El Principado afronta su mayor reforma económica, con la implantación de los primeros impuestos directos, salpicado por las últimas polémicas de evasión fiscal.
El viaje a Andorra lo harían cuatro personas. Xavi (nombre ficticio) llamó al banco y dio el código de la cuenta del familiar fallecido de la que tenía poderes. Nada de nombres ni cantidades por teléfono. La mañana siguiente, una empleada le esperaba en la primera planta de la sede bancaria. Todo muy de película: ascensor, timbre, códigos... Primero escribió su número secreto a mano para que su caligrafía le identificase. Así funciona. Cuando apareció el encargado de su cuenta, charlaron, movieron cantidades y le preguntó cómo quería el dinero. Había unos 100.000 euros en la cuenta. “Billetes de 100 y 200”, respondió. Sacó 36.000, lo justo para volver a España con 9.000 euros encima cada uno sin problemas en la aduana. “No lleven más de eso por persona”, le recordó su agente. Firmó el recibo a mano con su código, lo destruyó y él y sus acompañantes ocultaron los billetes bajo la ropa. El viaje se repetirá en los próximos meses hasta que la cuenta esté completamente vacía.
La Guardia Civil se incautó de 3.119.000 euros en la frontera en 2013. El dinero ya es el producto estrella
Como Xavi, muchas de las 7.000 personas que cruzan a diario la frontera con Andorra estos días son españoles en busca de ahorros que habían depositado en uno de sus cinco bancos cuando todavía operaban en régimen de paraíso fiscal. El caso Pujol y las urgencias generadas por la crisis han aumentado el trasiego. Su perfil, señalan fuentes policiales, es a grandes rasgos el de una pareja de clase media, pocos ocupantes y coche de alta gama que cruza la frontera a media mañana.
El dinero es hoy el producto de incautación estrella en este puesto de control de la Guardia Civil, que ha perfeccionado sus métodos para rastrearlo. Incluso con perros capaces de detectar el aroma de los billetes. Pocos viajeros cometen el error ya de llevar más de 10.000 euros por persona y viaje, el límite legal, explica una mañana de diciembre en la aduana de la Farga de la Mola el teniente jefe de la Guardia Civil Alberto Blanco. Pero aún así, en 2013 se levantaron 119 actas y se requisaron 3.139.271 euros, casi el triple que en 2012. Aquí han visto de todo. Correos humanos, un hombre que se comió un recibo bancario que le delataba, carritos de bebé forrados de billetes y hasta una pareja de 80 años con 700.000 euros en una maleta.
La Guardia Civil registra un vehículo el pasado viernes en la Aduana de la Farga de la Mola. / JAVIER MARTÍN
Los agentes de la aduana tiran de psicología. “De aquí salen sabiendo siempre si alguien les miente. Y el dinero es miedoso”, dice el teniente Blanco mientras rebusca en su archivo los datos de incautaciones. En Andorra se acumuló y generó mucho en muy poco tiempo. Sin embargo, y pese a las últimas polémicas como la de la vocal del Consejo General del Poder Judicial que dimitió tras ser descubierta en la frontera llevando 9.500 euros ella y más de 10.000, el límite legal, su hermana—, o la nueva residencia andorrana del motociclista Marc Márquez, hoy el Principado se esfuerza en dejar atrás ese aura de país opaco y refugio de evasores donde sus ciudadanos no pagan impuestos. El caso Pujol lo ha complicado. Como explica un empleado de banca que prefiere no revelar su nombre, “ha hecho mucho daño”. “El problema no es la imagen de opacidad. Sino el miedo de los clientes a las filtraciones de información”, insiste.
Lo primero que se ve al cruzar la frontera es el enorme anuncio de una entidad financiera. Los cinco bancos del Principado, que constituyen el 18% del PIB, gestionan 40.000 millones y dan trabajo a 2.500 herméticos empleados. Pero el secreto bancario, la piedra angular sobre el que se construyó la prosperidad financiera, también es hoy algo más relativo. España dejó de considerar a Andorra paraíso fiscal en 2011 gracias a un convenio de intercambio de información que obligaba al Principado a dar datos de sus clientes en procedimientos penales y tributarios abiertos en España.
