La falta de un test estándar para quienes piden la nacionalidad permite que unos jueces pregunten por el siglo de Oro y otros por Rafa Nadal o personajes del corazón
Llevaba 11 años, seis meses y 13 días trabajando en España cuando Mohamed (nombre falso), se presentó en el Registro Civil para someterse a una prueba de integración para obtener la nacionalidad española. Este marroquí supo responder a preguntas que muchos españoles no acertarían, como el nombre del entonces presidente navarro, Miguel Sanz, pero falló otras como “qué personaje televisivo mantuvo una relación con un conocido torero” o “qué torero es conocido por su muerte trágica”, lo que, según el juez que preguntaba demostraba poco grado de integración en la sociedad española. Suspendió. Casi cuatro años después, la Audiencia Nacional acaba de darle la razón y la nacionalidad tras un largo proceso de recursos. El tribunal considera que “difícilmente se podría justificar” por esos “anecdóticos fallos” su “falta de integración” y que, al contrario, las preguntas que sí respondió correctamente son “claramente indicadoras de una implicación en la realidad del país en el que vive”.
Mohamed ha ganado la batalla —la Audiencia Nacional incluso impuso el pago de las costas a la Administración—, pero tiene miedo a que algo pueda torcerse todavía, explica su abogado, Antonio Sánchez de Boado. Su caso no es anecdótico. El Gobierno tramita miles de expedientes al año —entre el 1 de octubre de 2012 y el 8 de enero de 2015, después de un plan para agilizar los más atrasados, concedió 437.050 y denegó 21.075—. Pero al contrario que otros países, como EE UU, en España no existe un examen estándar o un manual de preguntas para evaluar el grado de integración de los inmigrantes que aspiran a la nacionalidad, lo que ha provocado, según reconocen el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, un “elevado grado de conflictividad” y “discrecionalidad administrativa”. Es decir, que unos jueces pregunten por el número de comunidades autónomas, y otros, por personajes del corazón o escritores del siglo de Oro.
Antonio Mbengani, nacido en Congo, también suspendió la prueba de integración en 2010. Cuando solicitó la nacionalidad llevaba 20 años residiendo y trabajando en Madrid —el Código Civil exige 10, salvo para los refugiados (cinco) y los latinoamericanos, andorranos, filipinos, portugueses, sefardíes o naturales de Guinea Ecuatorial (dos)—. Su mujer es española y sus cuatro hijos también. “El juez me preguntó qué importante acontecimiento había ocurrido en España en 1934 y nombres de escritores españoles del siglo XVI. Y me suspendió”, recuerda. Además del extracto de su vida laboral en España, como el resto de inmigrantes que aspiran a la nacionalidad, Mbengani había aportado a su expediente una llamativa prueba de su integración: una fotografía con el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “Nos la hicimos en 2007 cuando fui uno de los seleccionados para el programa Tengo una pregunta para usted. Pero como no sabía qué pasó en España hace 80 años el juez consideró que no estaba integrado”.
Mbengani recurrió y también a él le han dado la razón. El juez que le examinó es el encargado del Registro en Getafe, José María Celemín, una leyenda entre los inmigrantes. “A mí también me preguntó por escritores españoles del XVI y solo se me ocurrió uno, Lope de Vega”, recuerda Carlos Elías, peruano. “Me trató fatal. No me miraba a la cara. Fue muy desagradable, parecía que le molestara que estuviera allí. La entrevista duró dos minutos. Al salir le dije a una empleada del registro lo que me había pasado y me dijo que no me preocupara, que esas preguntas no las sabían ni ellas, que recurriera y que seguro que me iban a dar la razón. Pero volví a casa indignado y luego me sentí mal durante un mes. Nunca, en los siete años que llevaba entonces en España, me habían tratado así”. A Carlos Elías también le concedieron la nacionalidad tras recurrir. Como a Vikas, de origen indio, que se presentó al examen cuando llevaba 10 años viviendo en España. “No se me había pasado por la cabeza que no me la dieran. Estaba casado con una española, mi hija había nacido aquí, hablaba perfectamente el idioma y tenía un buen trabajo”. Piedad, de Guinea Ecuatorial, tuvo más suerte. “A mí no me hicieron examen, me hicieron una entrevista normal para preguntarme, entre otras cosas, por qué quería ser española. Pero a mi madre y a mi hermana sí les tocó el juez Celemín ¡y les preguntó por la Constitución de 1812!”. El juez Celemín rechazó hablar con este periódico.
El director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo, admite que “es probable que un español no sepa responder a muchas de las preguntas que se hacen” a los inmigrantes que solicitan la nacionalidad, pero no le parece injusto: “El que quiere ser español debe demostrar unos conocimientos sobre la historia del país”. Para Gómez Gálligo el mecanismo de recursos —primero ante su oficina y luego por la vía contencioso-administrativa—establece suficientes garantías para corregir cualquier acto de discrecionalidad.
