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El Parlamento Europeo.
(Europa Press/Álex Flores)
El Consejo no alcanza la mayoría suficiente para sacar adelante la nueva norma europea que impone multas a las compañías que no respeten los derechos humanos
La nueva norma europea de responsabilidad corporativa, la conocida como directiva de diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés, o EGS, por sus siglas en español), llevaba tiempo bordeando el limbo legislativo europeo. El acuerdo cerrado entre el Parlamento Europeo y la presidencia española del Consejo de la Unión Europea necesitaba todavía completar las últimas formalidades, ser aprobada por la Eurocámara y por el Coreper, la reunión de embajadores representantes permanentes de la Unión Europea. Pero en una reunión celebrada este miércoles, los enviados de los Veintisiete no han podido alcanzar la mayoría cualificada necesaria.
El acuerdo político alcanzado en diciembre, capitaneado por parte del Consejo por Gonzalo García Andrés, en aquel momento secretario de Estado de Economía, tenía el respaldo de los suficientes Estados miembros, pero los críticos consideran que no era lo suficientemente sólido. En enero, en una situación electoral crítica y ya en una actitud poco leal hacia el resto de la coalición de Gobierno en Alemania, los liberales del FDP, que son los socios minoritarios de los socialdemócratas (SPD) y los Verdes (Grüne), empezaron a moverse en contra del acuerdo alcanzado. Aunque ya había un acuerdo político que se había cerrado asumiendo que el Gobierno alemán apoyaría el texto, ahora las cosas se estaban moviendo en Berlín. Algo similar había ocurrido en 2022, cuando Alemania dio marcha atrás a un acuerdo político ya cerrado para prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2025.
La ley todavía no está muerta, pero entra en una situación crítica. Cada vez queda menos tiempo para que la Eurocámara entre en receso, y reabrir el acuerdo de diciembre provocará que todos los actores quieran retocar distintas partes de la CSDDD. En la Eurocámara hay voluntad de sacar adelante la regulación, pero saben lo delicado que sería volver a la mesa de negociación a un debate demasiado abierto. La duda de algunos de los actores es si Alemania tiene interés real en que esto se cierre a tiempo antes de las elecciones europeas o no existe una opción real de cerrar el pacto.
La actual regulación establecía la responsabilidad de las compañías en caso de que se produjeran violaciones de los derechos humanos o daños al medioambiente a lo largo de la cadena de suministro. Para algunas empresas alemanas que operan en lugares como la provincia china de Xinjiang, donde ONG y distintos gobiernos europeos consideran que se está cometiendo un genocidio contra la minoría uigur y donde existen campos de trabajo forzados según distintos investigadores, esta regulación planteaba un enorme reto. Francia ha intentado salvar la regulación CSDDD descafeinándola de manera radical y sacando de su alcance a miles de compañías al aumentar el número de empleados necesarios para ser sujetos a estos requisitos.
Ha habido otros países, como Italia, donde la patronal ha hecho una enorme presión, cuya abstención ha sido también clave, pero lo cierto es que ha sido la decisión de Alemania de abstenerse la que ha hecho que muchos otros Estados miembros sigan su ejemplo. Aunque el vicecanciller Robert Habeck, ecologista, ha defendido apoyar el CSDDD hasta el final, la oposición frontal del FDP, con los ministros de Finanzas, Christian Lindner, y el de Justicia, Marco Buschmann, haciendo una fortísima presión, ha hecho que Berlín acabe absteniéndose. Se trata de un ejemplo de libro del llamado voto alemán, cuando los representantes alemanes se abstienen en el Consejo por un bloqueo en Berlín producto de la descentralización de la dirección de los asuntos europeos dentro del Gobierno alemán y del choque que a veces se produce cuando dos departamentos dentro de un Ejecutivo de coalición defienden posturas distintas sobre un dosier europeo.
"A pesar de los esfuerzos de la presidencia, el apoyo suficiente no se ha conseguido", ha lamentado este miércoles la presidencia belga del Consejo de la UE, que tomó el testigo de la española el pasado 1 de enero. "Ahora tenemos que considerar el estado de la cuestión y ver si es posible abordar las preocupaciones planteadas por los Estados miembros en consultas con el Parlamento Europeo", han añadido los belgas, que ya intentaron que el asunto se votara en varias ocasiones a lo largo de este mes de febrero, sin encontrar nunca el apoyo suficiente.
Nele Meyer, directora del European Coalition for Corporate Justice, ha calificado de "deplorable" la decisión de este jueves y ha "implorado" a los Estados miembros que vuelvan a la mesa de negociación. "Quienes han bloqueado hoy esta legislación han mostrado indiferencia ante la explotación de los trabajadores y la degradación del medio ambiente. Han dejado que las luchas políticas internas tengan prioridad sobre el bienestar del planeta y de su gente, lo cual es inaceptable. La comunidad mundial está observando, y la credibilidad y el liderazgo de la UE están en juego", ha criticado por su parte Isabella Ritter, responsable de Política de la UE, en ShareAction.
Ahora todo el mundo sabe que hay una carrera contrarreloj. Después de abril el Parlamento Europeo, que necesita dar también su visto bueno final al acuerdo interinstitucional de diciembre, la cámara entrará en receso de cara a las elecciones europeas de junio de 2024, que, según las encuestas, arrojará una mayoría mucho más conservadora que podría tener pocas simpatías por esta ley. "El reloj está corriendo", explica una fuente diplomática. Si no se cierra un acuerdo entre Estados miembros pronto, el dosier correría el riesgo de no poder ir al Pleno de abril de la Eurocámara, quedando así en el "limbo" europeo en el que quedan los textos legislativos que han perdido impulso y respaldo político durante su recorrido.
