:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F171%2Faa7%2F2c6%2F171aa72c6227d6e49a3dbfd28de4e330.jpg)
Niños trabajadores almacenan algodón en Kandahar, Afganistán.
(EFE)
El Parlamento Europeo votó apresuradamente a principios de abril medidas que eximen a los minoristas de moda low-cost de realizar y revelar la trazabilidad completa de su cadena de suministro
Guddi, de unos 50 años, recoge algodón en el distrito de Matiari, en la provincia pakistaní de Sindh, la segunda más fértil después de Punjab. Pertenece a una familia hindú de casta baja. Ella nunca ha ido a la escuela. Y ninguno de sus seis hijos lo hace. “¿Cuál es su futuro? ¡Ninguno! Vivirán en la servidumbre, como yo”, lamenta. Ella se encuentra entre las hordas de aparceros sin otros medios de ingresos y atrapados en la esclavitud, obligados a trabajar para pagar deudas (a menudo infladas) a la élite feudal que controla las tierras agrícolas del país.
Pakistán se encuentra entre los siete mayores productores de algodón a nivel mundial y, al mismo tiempo, ocupa el puesto 18 en el Índice Global de Esclavitud, con 2,3 millones de trabajadores en condiciones de servidumbre. Este flagelo ocurre especialmente en la economía agrícola informal. El algodón recogido a mano por Guddi se vende a intermediarios en las ciudades cercanas. A partir de ahí, es transportado una vez para desmotar (quitar las semillas), otra para hilar y una última para su transformación en prendas de vestir en las fábricas urbanas. La mitad de estos productos acabarán, a su vez, en el mayor mercado de exportación de artículos de moda de Pakistán: la Unión Europea.
Los legisladores de la UE están en camino de adoptar dos leyes complementarias históricas: un veto a la importación de productos que involucran trabajo forzoso junto a la obligación de las empresas de identificar, prevenir, mitigar y poner fin a los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente en su cadena de suministro. Se espera que estos proyectos de ley entren en vigor en 2025 y 2027, respectivamente.
Sin embargo, el Parlamento Europeo votó apresuradamente a principios de abril, en vísperas de las próximas elecciones de junio, excepciones que eximen a los minoristas de moda low-cost de realizar y revelar la trazabilidad completa de su cadena de suministro. "Las empresas necesitarían tiempo suficiente para trazar su cadena de suministro completa en terceros países (...) imponerlo por ley no hará que esto suceda de inmediato", argumentó públicamente la Alianza Europea de Ropa de Marca (EBCA). El lobby con sede en Bruselas, que declinó hacer comentarios, representa los intereses de grandes marcas, como la española Zara (propiedad de Inditex), la alemana C&A y la sueca H&M.
"La industria textil es una de las más expuestas a condiciones laborales injustas, pero la trazabilidad desde la granja hasta la fábrica no es obligatoria porque la industria se opone a ella", explica Helene De Rengerve, defensora de los derechos humanos. Las verificaciones directas de estas empresas se limitan a la fabricación de textiles y no se extienden a las plantaciones de algodón, sin importar si proceden de países con niveles tan altos de trabajadores forzados como Pakistán.
Dentro del marco jurídico de la UE, corresponde a los Estados miembros iniciar investigaciones basadas en quejas de terceros (ONG, medios de comunicación, etc.) para demostrar que un producto ha sido elaborado mediante trabajo forzoso. Además, para imponer multas y solicitar compensaciones, las autoridades competentes y las víctimas de abusos tienen que demostrar que la empresa no hizo todo lo posible para evitar irregularidades por parte de sus proveedores directos e indirectos, incluyendo los propietarios de explotaciones algodoneras.
Millones de niños explotados
La hija de Guddi, de 13 años, trabaja en la misma granja de algodón que su madre. “Quiero verla feliz y próspera, pero yo nunca podré salir de la pobreza, ni ella tampoco (...) Se necesitan cuatro pares de manos para recoger 40 kilogramos, por los que me pagan 500 rupias (1,8 dólares)”, lamenta la progenitora. Su hija se encuentra ahora entre los 22,8 millones de niños pakistaníes (o alrededor del 44% del total) de edades comprendidas entre 5 y 16 años en el país que dejaron de estudiar para ayudar a sus familias con la supervivencia diaria. El país ocupa el segundo puesto mundial en la lista de niños sin escolarizar.
"El trabajo infantil en Pakistán es una cuestión compleja, ya que tradicionalmente los niños participan a nivel familiar en el sector agrícola", argumenta. Insaf Nizam, especialista en principios y derechos fundamentales en el trabajo en el sur de Asia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Por lo tanto, no siempre es fácil entender si ayudan voluntaria o forzosamente a sus padres y si, además, un propietario los mantiene en servidumbre (por ejemplo, mediante trabajos forzados debido a una deuda acumulativa) con sus padres”, agrega.
