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Un tribunal en Argentina determinó que los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, deberán hacerse obligatoriamente unas pruebas de ADN para determinar si son descendientes de algún activista que fue asesinado durante el último gobierno militar (1976-1983).
Es la más reciente etapa de un clic caso que comenzó hace una década y que aún sigue sin resolverse.
La parte querellante (Abuelas de Plaza de Mayo y dos familias que dicen tener un vínculo sanguíneo) afirma que Marcela y Felipe Noble Herrera fueron adoptados ilícitamente por la propietaria de Clarín en los años setenta, y que en realidad son hijos apropiados de sus madres que probablemente fueron torturadas y muertas en cautiverio.
Los abogados de Ernestina Herrera de Noble –cuya empresa sostiene un álgido clic enfrentamiento con el gobierno actual- han reiterado que no hubo ninguna irregularidad, y sus hijos adoptivos le han manifestado su apoyo públicamente.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos afirman que el proceso estuvo viciado con la colaboración de algún miembro del poder judicial.
La decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal valida una sentencia de una juez emitida en diciembre pasado que dictaminada la obligatoriedad de efectuarse las pruebas de ADN.
En dos ocasiones se ha intentado hacer dichas pruebas, pero el proceso ha sido interrumpido en los tribunales. Los abogados de la defensa afirman que sólo se deben cotejar los resultados con los familiares querellantes, pero Abuelas busca que se revisen con todas las familias que buscan hijos o nietos.
Este jueves, la corte determinó la obligatoriedad de las pruebas, pero sólo limitadas a casos denunciados hasta junio de 1976, lo cual se limitaría a las familias Gualdero-García (reclama a Felipe) y los Miranda-Lanuscou (que piden a Marcela), que iniciaron la querella.
Para ambas partes hay un lapso de 10 días para iniciar la última apelación posible, ante la Corte Suprema de Justicia.
Situación legal
Las pruebas que no se le han podido hacer a los Herrera Noble han alimentado una campaña por parte de algunos activistas y funcionarios oficiales, que exigen la llamada "devolución de los nietos".
Como parte del enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín (un fuerte crítico de su gestión), ministros o políticos que respaldan al oficialismo apelan a este caso para acusar a los dueños de este medio de comunicación de haber sido copartícipe de crímenes de lesa humanidad, mediante la apropiación de dos bebés.
Hasta el momento más de clic 100 personas –mediante las mismas pruebas de ADN- han recobrado su identidad tras haber sido criados por familias que los obtuvieron ilegítimamente o que incluso, en algunos casos, fueron los propios torturadores de sus padres.
La causa es parte de un clic megajuicio que actualmente se le sigue a los altos mandos del gobierno militar, liderado por Jorge Videla.
El grupo Abuelas de Plaza de Mayo estima que pueden haber unas 400 personas más que todavía no se han sometido a dichas pruebas para confirmar su identidad verdadera.
"Muchos casos son complejos, y cada quien tiene su tiempo, pero la verdad debe imponerse encima de todo", le dijo recientemente a BBC Mundo Rosa Roisinblit, integrante de Abuelas y cuyo nieto cercenó cualquier contacto luego de que Roisinblit impulsará una causa judicial en contra de sus apropiadores.
Existen casos de personas que prefieren no saber, pero en Argentina hay un marco legal que exige por sobre todas las cosas que se conozca la verdad.
"Hay dos factores fundamentales: uno son los que quieren saber qué pasó con sus familiares y después está la demanda colectiva de toda la sociedad que quiere saber la verdad", señaló a BBC Mundo el juez Daniel Rafecas, quien ha participado en juicios por crímenes de lesa humanidad.
"Por eso debe matizarse el supuesto derecho absoluto del propio hombre o mujer apropiado en decidir si se somete a una prueba de ADN. Es obligación del Estado establecer la verdad", agregó.
A principios de la década pasada, se dio el caso Vázquez-Ferrá, una mujer que fue obligada a someterse a una prueba de ADN para un caso de apropiación, lo cual fue descrito por sus abogados como "una inadmisible intromisión del Estado en la esfera de intimidad de Vázquez, al tiempo que afecta su integridad física al obligarla a disponer de su propio cuerpo en contra de su voluntad".
Libertades individuales vs. colectivas
"Primero se procura consentimiento, y si no se logra, la justicia debe recurrir a vías no violentas para obtener el análisis. Por ejemplo allanando el domicilio o buscando restos del cuerpo humano. Pero como último recurso, la justicia debe realizar una extracción obligatoria a la persona", indicó Rafecas.
"Esto se considera correcto porque no se está atacando a la persona, sino utilizándola como objeto de prueba. Es una afectación mínima de esa libertad individual, teniendo en cuenta que se procuran y persiguen valores equivalentes en importancias, como lo es la búsqueda de la verdad histórica y la expectativas de quienes buscan a sus hijos o nietos", aseveró.
Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, "a veces es difícil de compatibilizar la búsqueda de la verdad y la defensa de la privacidad".
El poder judicial es el que está a cargo de autorizar o no las extracciones de pruebas de personas de quienes se presume fueron separadas de sus verdaderos padres y entregadas de manera irregular a otras familias.
"Averiguar la verdad es un derecho público de la sociedad", dijo Lorenzetti a BBC Mundo.
"Hay que hacer esto en la mayor medida posible y lesionando lo menor posible la privacidad. Pero es un tema difícil porque no siempre surgen las mismas situaciones", apuntó.
Entre los 104 hijos o nietos de "desaparecidos" hay varios casos de personas que inicialmente se negaron a saber quiénes realmente eran. A fin de cuentas debe ser complejo vivir durante años, o décadas creyendo ser otra persona.
Probablemente lo mismo sucede con los cientos que siguen sin confirmar quiénes son.
Por Vladimir Hernández from BBC Mundo, Buenos Aires 3 de junio de 2011
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