Al director general de los registros y del notariado no le gusta la idea de un test estándar: “¡Todo el mundo se aprendería las respuestas!”. Insiste en que “España es un país acogedor” y cree que lo prioritario es que el sistema “sea completamente telemático, que los notarios se encarguen del trámite y los jueces solo de los recursos”, y que los inmigrantes paguen “una tasa de sostenimiento del servicio”, en torno a los 75 euros, como se ha fijado para los sefardíes. “En Estados Unidos el proceso les cuesta 8.000 dólares. En Europa ronda los 700-900 euros. Y aquí, gratis. Es un chiste”.
El Gobierno, que planea recibir 120.000 solicitudes de nacionalidad este año, ha anunciado un examen homogéneo. Tras examinar, a petición del Ministerio de Justicia, el texto del proyecto de real decreto sobre el reglamento para adquirirla, el Poder Judicial puso varias pegas. El CGPJ celebra que el texto dé un año de plazo para resolver los expedientes —ahora son tres de media, según su informe—, pero lamenta que el ministerio no determine, tampoco en ese proyecto, “los elementos esenciales” que deberían tener esas pruebas de evaluación “detallando los conocimientos de idioma, instituciones, realidad política, social y hechos relevantes para la cultura española a que pueden referirse”.
El texto del Gobierno se limita a decir que el ministro de Justicia queda facultado para regular esa prueba, “que diseñará y administrará el Instituto Cervantes”. Al Poder Judicial también le sorprende que sea ese organismo, “que tiene como fines la promoción del uso del español en el exterior” el que asuma tales competencias y recomienda, en todo caso, “modificar su ley reguladora para incorporar” esas nuevas funciones.
Fue precisamente preparándose para el test para obtener la nacionalidad canadiense como se le ocurrió hace 10 años a Dennis Kornev, de origen ruso, la idea de montar un negocio de cursosonline para preparar a extranjeros para superar esas pruebas. “Estaba en una sala rodeado de chinos que no se enteraban de nada”, recuerda. Hoy, su empresa, www.net-factor.com, está presente en una docena de países. “Al año tenemos unos 30.000 usuarios. En España son muy pocos, unos 500, y en Quebec son cerca de 6.000. En España ingreso unos 15.000 por ejercicio, la mayoría por venta de libros que recopilan preguntas que han hecho los jueces, y en Quebec, 107.000 euros. Para nosotros es mucho más fácil cuando el país tiene un manual de cosas que los aspirantes a la nacionalidad deben saber, es decir cuando las cosas están claras y podemos preparar al cliente, como cualquier otra academia”, afirma.
“En EE UU hay un manual con 100 preguntas; en Alemania, uno de 300. En Dinamarca pueden preguntarte nombres de princesas y de qué han muerto. En Canadá solo puedes presentarte dos veces. Holanda pone vídeos y pregunta qué harías ante esa situación, por ejemplo, al ver dos hombres besándose en la calle... Pero estos test cambian mucho”, enumera Kornev, licenciado en políticas. “Son un arma populista. Cuando llega un Gobierno de derechas los endurece y cuando llega uno de izquierdas, los facilita”.
Concesiones
En total, entre el 1 de octubre de 2012 y el 8 de enero de 2015, después de un plan para agilizar expedientes atrasados durante años, se concedió la nacionalidad española a 437.050 personas y se denegó a 21.075. Este es un listado por países de origen. Entre paréntesis, las denegadas.
Marroquíes: 78.189 (6.643)
Ecuatorianos: 67.819 (2.953)
Colombianos: 62.464. (1.963)
Bolivianos: 38.535 (1.375)
Peruanos: 36.483 (1.075)
Dominicanos: 23.172 (875)
Argentinos: 16.232 (360)
Cubanos: 11.915 (264)
Venezolanos: 10.428 (148)
Brasileños: 9.557 (321)
Haga el test de 'españolead'
Mientras se ultima el examen estándar para comprobar el grado de integración de los inmigrantes que aspiran a la nacionalidad española, esta es una recopilación de las preguntas que hasta ahora han realizado los jueces encargados en distintos registros civiles. ¿Aprobaría usted?
1. ¿Cuándo fue la gloriosa?
2. ¿Quién escribió La Celestina?
3. Tres personajes del siglo de oro español
4. ¿Qué se celebra en España el 12 de octubre?
5. ¿Cuántos habitantes tiene España?
6. Nombre a cinco reyes de España
7. ¿Qué nombre recibió la primera constitución española?
8. Cite alguna obra de Lope de Vega
9. ¿Cómo se hace la tortilla española?
10. ¿Qué torero está relacionado con un personaje televisivo?
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/11/actualidad/1420996016_549441.html
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