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Caja de transporte de órganos.
(iStock)
En Estados Unidos se presentó en agosto un proyecto de ley que establece que a toda persona que ceda un riñón “de forma no dirigida”, se le compensará con beneficios en la declaración de la renta
Ha costado muchos siglos de la historia del mundo ir combatiendo toda una serie de comportamientos degradantes para el ser humano como la esclavitud, el colonialismo, y más modernamente algo tan lamentable como que la gente con pocos recursos venda sus órganos para intentar paliar sus problemas económicos, poniendo en grave riesgo su vida y su salud.
En esta carrera contra la comercialización del ser humano, en la que la ONT española siempre ha estado en primera fila, se ha involucrado la mayoría de la comunidad médica internacional y un número creciente de países e instituciones encabezadas por la OMS y la ONU a través de una larga serie de resoluciones y acciones concretas. Aunque es evidente que no se ha conseguido erradicar el problema, que se calcula afecta a un 5-10% de la actividad trasplantadora mundial, al menos se ha limitado y combatido en zonas del mundo donde amenazaba con experimentar un crecimiento imparable como es el caso de China, gran parte de Asia y África, y los países de la antigua Unión Soviética.
Pero es evidente que vivimos tiempos de cambio y casi nunca para bien. Un retroceso de estas políticas en los países que han sido locomotoras de las mismas, como Estados Unidos o la Unión Europea, podría desencadenar una reacción en cadena en el resto del mundo de consecuencias impredecibles. Pues ni más ni menos eso es lo que parece estarse pergeñando en el Congreso Norteamericano de la mano de la oleada trumpista que parece invadirlo todo.
El pasado mes de agosto, cuando ya estaba cantado el giro político que se iba a producir poco después en USA, la congresista republicana por el estado de Nueva York, Nicole Malliotakis, presentó junto con otros 18 congresistas del mismo partido, el proyecto de ley llamado Ending Kidney Deaths Act (H.R.9275), algo así como Ley para acabar con las muertes renales y dada la mayoría del partido republicano, caben pocas dudas de que se acabará aprobando.
La H.R.9275 establece que a toda persona que ceda un riñón "de forma no dirigida", se le compensará con 50.000$ en reducciones fiscales que se harán efectivas en un plazo de 5 años a razón de 10.000$ anuales. Las donaciones no dirigidas excluyen las que se hacen entre familiares o amigos, que van encaminadas a una persona determinada. Serían equivalentes a lo que en España se ha denominado buen samaritano o donación altruista, solo que, en este caso, el altruismo ha sido definitivamente eliminado y cambiado por 50.000$ que pagaría el estado. El riñón obtenido de esta forma se asignaría al receptor de la lista de espera con mejor compatibilidad de acuerdo con los criterios vigentes en cada momento.
Como era de esperar, el asunto está generando polémica, sobre todo entre los expertos en trasplante que han liderado durante años las directrices norteamericanas e internacionales en favor de "generalizar unos estándares éticos que garanticen unos criterios clínicos y unas normas éticas basadas en el consentimiento informado y voluntario del donante, como un acto altruista realizado sin pago económico ni otro tipo de compensación o recompensa" (Resolución 77/236 de la Asamblea General de la ONU, 15-12-22). Un grupo de ellos del máximo nivel, tradicionalmente ligados al partido demócrata, publica en el número de marzo de 2025 de la revista Transplantation, órgano oficial de la Sociedad Internacional de Trasplantes, un artículo en el que dejan clara su opinión de que la propuesta de ley es contraproducente por muchos motivos y va a conseguir lo contrario de lo que se propone aparte de ir en contra de todos los estándares éticos globales.
El proyecto H.R.9275 se basa en una idea muy simple, planteada y desarrollada durante años por los economistas de la Escuela de Chicago que han ido preparando el terreno en múltiples foros: cuando la demanda de un bien determinado excede la oferta, los precios suben y se genera un estímulo para aumentar la producción y alcanzar un nuevo equilibrio. La norma crearía de esta forma un mercado regulado en el que se cambiarían riñones por dólares. El problema es que los riñones no se fabrican y el hecho de que se pague por ellos no tiene por qué aumentar su disponibilidad.
El consecuente desincentivo de la donación altruista
Los argumentos en contra, expuestos en el artículo antes citado, se dirigen a que una norma de este estilo va a desincentivar la donación altruista entre familiares o amigos dado que se podrían obtener los riñones de esta forma sin los riesgos ni las molestias de una donación estándar, y además pagados por el estado. Por descontado que los que accedan a vender su riñón procederán mayoritariamente de las clases desfavorecidas, al tiempo que se abriría la puerta a una compraventa directa de riñones. Si el estado paga 50.000$ por un riñón, cómo se va a condenar que un particular pague directamente 100.000$ o por qué los familiares de un donante fallecido no se van a beneficiar de los incentivos económicos pagados por el estado.
La introducción de este mercado inicialmente regulado traería presumiblemente como consecuencia un fenómeno de pendiente deslizante en el que todo acabaría desregularizado y con una previsible caída de la actividad de donación tanto de personas vivas como fallecidas, paralelas a las de los estándares éticos.
Los ejemplos internacionales, aunque no totalmente equivalentes, van en esta línea. En Irán, la implantación de un sistema similar en los años ochenta, hizo caer la donación de personas fallecidas, y acabó estableciendo un sistema mixto de compraventa de riñones de vivo. El paso de Hong Kong a China en 1997 hizo caer la donación altruista de riñón de vivo en un 60-70% en la siguiente década, al ser mucho más fácil irlo a comprar a cualquier ciudad china.
Curiosamente, estos movimientos se producen en un momento en el que los Estados Unidos han alcanzado unas cifras de donación de personas fallecidas extraordinarias, muy poco por detrás de las españolas, como consecuencia en gran medida de su epidemia de consumo de fentanilo, al tiempo que mantienen una gran actividad de donación de vivo muy superior a la nuestra. Desde estas mismas líneas comentamos la reciente iniciativa de Nueva York en esta línea, aunque mucho más tímida, así como los delirantes planteamientos preelectorales de Miley, también en esta dirección, que luego acabaron en nada. Sin embargo, esto es mucho más elaborado y ya está en el carril legislativo que muy probablemente le permitirá ver la luz.
Nada parece importar a los promotores de la ley, que como en tantos otros aspectos de la vida parecen decididos a cambiar radicalmente las reglas, opine lo que opine el resto del mundo. Su predicción de que con esta ley se salvarían 100.000 americanos de la lista de espera solo puede calificarse de fake news a las que tan aficionados son sus promotores. Al tiempo, la repercusión que un hecho de este calibre puede tener en las políticas de donación y trasplante de la comunidad internacional es impredecible, pero todo hace apuntar que serán muy negativas. Corren malos tiempos y no solo para la lírica.
