La fiscal general de Florida, Ashley Moody, presenta, al lado del equipo de fiscales, la investigación a Google (Manuel Balce Ceneta / AP)
Años de inacción con las grandes tecnológicas han dado paso a una auténtica ofensiva regulatoria y política para pararles los pies
Los políticos, daba igual republicanos que demócratas, los ignoraban. En círculos académicos dieron en llamarles, despectivamente, los hipsters del antitrust o la libre competencia, jóvenes modernos enamorados ¡de las leyes antimonopolio, esa antigualla! Encantado ante la abundancia de servicios gratuitos, el público general no acababa de entender de qué hablaban. La suya parecía una causa perdida. Y, sin embargo, no desfallecieron.
De repente, ha llegado su hora. Está por ver adónde llegarán, pero los años de travesía del desierto de un puñado de intelectuales, periodistas y académicos preocupados por el enorme poder amasado por las grandes compañías tecnológicas Google, Amazon, Facebook y Apple han fructificado este año en un cambio de paradigma radical en Estados Unidos. La preocupación por las consecuencias de la fuerte concentración empresarial para la economía y la salud de la democracia han dejado de ser un asunto marginal. La idea de trocearlas, como se hizo con la petrolera Standard Oil en 1911 o AT&T en 1982 para, por ejemplo, hacer elegir a Amazon entre vender productos o gestionar la plataforma de mercado online, ya no suena descabellada.
El largo idilio entre Silicon Valley y Washington ha acabado de golpe este verano con la imposición de las primeras multas y la apertura casi simultánea de investigaciones a escala federal, estatal y política contra sus principales compañías, que han tenido que buscarse lobbistas y abogados a la carrera en la ciudad. La ofensiva trasciende partidos. Se han sumado a ella tanto estados republicanos como demócratas, tradicionalmente más próximos a las big tech .
A la investigación abierta a primeros de mes por 38 estados contra Facebook por sus prácticas predatorias en la publicidad online se sumó pocos días después otra impulsada por 50 fiscales generales contra Google, a la que acusan de abusar de posición de dominio en varios mercados: las búsquedas en internet (92% a escala mundial), los sistemas operativos para teléfonos (Android está en el 76% de los móviles del planeta), la publicidad online (31% del total)...
El idilio entre Silicon Valley y Washington acabó este verano con la imposición de las primeras multas
En paralelo, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio han abierto sus propias investigaciones a ambas empresas, que se suman a otra –política– lanzada por el Congreso. ¿Cómo se ha llegado a semejante frenesí después de tantos años de inacción y de mirar con indisimulada sospecha las acciones de Europa contra sus empresas?
En el origen de muchas de las ideas que ahora se escuchan en el Congreso o los mítines de los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, entre otros aspirantes demócratas a la Casa Blanca, está un pequeño centro de estudios de Washington, Open Markets Institute (OMI), fundado por el periodista Barry Lynn. Su inspiración, la batalla de finales del siglo XIX contra los monopolios para corregir las desigualdades que dejó la gilded age o edad dorada, un movimiento que llevó a la aprobación de leyes paradigmáticas para velar por la competencia y la creación de organismos en defensa del consumidor.
Originalmente, trabajaba bajo el paraguas de la New America Foundation, un t hink-tank progresista sin ánimo de lucro, pero sus caminos se separaron el día en que el OMI publicó un comunicado aplaudiendo la multa de 2.420 millones de euros que la Comisión Europea había dictado contra Google. Su presidente, Eric Schmidt, estaba entre los donantes de la fundación.
Visto retrospectivamente, el divorcio ocurrió en el mejor momento posible. Era junio del 2017. El trabajo de análisis sobre los efectos de monopolios empresariales de Lynn y otros periodistas, abogados y economistas del instituto había empezado a atraer la atención de algunos legisladores e intelectuales. En marzo del 2018, las revelaciones sobre la actuación de Facebook en las elecciones presidenciales cambiaron la forma en que Washington miraban a esta y otras compañías.
Preocupa que esta concentración empresarial afecte a la economía y a la salud de la democracia
Warren, con la que ya habían tenido contacto, se interesó por conocer más al detalle sus análisis. Con la vista puesta en la Casa Blanca, la senadora ha puesto a las big tech en el centro de su cruzada, más general, contra los monopolios. El cofundador de Facebook, Chris Hughes, ha avalado su propuesta de trocear la red social. Importantes voces de la derecha mediática como Tucker Carlson también han llegado a la conclusión de que las izquierdosas tecnológicas tienen demasiado poder. Donald Trump las tiene en su punto de mira, pero por la censura que supuestamente ejercen contra las opiniones conservadoras. En junio, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, de San Francisco, sentenció que “la era de la autorregulación se ha acabado”...
En su nuevo libro Goliath , Matt Stoller repasa cómo el Partido Demócrata se alejó poco a poco de su credo de defensa de la competencia –desde Thomas Jefferson hasta Louis Brandeis, juez del Tribunal Supremo, activo hasta 1939– y cayó en la misma dejación de funciones que los republicanos a la hora de defender a los consumidores del poder de las grandes corporaciones.
Históricamente, “la concentración de poder, fuera en manos de un dictador o de un banquero, se veía como algo autocrático y peligroso para la libertad individual y la democracia”, recuerda el autor, que relaciona la concentración financiera y el consumismo con el auge del populismo y el autoritarismo. Stoller, que trabaja para el Open Markets Institute después de pasar por el Congreso y la Reserva Federal, apuesta por una agresiva intervención regulatoria del gobierno.
El nombre académico de los hipsters del antitrust es la Nueva Escuela Brandeis del Derecho de la Competencia, en alusión al juez. Su máxima es que las leyes antitrust deben aplicarse teniendo en cuenta valores como la justicia social para ayudar a resolver problemas como la desigualdad o el paro, que a su juicio han contribuido a crear. A esta escuela pertenece Lina Khan, que en el 2017, con 29 años, como estudiante de Yale, publicó el influyente estudio Amazon’s antitrust paradox. En él, inspirada por Lynn, argumenta cómo las big tech, mediante prácticas anticompetitivas para sacar a sus rivales del mercado, perjudican a los consumidores aunque en apariencia se beneficien de sus servicios gratuitos o los bajos precios.
38 estados investigan a Facebook, 50 fiscales hacen lo propio con Google, y la presión se cierne sobre Amazon
No les faltan detractores a estos hipsters de la competencia. Para Mark Jamison, del think-tank conservador American Enterprise Institute, “no entienden las realidades de la economía y los negocios” y simplemente están en contra de las grandes empresas. Algunos académicos advierten que debilitar el Estado de derecho en aras de un objetivo tan vago como el interés público debilitará la competencia. “Es todo activismo, carecen de un plan”, sostienen los abogados de Computer and Communications Industry Association, una asociación empresarial que tiene a Amazon, Google y Facebook entre sus miembros. La compañía de Zuckerberg incluso contrató una campaña difamatoria contra el OMI para hacerlo pasar por un esbirro de George Soros, explotando teorías conspirativas antisemitas.
En su ensayo ¿Qué tiene de hipster el derecho de la competencia? , Sandra Marco Colino, profesora de la Universidad China de Hong Kong, señala que este movimiento “no ha llegado a proponer una alternativa sólida y viable” a las limitaciones de la Escuela de Chicago. Pero “la reflexión que ha suscitado sobre el estancamiento del derecho de la competencia es extremadamente valiosa y podría sentar los cimientos sobre los que construir en un futuro no muy lejano una política antitrust más justa y con mayor conciencia social”.
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