El 55% de los practicantes rechaza un trato preferencial sobre las demás religiones.
Se impone la aceptación de las familias gais.
Más de la mitad de los católicos que se declaran practicantes creen que España debe terminar con el trato preferente a la Iglesia católica. Según los datos de una encuesta elaborada por Metroscopia para EL PAÍS, este porcentaje se dispara hasta el 72% entre los poco practicantes y llega hasta el 77% entre los que nunca acuden a misa. Estos dos grupos son los mayoritarios entre los fieles, ya que mientras 7 de cada 10 españoles se definen como católicos, solo un 17% dicen visitar con regularidad algún templo.
El sondeo de Metroscopia coindice con el anuncio de una iniciativa inédita. A principios de mes se conocía que el Papa Francisco busca, a través de una macroencuesta mundial, conocer la opinión de los fieles sobre algunas de las materias tradicionalmente más peliagudas en la doctrina vaticana: natalidad, divorcio y homosexualidad. Desde que el argentino Jorge Mario Bergoglio fuese elegido Papa —un pontífice que ha dejado la puerta abierta en varias ocasiones al cambio— ha aumentado el número de españoles partidarios de una reforma en la doctrina de la Iglesia católica.
Un 76% de españoles quieren retirar a la Iglesia el estatus preferencial que le otorgan los acuerdos de España con la Santa Sede —un 3% más que hace ocho meses, cuando Metroscopia sondeó a la población sobre el primer mes de pontificado de Francisco—. Acuerdos que, pese a la declarada aconfesionalidad constitucional del Estado, ponen a la religión católica en una situación de ventaja respecto al resto de fes. Entre otras prebendas, la Iglesia está exenta del pago del impuesto sobre bienes inmuebles y del de Sucesiones, el Estado sufraga el sueldo de más de 3.000 profesores de la asignatura de Religión y la enseñanza católica tiene un trato preferencial en los colegios públicos.
Los resultados de la encuesta, realizada a principios de noviembre, reflejan una aceptación mayoritaria de la ampliación del concepto de familia. El 51% de los católicos practicantes creen que esta “no tiene por qué referirse exclusivamente a la constituida por un hombre y una mujer”. Ocho de cada 10 católicos poco o nada practicantes secundan esa afirmación. Y pese a los recelos de la Conferencia Episcopal Española, que ha mostrado su oposición continua a que las parejas homosexuales adopten niños, el 55% de los católicos practicantes creen que la Iglesia debe reformarse para aceptar que una pareja del mismo sexo “está tan capacitada para criar a un niño como una pareja compuesta por personas de diferente sexo”. Entre aquellos que se definen como poco practicantes, el porcentaje de aceptación de esta tesis —79%— es incluso un punto superior al global de la población.
La aceptación del divorcio entre los católicos españoles es abrumadora. El 84% de los practicantes y más del 90% de los pocos o nada devotos está a favor. “El divorcio es algo común hoy día también para los católicos. Yo misma estoy separada y soy una feligresa habitual”, reconoce a las puertas del Oratorio de Caballero de Gracia de Madrid, regido por el Opus Dei, una funcionaria que ha aprovechado su descanso matinal para acudir al templo.
Pese a la opinión mayoritaria de los católicos —como muestra la encuesta de Metroscopia— y la intención del papa Francisco de escuchar la voz de los fieles, los guardianes vaticanos de la fe han salido raudos a frenar la hipotética apertura a las nuevas familias. El arzobispo alemán Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (el antiguo Santo Oficio) ha mostrado su rechazo a que los casados en segundas nupcias puedan comulgar. “El divorcio no es coherente con la voluntad de Dios”, declaró recientemente.
En España, aún más unánime que la aceptación del divorcio es la normalización del uso de anticonceptivos. Algo que apoyan el 88% de los católicos practicantes y el 95% de aquellos menos asiduos a las homilías. “Los que tenemos hijos jóvenes sabemos que la realidad es la que es... Y la Iglesia debe estar abierta para entender estas situaciones”, apuntaba el viernes Rosa García, de 52 años, tras escuchar la misa de 10.00 en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Madrid.
Las preguntas lanzadas mundialmente por Francisco a sus fieles también van encaminadas a conocer qué atención pastoral sería posible ofrecer a las parejas del mismo sexo y a sus hijos. En España ha aumentado cinco puntos en un año —del 75% al 80%— el porcentaje de quienes, católicos o no, piensan que lo “realmente importante” para un niño es poder crecer en un ambiente de cariño y protección con independencia de que este se dé en una familia gay, heterosexual o monoparental. Y aunque los católicos practicantes siguen estando mayoritariamente de acuerdo con esta premisa —el 55% así lo manifiesta—, hay una brecha importante entre estos fieles y los poco o nada practicantes, donde el nivel de aceptación rebasa el 80%.
Sin embargo, cuando se menciona explícitamen te la adopción y se pregunta si lo más importante en ella es fijar qué es lo mejor para el menor sin que influya la orientación sexual de los adoptantes, los porcentajes de aceptación son —salvo para los católicos practicantes que sube dos puntos— algo más bajos que si solo se hace referencia a la crianza del niño sin incluir la palabra “adopción”. Aun así, tres de cada cuatro españoles y más del 75% de los católicos poco o nada practicantes coinciden en que para determinar qué es lo mejor para el bienestar del niño es irrelevante la orientación sexual de sus padres.
Por sesgo político, cuatro de cada 10 votantes del Partido Popular (PP) rechazan obviar la orientación sexual de los adoptantes y el 53% niega que lo “realmente importante” sea que el niño crezca en un buen ambiente familiar con independencia de por quién esté formado este.
En espera de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presente la reforma de la ley del aborto, pospuesta varias veces, algo más de la mitad de los españoles —el 53%, según Metroscopia—, se muestra partidario de mantener una ley de plazos como la actual, que permite la interrupción del embarazo sin alegar ninguna razón hasta la semana 14 de gestación. El respaldo a la norma —similar a la del entorno europeo— ha subido siete puntos desde abril.
Un 7% de la población cree que el aborto no debería ser legal en ningún caso, y un 37% apuesta por una norma de supuestos como la que rigió en España desde principios de los ochenta hasta 2010; una época en la que el aborto estaba despenalizado solo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.
Entre los católicos, el 58% de los no practicantes abogan por una ley de plazos; un porcentaje cinco puntos superior a la opinión global de los entrevistados. La opción preferida para el 53% de los católicos practicantes habituales y para el 49% de los poco practicantes es, sin embargo, la de una ley de supuestos.
El 55% de los votantes del PP y el 26% de los socialistas apuestan también por esa opción. Uno de cada 10 votantes populares y el 4% de los fieles al PSOE creen que el aborto debe ser considerado delito.
Acabar con la discriminación de la mujer en el gobierno de la Iglesia suscita el apoyo de 9 de cada 10 ciudadanos, aunque el porcentaje baja hasta el 75% entre los católicos practicantes. Mientras, la necesidad de abordar una investigación a fondo de los casos de pederastia pone de acuerdo a la práctica totalidad de los españoles, ya sean o no católicos.
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