La desaceleración económica se ha instalado en la segunda potencia mundial y amenaza con arrastrar a aquellos países que dependen de sus pedidos.
China afronta tiempos difíciles. La desaceleración económica pone de relieve los problemas que sufre el país asiático y subraya la necesidad de que Pekín impulse cuanto antes las reformas pendientes.
El pasado viernes, 31 de enero, China entró en un nuevo año lunar: el año del caballo de madera. Según los astrólogos, deberá ser un año marcado por la estabilidad, la energía positiva, el optimismo y el momento de recoger todo lo sembrado. Sin embargo, la realidad parece contradecir estos vaticinios. Los últimos datos económicos del cierre del 2013 confirman la desaceleración económica en China y provocan la incertidumbre en muchas partes del planeta. Una coyuntura que puede ejercer un efecto dominó sobre aquellos países que basan su actividad económica en las exportaciones de materiales al gigante asiático.
El clima económico parece haber cambiado definitivamente en la segunda potencia mundial. La suma de factores que confluyen en que la tasa de crecimiento del PIB se situará en el 7,7% a finales del 2013, el dato más bajo desde 1999, confirma estas previsiones.
A los actuales dirigentes chinos se les acumulan los desafíos para modernizar la economía del país y que la demanda interna sustituya a las exportaciones como principal motor del gigante asiático, sin que ello derive en un estallido de malestar social. Las magnitudes del gigante asiático dificultan la rapidez para resolver los problemas, que se acumulan a cuál más importante.
Todos ellos contribuyen a dibujar un panorama sombrío para China en los meses venideros y que se traduce en la confirmación de la desaceleración económica en que ha entrado. El último dato sobre la actividad industrial no hace más que confirmar esta situación. El índice manufacturero anticipado de gerentes de compra (PMI, por sus siglas en inglés), elaborado por HSBC y orientado a las pymes y al sector privado, se contrajo en enero por primera vez en seis meses, al caer a 49,6 puntos. Para Qu Hongbin, economista de HSBC en China, se debe a "las condiciones de debilidad de la demanda doméstica". Un dato especialmente malo porque se supone que corresponde a un periodo de alta actividad adquisitiva previo a las fiestas del Año Nuevo Lunar.
La realidad es que los chinos están presionados por unos salarios bajos, un continuo aumento de los precios de los productos básicos y una espiral al alza del valor de la vivienda, que ha registrado un incremento medio del 20% en el último año.
La actividad industrial también atraviesa tiempos complejos. Refleja una pérdida de competitividad. Padece los efectos combinados de un aumento de los costes laborales, las exigencias medioambientales para frenar los altos niveles de contaminación y la apreciación del yuan. Unos factores que hicieron que las exportaciones perdieran fuerza en el 2013, según apuntó Zheng Yuesheng, portavoz de Aduanas, al anunciar los datos de comercio exterior.
Esta desaparición de ventajas derivadas de los costes de producción ha alimentado, por otra parte, el exceso de capacidad en los grandes conglomerados industriales estatales. Un problema que el Gobierno tiene encima de la mesa y que ha aparcado ante las divisiones que provoca en el Partido Comunista.
Y a esta situación complicada que afronta Pekín, se le han añadido últimamente otros asuntos que contribuyen a ensombrecer el horizonte chino. Se trata de la reciente revelación del colosal endeudamiento de los gobiernos provinciales y locales chinos, que se eleva a 17,89 billones de yuanes (casi 2,2 billones de euros) y de que las operaciones de la banca paralela representan el 40% del sistema financiero chino.
Ante la envergadura de tales dificultades, muchos observadores se cuestionan si el Partido Comunista no optará por ralentizar las reformas que tenía previsto impulsar este año, incluida la del sector financiero. Una transformación esta última considerada fundamental por el Gobierno para reactivar el ritmo de crecimiento de la economía.
Sin embargo, un aplazamiento de estas reformas no sólo afectaría a la credibilidad de Pekín y alimentaría las inquietudes en los mercados internacionales, sino que prolongaría la desaceleración económica en China. Una situación que podría afectar a otros países que se han convertido en proveedores-rehenes del sector productivo chino. El presidente Xi Jinping tiene la última palabra.
El clima económico parece haber cambiado definitivamente en la segunda potencia mundial. La suma de factores que confluyen en que la tasa de crecimiento del PIB se situará en el 7,7% a finales del 2013, el dato más bajo desde 1999, confirma estas previsiones.
