Una filtración masiva de documentos revela maniobras para aguar los criterios y sacar a países de las listas
El secreto bancario está intacto: solo ha muerto en las páginas de los diarios mal informados. Y los paraísos fiscales gozan de una salud de hierro: Europa presentó en diciembre su lista negra, después de años de cuitas y trifulcas, pero nada —absolutamente nada— ha cambiado desde entonces. En la lista de la UE aparecían apenas 17 jurisdicciones no cooperativas: no está Suiza, paraíso de todos los paraísos, o Bermudas, o las islas del Canal de la Mancha, una suerte de cloaca de la City de Londres. En enero quedó reducida a nueve nombres; ni siquiera está ya el país de los tristemente famosos Papeles de Panamá, en los que figuran varias grandes fortunas españolas con pocas ganas de pagar al fisco.
Una filtración masiva de documentos internos de la UE a la que ha tenido acceso EL PAÍS revela lo que ya era un secreto a voces. Además de insuficiente, esa lista se elaboró con la máxima opacidad, con criterios muy discutibles y con fuertes presiones de Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda e, incluso, Francia para suavizarla o sacar directamente del listado a algunos aliados naturales.
El sistema tributario es una especie de queso gruyer plagado de agujeros para las multinacionales: las grandes empresas —y las grandes fortunas— se han especializado en establecer microfiliales en paraísos fiscales en los que los impuestos son bajos o nulos. Lo han hecho con impunidad y, a menudo, con la conciencia tranquila. La lista europea era una manera de poner coto a ese método, pero los 19 documentos del Consejo Europeo filtrados ayer por el grupo de Los Verdes en la Eurocámara pone de manifiesto, sobre todo, la “absoluta falta de transparencia” en todo ese proceso. Hasta la Comisión Europea coincide: “Nos gustaría ver más hambre de transparencia en todo el proceso, pero los Estados miembros no transigen”, destacan fuentes europeas.
Reino Unido se va, pero Londres torpedea sistemáticamente cualquier tipo de iniciativa fiscal que perjudique a sus excolonias, en especial a las jurisdicciones no cooperativas que han surgido como setas en el Canal de La Mancha. Los documentos revelan que Reino Unido puso todas las trabas posibles para fijar una metodología útil: defendía, por ejemplo, que los países con un impuesto de sociedades “del 0% ó próximo al 0%” no tenían por qué ser paraísos fiscales, siempre según esos documentos. “A pesar de los obstáculos, se consensuó un lenguaje aceptable, pero que aguaba en parte los criterios”, admiten fuentes de la Comisión.
Estados señalados
Irlanda y Luxemburgo, que no son paraísos pero sí limbos fiscales que durante décadas han desarrollado la competencia tributaria a la baja, apoyaron demandas británicas. Luxemburgo presionó para evitar las sanciones, que al fin y al cabo son el elemento coercitivo para que los países señalados intenten salir de esos listados. Incluso la Francia de Macron presionó hasta el último minuto para sacar a Marruecos de la lista.
Hay nueve países señalados y 55 jurisdicciones en la lista gris europea (Andorra, Suiza, Qatar, Belice, Jersey, Liechtenstein y demás sospechosos habituales figuran en esa segunda lista, idea del Gobierno español). Esos 55 países no están en la lista negra porque han mostrado compromisos para cambiar su política fiscal. Pero esos compromisos no son conocidos. El calendario para aplicar las medidas imprescindibles para evitar su salto a la lista negra tampoco es público: Andorra debe anular o modificar cuatro regímenes tributarios (según uno de los documentos filtrados), pero nadie excepto su Gobierno sabe exactamente cuáles y cuándo. Los Verdes reclaman “que se publiquen las cartas de los 55 países con los compromisos adquiridos”, aseguraba anoche el eurodiputado Ernest Urtasun; un portavoz del comisario Pierre Moscovici alegó que Bruselas quiere exactamente lo mismo, pero el Consejo —los Estados miembros— “se ha negado sistemáticamente a hacer públicas esas cartas”. “No sabemos ni en qué plazos ni en qué términos se van a enmendar y corregir esos regímenes nocivos”, denuncia Urtasun. Mientras eso siga igual, las listas son papel mojado.
Bruselas
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