En marzo de 2020, Punjab concluyó su encuesta actualizada sobre trabajo infantil, según la cual el 61,5% de todos los niños de entre 5 y 14 años trabajaban en la agricultura, la silvicultura o la pesca. El trabajo infantil, como experiencia para aprender habilidades útiles, puede degenerar en esclavitud dependiendo de condiciones a menudo difíciles de definir en la práctica. Este es el limbo difuso en el que vive Iqra Solangi, de 12 años. “Me canso de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer”, relata, "pero no hay otra opción, mi familia necesita el dinero".
Para ayudar a eliminar el trabajo infantil, en marzo de 2018 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Proyecto Clear Cotton, que la UE contribuyó a financiar con 9 millones de euros. La iniciativa, que finalizó en febrero de 2023, implicó la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los actores relevantes (departamentos de trabajo, organizaciones de empleadores, comunidades de agricultores y trabajadores textiles), la mejora de los medios de vida de los productores de algodón para reducir su dependencia del trabajo infantil y la rehabilitación y escolarización de los niños.
La iniciativa arrojó algunos resultados prometedores, pero no concluyentes. Además, no abordó la trazabilidad. El éxito más tangible fue que 1.671 niños fueron salvados del trabajo y se les brindó acceso a la educación, aunque la OIT no tiene información actualizada sobre su estado actual de escolaridad después del cierre del proyecto.
"Ahora tenemos algunas de las mejores leyes, pero también la peor aplicación"
Como parte de la implementación del Clear Cotton, se pidió a algunos propietarios de Punjab que dejaran de utilizar mano de obra infantil en sus plantaciones de algodón. La OIT se negó a compartir los nombres de los propietarios y empresas involucradas. Tampoco publicó el informe que mapea la cadena de suministro de algodón en varias comunidades seleccionadas, desarrollado a través de un proyecto complementario financiado por Inditex.
Además de la falta de transparencia en la cadena de suministro, la legislación nacional destinada a acabar con el trabajo infantil sigue siendo poco más que un pedazo de papel. "Ahora tenemos algunas de las mejores leyes (a saber, la Ley de Abolición del Trabajo en Servidumbre de 2016 y la Ley de Prohibición del Empleo de Niños de 2017), pero también la peor aplicación", lamenta Gulfam Memon, un funcionario jubilado del departamento de trabajo de Sindh, que ahora trabaja como consultor con organismos internacionales como la OIT y Unicef. "Nuestros gobiernos carecen de la voluntad y de la capacidad para eliminar la esclavitud infantil", agrega.
“Solo hay unos pocos centenares de inspectores laborales en toda la provincia de Sindh y no están capacitados ni interesados en hacer cumplir la ley”, indica, por su parte, Nasir Mansoor, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos (NTUF).
Pocos avances, mismo apoyo
A pesar de los limitados avances realizados por Pakistán en los últimos 10 años, en noviembre de 2023 la UE prorrogó hasta 2027 el régimen comercial favorable que concedió al país en 2013 y que le permite a Pakistán exportar bienes en sectores específicos, como el textil, sin aranceles. El argumento fue el de apoyar la recuperación económica tras la oleada de inundaciones que ha azotado el territorio pakistaní durante los últimos años, devastando la agricultura y dejando a millones de agricultores sin hogar y sin empleo.
"El esquema GSP+ aporta beneficios económicos a los productores de algodón, a los fabricantes de prendas de vestir en Pakistán y a las empresas europeas que se abastecen del país a bajo costo, en gran medida a expensas de los agricultores pakistaníes, cuyos derechos laborales y humanos fundamentales son violados", dice Muriel Treibich, coordinadora de la red de activistas Campaña Ropa Limpia.
La Comisión Europea afirma que está vigilando la implementación de los compromisos por parte de Pakistán, pero también defiende que las restricciones comerciales solo tendrían un efecto limitado en el trabajo infantil. “Este tipo de trabajo tiene lugar principalmente en sectores económicos que no producen para la exportación, como la agricultura de subsistencia, como se afirma en el informe publicado por la OIT en 2022”, argumentó la portavoz de la Comisión.
“Los niños que no tienen otra opción que ser explotados, con su propia familia en condiciones de servidumbre en granjas de algodón, heredan la condición de trabajo forzoso de sus padres”, concluye Priscilla Robledo, coordinadora de la red de activistas Clean Clothes Campaign. "Esta es la cuestión central que la UE no quiere ver".
