Aunque borres tus mensajes, ellos los pueden leer

Las empresas de informática forense colaboran con la Policía para diseccionar los dispositivos electrónicos y extraer datos del usuario

"Tras once años de trabajo en el mundo de la ciberseguridad, sigo viendo la misma ignorancia del usuario; hemos aprendido muy poco". Silvia Barrera ha dirigido el departamento forense digital de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional desde su creación en 2007, hasta el pasado marzo, cuando decidió seguir su carrera de forma independiente. Cree que seguimos aplicando las reglas del mundo físico al virtual y que la mayoría de la gente está convencida de que sus actos en la Red o con los dispositivos móviles se pueden borrar, que no queda rastro de sus identidades. Critica que las redes sociales hablan poco de los peligros que conlleva su uso y que no se involucran en la prevención. 

"El cambio tecnológico ha sido brutal y nadie nos ha enseñado a gestionarlo. Los menores que acceden ahora dependen de unos padres que no tienen ese conocimiento y en la escuela tampoco se enseña", lamenta Barrera, autora del libro Instinto y Pólvora (Planeta, 2018), en el que narra sus vivencias como inspectora de policía. Describe una situación habitual: tu pareja deja el móvil encima de la mesa, tú conoces sus claves, accedes sin su consentimiento y revisas sus mensajes. "Es delito y mucha gente no lo denuncia por desconocimiento", asegura.

De sus años en la Brigada, cuenta que la Policía no dispone de recursos para atender todas las peticiones y que el principal problema es que las víctimas de ese tipo de delitos deben contratar los servicios profesionales de forenses informáticos privados para que analicen sus dispositivos y asumir el coste de los informes periciales. "Por falta de recursos humanos y técnicos en las propias instituciones, el sistema público no lo cubre; hacen falta una serie de software y maquinaria que la Policía no tiene", señala. Su unidad arrancó en 2007 con 50 policías y ahora ya ha alcanzado los 120. "La sociedad necesita concienciarse de la gravedad del ciberdelito que, de momento, permanece silencioso y no genera alarma social". En 2016 se registraron en España 66.584 infracciones relacionadas con fraude informático, amenazas y coacciones, acceso e interpretación ilícita de información, delitos sexuales o falsificación informática, un 10,7% más con respecto a 2015, según el último estudio sobre cibercriminalidad del Ministerio del Interior. La mayoría de las víctimas de ciberdelincuencia son hombres (54,33%) de entre 26 y 50 años. En el caso de delitos sexuales y contra el honor, hay mayor número de mujeres entre las víctimas. 

"Actualmente son muy pocas las investigaciones criminales en las que no hay una prueba tecnológica. Toda nuestra vida está en el móvil", indica Elvira Tejada, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y titular de la Fiscalía de Criminalidad Informática. "El problema es que la gente no reflexiona sobre lo que publica en Internet y sus posibles consecuencias y el número de conflictos no para de crecer", añade.

Hay conductas "novedosas" que se incluyeron en la reforma del código penal de 2015. "Nuevos delitos como el de difusión de imágenes de carácter íntimo sin el consentimiento del afectado o el de acoso a través de la red. Somos muy cuidadosos a la hora de analizarlo, tiene que reunir todos los requisitos que contempla el tipo penal". En su opinión, es necesario destinar más recursos a los laboratorios de la policía tecnológica porque "están desbordados".

Antonio López, jefe de la sección técnica de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, reconoce que acuden a empresas forenses en "casos muy concretos". "Son colaboraciones puntuales para vencer contraseñas o cuando los dispositivos están muy deteriorados... para eso hay una industria especializada", asegura. 

Lazarus es una de esas empresas de recuperación de datos e informática forense. Con sede en San Sebastián de los Reyes, nació en 2004 y cuenta con 15 empleados. En las paredes de su laboratorio cuelgan diferentes diplomas, como uno de la Guardia Civil de 2015 en el que reconoce su "eficaz" colaboración en una investigación por abusos sexuales de unos padres a su hija menor en Málaga, que culminó con el ingreso en prisión de dos personas. "Son informes extremadamente técnicos que tenemos que hacer comprensibles. Nuestra misión es extraer el ADN de un dispositivo", explica Manuel Huerta, director de la compañía, que el año pasado facturó 1,2 millones de euros. Para ello cuentan con diferentes máquinas y licencias cuyo coste asciende a 3,5 millones de euros. 

"Tenemos muy presente el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: si mientes u ocultas información para favorecer a alguien, puedes ser condenado con pena de cárcel", destaca. Un informe pericial puede costar entre 1.800 y 3.600 euros. ¿Cuál es caso más común de desconocimiento por parte de los usuarios? Huerta no duda: "Creen que al borrar un mensaje de Whatsapp se elimina del teléfono, pero todo se queda grabado en el móvil y podemos acceder a ello. Es cuestión de días", expone Huerta, que ha impartido varios cursos sobre investigación tecnológica y evidencia digital en el INCIBE para jueces y fiscales españoles y latinoamericanos.

ANA TORRES MENÁRGUEZ    05/07/2018

https://elpais.com/tecnologia/2018/06/08/actualidad/1528482615_669170.html