El Principado se encaminó hacia un futuro de transparencia bancaria total (2016 es la fecha para integrarse en un grupo de países que compartirá la información), pero esta solo llegará, dicen sus gobernantes, si lugares parecidos como Suiza o Liechtenstein hacen lo mismo. Ahora solo se proporciona información a requerimiento de un juez o de la Agencia Tributaria y en casos concretos. España no puede aún pedir una lista de todas las cuentas bancarias a nombre de sus nacionales.
Los bancos, en la medida de sus nuevas posibilidades, siguen protegiendo al máximo el anonimato de sus clientes. Pero para muchos ya no es suficiente. Especialmente, para los que quieren ocultar actividades ilegales. En el sumario de la operación Emperadorcontra la mafia china, por ejemplo, las escuchas policiales revelaron que los implicados vivieron como un auténtico drama que Andorra dejara de ser un paraíso fiscal a tiro de piedra. Derivaron todas sus operaciones de blanqueo a Suiza y a otros territorios más seguros.
Con la llegada de la crisis y la caída de los ingresos (el presupuesto del país es de unos 400 millones de euros, menos que el del FC Barcelona), Andorra emprendió una serie de reformas económicas que incluían la histórica implantación de los primeros impuestos directos (Impuesto de Sociedades y de Actividades Económicas) que culminará en enero con la controvertida llegada del IRPF, cuyo tipo máximo será del 10%. Puede parecer insuficiente, pero desde la aprobación de su Constitución, en 1993, no se había vivido una revolución similar.
Aquella Carta Magna transformó un país guiado todavía por inercias casi feudales y normas basadas en los usos y costumbres —hasta los años 70 no votaron las mujeres— en un sistema democrático. Sus dos jefes de Estado (el presidente de la República Francesa y el obispo de la Seu d'Urgell), que actuaban como una suerte de virreyes, pasaron a tener un papel casi simbólico.
El peso de las grandes familias se fue reduciendo, pero todavía hoy es difícil disociar el poder de los apellidos que lo han ostentado durante años, la mayoría vinculados a la banca. Más, en una cerrada sociedad de montaña donde residen 70.000 personas, de las cuales solo 34.800 son andorranos. Los grandes nombres siguen siendo los de la familia Mora (MoraBanc); los Ribas Reig (tabaco y Andbank); los Cerqueda (también en Andbank, donde el padre de Jordi Pujol depositó su dinero); los Cierco (dueños de los hoteles Plaza y de la Banca Privada de Andorra); o los Pérez (dueños de los centros comerciales Pyrénées).
La promiscuidad entre el mundo empresarial y la política es aún evidente. Entre los 28 miembros del Consell General, el equivalente al parlamento andorrano —hoy joven y paritario al 100%— y en el propio Govern es fácil encontrar perfiles vinculados a ambos mundos. Aquí esta dualidad, en general, no se vive como algo negativo o éticamente reprobable, dice el portavoz y ministro de Finanzas andorrano, Jordi Cinca (de la coalición de centroderecha Demòcrats per Andorra que preside Toni Martí). “No somos tantos donde elegir”. Un caso paradigmático es el de Òscar Ribas Reig, Cap de Govern tres veces y presidente de honor de Andbank, profundamente respetado en esta sociedad. “Porque no engaña a nadie”, insiste Cinca. “Todo el mundo sabe cuáles son sus intereses. Y aún así, fue de los primeros impulsores de los impuestos pese a que no debía convenirle”.
La clave familiar explica muchos elementos de un país de 468 kilómetros cuadrados donde solo el 1,3% de su superficie está urbanizada. Los Calbó, otro apellido ilustre, son un claro paradigma del meteórico estallido económico que vivió Andorra en los años 60. Vivían del trigo y de la ganadería (vacas y ovejas que todavía tienen) junto a 12 familias más en Soldeu, a 1.850 metros de altura. Nunca faltó de nada, “pero tampoco sobraba”, cuenta Josep Areny (Calbó es como se conoce la casa familiar) sentado en el Hermitage, un espectacular hotel de cinco estrellas de los tres que regenta ahora la familia. Josep fue monitor de ski, luego montó una tienda de deportes, un hotel… Su fortuna creció con la nieve y la explosión comercial que atrajo a la masa de turistas: hoy siete millones anuales.
