 138%; Portugal, 121%; Francia, 99%, y España, 95,5%, como avanzó este martes el Banco de España.
Es hoy una incógnita saber cómo acabará esto, pero hay una cosa clara. La estrategia de todos los gobiernos, como no podía ser de otra manera, ha sido endeudarse para sofocar el incendio. Y basta recordar que cada punto de aumento de deuda en relación con el PIB son nada menos que 12.500 millones de euros.
La única salida
La deuda es la única salida posible. Y también ha acudido a ella el Gobierno español. De hecho, los nuevos decretos aprobados por el Consejo de Ministros caminan en esa dirección: subsidios para las empleadas de hogar y los trabajadores temporales, costes económicos asociados a la pandemia desde el ángulo de la salud pública (con un coste enorme para las comunidades autónomas) y, sobre todo, los derivados de los ERTE, ya sea financiando el 70% de la base reguladora de los salarios de los trabajadores afectados o la exención de cotizaciones para las empresas (5.000 millones, según algunos estudios). El Servicio Público de Empleo (SEPE) necesitará, por lo tanto, un presupuesto adicional cuya cuantía dependerá, lógicamente, de lo que dure la pandemia. Pero, en cualquier caso, será de miles de millones de euros.
En otras ocasiones, como se sabe, se ha optado por diferir las obligaciones de pago, pero hay razones para pensar que con esa estrategia solo se ha ganado tiempo. Como sucedió en la Gran Recesión, muchas de esas deudas ahora aplazadas entrarán en la lista de morosos.
Para llegar a esta conclusión, solo hay que recordar que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) nació en 2012, precisamente, para hacer frente a millones de facturas sin pagar tras dos recesiones consecutivas que se llevaron por delante buena parte de los ingresos, mientras que, en paralelo, aumentaban los gastos asociados al desempleo. Aunque la crisis vaya a ser menos duradera, ya hay pocas dudas de que la contracción será mucho más intensa.
La cuenta de aquel fiasco económico fue brutal. En pocos años, se pasó de un endeudamiento público equivalente al 35% del PIB (marzo de 2008) al 100,9% (marzo de 2015). O lo que es lo mismo, una factura de 629.458 millones de euros, y que a precios actuales representaría prácticamente un 50% del PIB. Solo en el escenario más catastrófico se puede pensar que esta crisis puede costar una cifra tan abultada. Pero parece seguro que España volverá a tener una deuda pública que se escribirá con tres dígitos y no con dos.
Lo nunca visto
Lo que ya se sabe es que el año pasado, según acaba de adelantar Estadística, las necesidades de financiación del Estado fueron equivalentes a 33.223 millones de euros, pese a que la economía creció un 2%. También que los costes de desempleo se dispararán de una forma nunca vista, lo que unido al hecho de que el PIB se contraerá de forma significativa, elevará de forma automática la deuda en términos relativos. Y ahí es cuando entran los mercados para financiar esa ingente deuda.
Hay quien sostiene que cuando Mario Draghi soltó su famosa sentencia ("haré todo lo que sea necesario…") en realidad estaba asustado de lo que vio en el balance del BCE, algo más de cinco billones de euros, que, como todo balance, tiene dos caras. A un lado estaban los acreedores y al otro los deudores. Y en aquel momento Alemania llegó a tener una posición acreedora superior a los 750.000 millones de euros, mientras que España, por el contrario, y debido al 'boom' de crédito que se utilizó para financiar la burbuja inmobiliaria, debía más de 420.000 millones al Target 2, que es el sistema que utilizan los bancos centrales para echar sus cuentas.
Hoy esa cifra supera ligeramente los 130.000 millones de euros, pero Alemania, junto a Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia, sigue siendo el gran acreedor del eurosistema. En el otro lado del balance están Italia, España y Portugal. Algo que puede explicar las reticencias de las autoridades germanas a poner en marcha los eurobonos, con los que España pretende repartir riesgos. O sea, mutualizar, en el lenguaje de la diplomacia financiera.
Lo que le preocupaba a Draghi era que el euro se rompiera por las enormes asimetrías internas del BCE. Cumplió su palabra y salvó la moneda única. ¿Cuál es el problema ahora? Que Alemania y otros países del norte —que salieron rápidamente de la anterior recesión— también están embarcados en la lucha contra el coronavirus, y eso cuesta mucho dinero. Es por eso por lo que la vicepresidenta Calviño, y en esto tiene el respaldo absoluto del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quiere ser muy gradualista en la forma de enfrentarse a la recesión que se avecina. Algunos servicios de estudios han calculado una caída del PIB del 10% en el primer semestre.
El termómetro
Ese gradualismo se explica, entre otros motivos, porque los problemas de fondo, que ningún Gobierno se ha atrevido a encarar desde 2012, siguen ahí. Por ejemplo, el déficit de la Seguridad Social, que ya se paga prácticamente con deuda. Nada menos que 16.991 millones de euros el año pasado.
Hay quien piensa que la deuda se paga sola, ya sea con inflación o dándole a la máquina de hacer billetes, como sugieren algunas teorías monetarias modernas, aunque tengan mucho de antiguas, pero lo cierto es que el nivel de deuda es el termómetro que leen los mercados a la hora de financiar los endeudamientos públicos. Exactamente igual que hacen los bancos con las deudas privadas.
Entre otras cosas, porque Europa, al contrario que Japón, con una deuda equivalente a algo más del 200% de su PIB, tiene que compartir banco central, mientras que, por el contrario, el Banco de Japón reina en su territorio. No hay acreedores ni deudores. Y eso es algo que conocen mejor que nadie los mercados. Claro está, salvo que alguien opte algún día por quitar algunos ceros al balance del BCE. Todo indica que el debate sobre la condonación parcial de la deuda volverá a la agenda pública.
AUTOR
CARLOS SÁNCHEZ 01/04/2020
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