A los actuales dirigentes chinos se les acumulan los desafíos para modernizar la economía del país y que la demanda interna sustituya a las exportaciones como principal motor del gigante asiático, sin que ello derive en un estallido de malestar social. Las magnitudes del gigante asiático dificultan la rapidez para resolver los problemas, que se acumulan a cuál más importante.
Todos ellos contribuyen a dibujar un panorama sombrío para China en los meses venideros y que se traduce en la confirmación de la desaceleración económica en que ha entrado. El último dato sobre la actividad industrial no hace más que confirmar esta situación. El índice manufacturero anticipado de gerentes de compra (PMI, por sus siglas en inglés), elaborado por HSBC y orientado a las pymes y al sector privado, se contrajo en enero por primera vez en seis meses, al caer a 49,6 puntos. Para Qu Hongbin, economista de HSBC en China, se debe a "las condiciones de debilidad de la demanda doméstica". Un dato especialmente malo porque se supone que corresponde a un periodo de alta actividad adquisitiva previo a las fiestas del Año Nuevo Lunar.
La realidad es que los chinos están presionados por unos salarios bajos, un continuo aumento de los precios de los productos básicos y una espiral al alza del valor de la vivienda, que ha registrado un incremento medio del 20% en el último año.
La actividad industrial también atraviesa tiempos complejos. Refleja una pérdida de competitividad. Padece los efectos combinados de un aumento de los costes laborales, las exigencias medioambientales para frenar los altos niveles de contaminación y la apreciación del yuan. Unos factores que hicieron que las exportaciones perdieran fuerza en el 2013, según apuntó Zheng Yuesheng, portavoz de Aduanas, al anunciar los datos de comercio exterior.
Esta desaparición de ventajas derivadas de los costes de producción ha alimentado, por otra parte, el exceso de capacidad en los grandes conglomerados industriales estatales. Un problema que el Gobierno tiene encima de la mesa y que ha aparcado ante las divisiones que provoca en el Partido Comunista.
Y a esta situación complicada que afronta Pekín, se le han añadido últimamente otros asuntos que contribuyen a ensombrecer el horizonte chino. Se trata de la reciente revelación del colosal endeudamiento de los gobiernos provinciales y locales chinos, que se eleva a 17,89 billones de yuanes (casi 2,2 billones de euros) y de que las operaciones de la banca paralela representan el 40% del sistema financiero chino.
Ante la envergadura de tales dificultades, muchos observadores se cuestionan si el Partido Comunista no optará por ralentizar las reformas que tenía previsto impulsar este año, incluida la del sector financiero. Una transformación esta última considerada fundamental por el Gobierno para reactivar el ritmo de crecimiento de la economía.
Sin embargo, un aplazamiento de estas reformas no sólo afectaría a la credibilidad de Pekín y alimentaría las inquietudes en los mercados internacionales, sino que prolongaría la desaceleración económica en China. Una situación que podría afectar a otros países que se han convertido en proveedores-rehenes del sector productivo chino. El presidente Xi Jinping tiene la última palabra.
La deuda local y provincial es de 2,2 billones de euros
A finales del 2013 saltaron todas las alarmas en Pekín, al conocerse el resultado del informe de la Oficina de Auditoría Nacional sobre la deuda de las administraciones locales y provinciales del país asiático. El resultado fue peor de lo esperado.
La principal conclusión del trabajo llevado a cabo por 54.000 funcionarios a lo largo de seis meses de peinar 62.000 departamentos e instituciones gubernamentales fue que el nivel de endeudamiento había crecido un 67% desde finales del 2010, al pasar de 10,7 billones a 17,9 billones de yuanes (casi 2.2 billones de euros), una cifra equivalente a prácticamente un tercio del PIB total de China. Un aumento preocupante, no sólo por la velocidad de esta deuda, sino también por su variedad.
Este incremento colosal de endeudamiento tiene su origen en el afán de los gobiernos provinciales, comarcales, municipales y locales por cumplir el mandato de generar actividad económica para frenar los efectos de la crisis financiera internacional del 2008. Asumieron la responsabilidad sin disponer, en contrapartida, de recursos fiscales suficientes. Además, la mitad de la recaudación de los impuestos que realizan va a parar al Gobierno central, lo que reduce sus fuentes de financiación. Una coyuntura que les empujó a recurrir al endeudamiento para poder aumentar su capacidad inversora para financiar infraestructuras, bienes inmuebles y otros proyectos, a veces de dudosa rentabilidad.
Las consecuencias de estas iniciativas afloran ahora. Tras analizar más de 700.000 proyectos, los auditores llegaron a la conclusión de que al menos tres gobiernos provinciales, 99 ciudades, 195 administraciones de nivel de distrito y 3.465 municipios tenían deudas directas superiores al 100% de sus ingresos económicos anuales.