Corrían los años 60 y en España la creciente clase media vio un dorado en el diminuto país pirenaico. Andorra la Vella, la capital, se convirtió en un enorme centro comercial y las familias que supieron aprovechar el crecimiento se hicieron millonarias. Puede que demasiado rápido. “Quizá nos cegamos un poco y no gestionamos bien nuestro futuro”, señala Calbó, que también se dedicó un tiempo a la política. “Andorra hoy tiene problemas económicos. Hemos especulado demasiado y no hemos cuidado el comercio. Nos hemos preocupado más de la cantidad que de la calidad. Un modelo económico fácil”.
El explosivo crecimiento de Andorra —el parque móvil actual es de 73.694 vehículos por 70.000 habitantes— se basó en el comercio (1.400 establecimientos) y la baja fiscalidad. “De repente si tu vecino tenía un Mercedes, también te comprabas uno”, cuenta un empresario del Principado. Pero casi nada de industria. Y una autarquía considerable: hasta hace dos años, cualquier empresa extranjera que quisiera establecerse en Andorra solo podía poseer un 49% de su negocio y debía recurrir a la figura del prestanoms [un ciudadano andorrano que prestaba su nombre a cambio de dinero].
Ahora las tiendas mantienen un IVA (ahí se llama IGI) del 4,5%, pero la globalización y la implantación de grandes superficies low cost en los países vecinos han convertido el paisaje de la avenida Meritxell, donde comercios con los mismos productos se extienden puerta con puerta, en un anacronismo económico. “Somos demasiados vendiendo lo mismo”, se queja la dependienta de una tienda de electrónica que, como tantos, prefiere no dar su nombre porque “nos conocemos todos”.
Se buscan nuevos actores y otro tipo de visitantes. La próxima inauguración del aeropuerto de Andorra (en la Seu d'Urgell) atraerá a unos cuantos. Por eso se aprobó también un proyecto de ley del juego y está a punto de implantarse un casino. Se baraja instalarlo en los bajos de 1.800 metros del centro termal Caldea —en su momento una revolución turística—, donde también podría acabar una sede del museo Thyssen.
En muchos sentidos Andorra sigue siendo un país conservador y poco amigo de los cambios. Las reformas cuestan. “La oposición es generalizada en los impuestos indirectos”, señala Cinca. “Es un tema cultural. La gente piensa que la mejor barrera para que no suban, es no ponerlos. Es algo lógico si vienes de ser un país que no los ha tenido nunca”.
Pero ya cambiaron antes y se adaptaron. Algunas fortunas comenzaron con el contrabando. Era rentable y carismático. Hoy este negocio ha quedado relegado a una serie de cuadrillas que lo practica por carretera o a través de la montaña “con equipos de visión nocturna e inhibidores de frecuencia”, explica una persona que conoce bien el negocio. Siempre son los mismos. Los más jóvenes son los que se juegan el cuello. Principalmente pasan tabaco (en 2013 la Guardia Civil levantó 501 actas por este delito y se incautó de 106.785 cajetillas y 325 kilos de picadura por valor de medio millón de euros) y fármacos. “El contrabandista aquí no tiene un reproche social”, señala el teniente Blanco.
Parecido a lo que sucedió durante años con el dinero. Pero la situación ha cambiado. Los bancos buscan reformular sus ventajas competitivas —del secreto bancario a la experiencia y la profesionalidad— para no perder clientes en un mercado global. Y el país se encamina hacia un modelo de crecimiento en el que sus ciudadanos empezarán a soportar el peso de la economía. Una vida, en suma, fuera del paraíso.
El país en cifras
Andorra tiene 69.966 habitantes, de los cuales el 49,7% son andorranos; el 24,5%, españoles; el 13,7% portugueses y el 3,8, franceses.
Andorra no tiene Banco Central. La moneda utilizada es el euro y su PIB del Principado es de 2.447 millones de euros. La renta per cápita de sus ciudadanos es de 34.975 euros.
El idioma oficial es el catalán. Pero en la eduación pública, además del andorrano, puede elegirse el sistema francés o el español. La sanidad es pública, pero incluye algunas formas de copago en medicamentos y consultas (se cubren al 70%), y cirugías y hospitalizaciones (al 90%).
Los empleados cotizan un 4,5 % a la seguridad social, mientras las empresas lo hacen en un 14,5%.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/20/actualidad/1419077572_681686.html
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