Foto EFE from elconfidencial.com
Aquellos viajeros que visitan Teherán saben, por propia experiencia, que la contaminación en la capital iraní es un problema enorme. Esta semana, los niveles de polución se han incrementado tanto que las autoridades iraníes se han visto obligadas a decretar unas vacaciones públicas de dos días, hoy y mañana (que se unirán al viernes y sábado, el fin de semana musulmán), a la espera de que la reducción del tráfico produzca un descenso del smog.
Teherán tiene una población oficial de nueve millones de habitantes, que se incrementa hasta los doce o trece durante el día debido a aquellos que se trasladan desde la periferia para trabajar. Un estudio de la Agencia de Control de la Calidad del Aire indica que en esta ciudad los coches producen cada día 4.400 toneladas de agentes contaminantes del aire; es decir, un total de 1’6 millones de toneladas al año. A esto hay que añadir su particular situación geográfica, ya que las circundantes montañas Alborz impiden una renovación constante de la atmosfera.
En 2003, el Banco Mundial le prestó a la alcaldía 20 millones de dólares para limpiar el aire de la ciudad, a pesar de lo cual el nivel de polución es el peor de los últimos treinta años. Según la Organización Mundial de la Salud, es superior entre un 40 y un 340%, dependiendo del día, a los niveles aceptables.
Tanto, que en el mes de noviembre de 2007 más de 3.600 personas murieron por este motivo, lo que llevó a Mohammad Hadi Heydarzadeh, un funcionario de la alcaldía, a asegurar que Teherán estaba cometiendo “un suicidio colectivo”. Esta semana, las admisiones en hospitales relacionadas con emergencias derivadas de la contaminación se han incrementado en un 19%, de acuerdo con el Ministerio de Salud iraní. Por ello, el Gobierno ha decidido adoptar esta drástica medida, a pesar de que cada día de parón le cuesta al estado 130 millones de dólares.
Cambio de capital
Pero, además, esta ola de contaminación está teniendo otro efecto colateral: ha dado alas a algunas voces en el Ejecutivo que reclaman desde hace tiempo el traslado de la capital iraní a otro lugar todavía por definir. Este plan, concebido originalmente en los años 80, fue desempolvado el pasado abril por el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad (él mismo, ex alcalde de Teherán), quien declaró que es necesario “reducir la población de la ciudad hasta los ocho millones de habitantes”, trasladando al resto a otros lugares “mediante incentivos”. El otro gran argumento de los partidarios del traslado es la localización de la ciudad en mitad de una falla sísmica, lo que hace temer que pueda quedar totalmente arrasada en caso de terremoto.
De hecho, Teherán ya está ofreciendo a aquellos que quieran mudarse una parcela de 200 metros cuadrados de tierra y un préstamo a bajo interés de unos 10.000 dólares. Asimismo, Ahmadineyad ha ordenado a tres ministerios diferentes que trabajen en la recolocación de la numerosa población estudiantil de Teherán en otras ciudades.
Esto último hace temer a los opositores que las verdaderas intenciones del Gobierno no sean sociales, sino políticas. Lo que el Ejecutivo busca, alegan, es una manera de diluir los focos de contestación, dado que Teherán es el lugar donde más fuertemente arraigaron las protestas tras las elecciones de 2009, la llamada Revolución Verde.
“Este régimen mantuvo una guerra ridícula y sangrienta con Iraq durante ocho años para nada. No pueden pretender que les importa algo la gente”, cuenta amargamente a El Confidencial Keyvan, un estudiante de filosofía que se vio obligado a refugiarse en Estambul tras las protestas del año pasado. Así, Irán podría estar siguiendo el modelo del régimen birmano, que en 2005 trasladó la capital del país desde Rangún hasta la recientemente creada Naypyidaw, mucho más fácil de defender militarmente. Y de controlar.
Miedo a las protestas
No obstante, de acuerdo con otros observadores, el verdadero motivo para las vacaciones públicas no es la contaminación, sino el orden público. A pesar de que las autoridades iraníes lo niegan, las sanciones internacionales están castigando fuertemente la economía del país. “Ahmadineyad ha pedido a la gente que sea paciente y no incremente su consumo durante los próximos seis meses, para que podamos tener una transición suave. Nadie sabe qué podemos esperar”, explica el analista iraní Ali Chenar.
Se cree que el Gobierno va a hacer pública de forma inminente una reducción de los subsidios a varios productos de primera necesidad, entre ellos la electricidad, lo que provocará un inevitable incremento de los precios. Estos subsidios son un elemento importante en la popularidad de Ahmadineyad, por lo que es previsible un brote de descontento.
“En el pasado, este tipo de anuncios (de vacaciones públicas) han coincidido con medidas políticamente sensible”, asegura Chenar. Así, el Ejecutivo iraní estaría intentando prevenir las protestas enviando a la gente a su casa. Una tesis con cierto fundamento, puesto que, según publica hoy el diario Tehran Times, el alcalde de Isfahán -una ciudad de apenas 2 millones de habitantes, situada en lo alto de una montaña, que no tiene ni de lejos los problemas de contaminación de Teherán- también ha indicado para estos días el cierre preventivo de universidades, escuelas y edificios públicos, por el incremento de la “polución”.
Por Daniel Iriarte from elconfidencial.com 02/12/2010
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