La situación es aun más compleja debido a que estas administraciones acudieron a la denominada ingeniería financiera para eludir la prohibición –salvo contadas excepciones– de recurrir a los préstamos bancarios o a la emisión de bonos. Una situación que eludieron mediante la creación de miles de vehículos financieros especiales para obtener recursos en nombre del Gobierno para financiar proyectos concretos. Una iniciativa que les ha situado ahora ante la responsabilidad de abonar obligaciones por valor de 6,9 billones de yuanes (unos 830.000 millones de euros) a finales de junio, según el informe de los auditores.
En Pekín, no sólo inquieta este volumen de la deuda de 17,89 billones, sino el hecho de que el 43% de esta cifra tiene su origen en fuentes paralelas a la banca oficial, según los auditores. Y un 11% procede de entidades pertenecientes a la denominada banca en la sombra. Esta realidad sugiere que el Gobierno deberá actuar con tiento en la adopción de medidas reguladoras respecto a estas sociedades, ya que podría afectar a la viabilidad financiera de algunos gobiernos provinciales y locales, así como su capacidad para devolver préstamos y pagar obligaciones, con la consiguiente creación del estado de alerta entre los inversores y en los mercados.
Para poner coto a esta situación, el Gobierno ha iniciado la búsqueda de fórmulas para dotar a estas administraciones de un nuevo sistema recaudatorio que les facilite financiación para sus proyectos, sin tener que acudir al crédito paralelo.
La principal conclusión del trabajo llevado a cabo por 54.000 funcionarios a lo largo de seis meses de peinar 62.000 departamentos e instituciones gubernamentales fue que el nivel de endeudamiento había crecido un 67% desde finales del 2010, al pasar de 10,7 billones a 17,9 billones de yuanes (casi 2.2 billones de euros), una cifra equivalente a prácticamente un tercio del PIB total de China. Un aumento preocupante, no sólo por la velocidad de esta deuda, sino también por su variedad.
Este incremento colosal de endeudamiento tiene su origen en el afán de los gobiernos provinciales, comarcales, municipales y locales por cumplir el mandato de generar actividad económica para frenar los efectos de la crisis financiera internacional del 2008. Asumieron la responsabilidad sin disponer, en contrapartida, de recursos fiscales suficientes. Además, la mitad de la recaudación de los impuestos que realizan va a parar al Gobierno central, lo que reduce sus fuentes de financiación. Una coyuntura que les empujó a recurrir al endeudamiento para poder aumentar su capacidad inversora para financiar infraestructuras, bienes inmuebles y otros proyectos, a veces de dudosa rentabilidad.
Las consecuencias de estas iniciativas afloran ahora. Tras analizar más de 700.000 proyectos, los auditores llegaron a la conclusión de que al menos tres gobiernos provinciales, 99 ciudades, 195 administraciones de nivel de distrito y 3.465 municipios tenían deudas directas superiores al 100% de sus ingresos económicos anuales.
La situación es aun más compleja debido a que estas administraciones acudieron a la denominada ingeniería financiera para eludir la prohibición –salvo contadas excepciones– de recurrir a los préstamos bancarios o a la emisión de bonos. Una situación que eludieron mediante la creación de miles de vehículos financieros especiales para obtener recursos en nombre del Gobierno para financiar proyectos concretos. Una iniciativa que les ha situado ahora ante la responsabilidad de abonar obligaciones por valor de 6,9 billones de yuanes (unos 830.000 millones de euros) a finales de junio, según el informe de los auditores.
En Pekín, no sólo inquieta este volumen de la deuda de 17,89 billones, sino el hecho de que el 43% de esta cifra tiene su origen en fuentes paralelas a la banca oficial, según los auditores. Y un 11% procede de entidades pertenecientes a la denominada banca en la sombra. Esta realidad sugiere que el Gobierno deberá actuar con tiento en la adopción de medidas reguladoras respecto a estas sociedades, ya que podría afectar a la viabilidad financiera de algunos gobiernos provinciales y locales, así como su capacidad para devolver préstamos y pagar obligaciones, con la consiguiente creación del estado de alerta entre los inversores y en los mercados.
Para poner coto a esta situación, el Gobierno ha iniciado la búsqueda de fórmulas para dotar a estas administraciones de un nuevo sistema recaudatorio que les facilite financiación para sus proyectos, sin tener que acudir al crédito paralelo.
Isidre Ambrós | Pekín Corresponsal 02/02/2014
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