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La cifra de denuncias de bebés desaparecidos se acerca a los 750, repartidos en casi 40 fiscalías provinciales. Los agentes indagan en el pasado de las maternidades españolas.
El sistema judicial español se encuentra ante un suceso insólito que debe ser investigado: la súplica de al menos 750 madres que sospechan que aquel hijo que tuvieron hace unas decenas de años y que fue dado por muerto por médicos o comadronas puede estar vivo y fue dado en adopción o directamente vendido por unos desaprensivos. De ser ciertas algunas denuncias, España habría sido escenario solapado de un tráfico de niños organizado en muchos puntos de su territorio durante al menos 20 años. Durante 20 años desde hace 50 años. Un gran problema para la policía: cómo encontrar pruebas fehacientes o testimonios incontestables relacionados con hechos sucedidos hace medio siglo. Es como investigar en el túnel del tiempo.
Ese es el reto al que se enfrentan desde hace unas semanas 40 fiscalías provinciales (solo hay 10 provincias que no están afectadas por el momento), que han derivado parte de la investigación a los órganos policiales, quienes a su vez han encomendado el trabajo a policías que deben investigar en el pasado de hospitales, hospicios, registros, archivos municipales y cementerios, con el problema añadido en muchos de los casos de que aquellas clínicas mencionadas en las denuncias ya no existen, que no todos los historiales clínicos se conservan, que no todos los archivos han sido respetados o han sufrido traslados y que numerosos testigos de aquella época han muerto, son ancianos, se han jubilado o son difíciles de encontrar. Nunca la policía se habrá encontrado con un trabajo parecido: lo que pudo o no haber sucedido en los hospitales de maternidad en la España de aquellos años.
En Andalucía, algunos casos habían comenzado a ser investigados con anterioridad a la orden dictada por la Fiscalía General del Estado. Un primer caso llegó a la fiscalía de Málaga el 6 de julio de 2010, que dio traslado del mismo a la policía. Se tenían noticias de una denuncia similar en Granada y, poco más tarde, de otra en Sevilla. Fueron, probablemente, estos los primeros casos presentados ante la justicia durante el año 2010. Posteriormente llegaron una decena de asuntos que se repartieron entre las fiscalías de Cádiz y Algeciras. Eran denuncias individuales, aparentemente aisladas, que motivaron algunos contactos entre los fiscales de dichas provincias para estudiar cómo proceder con asuntos que databan de hace casi 50 años.
Aquello fue el preámbulo de lo que vendría después, a partir de enero de 2011, cuando los representantes de Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) se presentó primero ante la Audiencia Nacional y luego ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia. Anadir llevaba bajo el brazo 261 casos repartidos por toda España, documentación que, grabada en un cedé, fue trasladada a mediados de febrero de 2011 a todas las fiscalías implicadas. A partir de ese momento, el ritmo de los acontecimientos resultó imparable. Aquel caso inicial de Málaga se había multiplicado: el día anterior a la llegada de la misiva de la Fiscalía General del Estado, la de Málaga contaba con siete expedientes, dos de ellos abiertos esa misma semana. El documento de la Fiscalía del Estado daba cuenta de otros 13 casos más. En días sucesivos se incorporaron otros tres. En una semana, la fiscalía se encontró ante un total de 23 casos. Ese proceso ha seguido la misma pauta en otras provincias andaluzas. Granada pasó de un caso investigado a tener que investigar cuatro. Sevilla, por ejemplo, pasó de uno a 22. Entre Cádiz y Algeciras, los casos pasaron de la decena a superar ampliamente el centenar. Y las cifras no han dejado de moverse de una semana a otra. Así sucedió en otras fiscalías, hasta alcanzar un aluvión de casi 750 casos por el momento.
Aquellos primeros expedientes abiertos en Málaga dieron lugar a las primeras actuaciones policiales, de cuya experiencia se desprende la dificultad que va a suponer la investigación. El asunto fue trasladado al grupo de Homicidios de la comisaría provincial de Málaga. Uno de los casos investigado databa de febrero de 1962. Una mujer, Josefa Gámez Gutiérrez (actualmente residente en Badalona, de 76 años de edad y madre de cuatro hijos), dio a luz un niño en el hospital Civil de Málaga, hoy ya desaparecido y entonces dependiente de la Diputación. Según la denuncia de la mujer, fue sedada para el parto y, al despertar, le comunicaron que había sido necesario el uso de fórceps y que el bebé había muerto. En el parte de asistencia constaba como causa del fallecimiento "asfixia intrauterina". No le dejaron ver al crío y, según el testimonio de la denunciante, todo lo que le dijeron era que "se parecía al padre".
Como sucede en la mayoría de los casos registrados en Málaga, el hospital se ofreció a solucionar los trámites del entierro y, para ahorrar gastos, la inhumación se haría junto al ataúd de otro difunto. En la terminología de la época se denominaba a este tipo de enterramiento "a los pies de un difunto". A la vista de los casos estudiados, se observa que esta era una práctica extendida en este hospital de Málaga con familias de escasos recursos económicos. Se da la circunstancia de que en otro caso investigado le dicen a los padres del bebé fallecido que será enterrado "a los pies de un señor muy rico de Málaga".
Los inspectores de policía intervienen en el caso. Logran obtener una copia del informe médico. Consiguen los nombres de los médicos y comadronas del centro en aquella época. Hacen gestiones con el colegio de enfermería para localizar los domicilios de algunas matronas, entre ellas la que figura en el parte de asistencia, y se entrevistan con ella. La matrona manifiesta que la asistencia a los partos formaba parte de su trabajo y que, salvo complicaciones, no intervenían los médicos. En ese caso tampoco actuaba el ginecólogo, sino el médico de guardia. No recordaba nada de este caso en concreto. La matrona señalaba que, en caso de fallecimiento, no se les mostraba el cuerpo del bebé a los padres excepto si ellos lo pedían expresamente. Del cuerpo del bebé fallecido se encargaban los celadores, cuyos nombres no recordaba. La matrona también manifestó a la policía que era costumbre del hospital ofrecer a los padres la posibilidad de que "fuese enterrado a los pies de algún difunto" si no podían hacerse cargo del entierro. La policía entrevistó a otra matrona que estaba en prácticas por aquellas fechas, la cual corroboró el testimonio de la primera. En ambos testimonios quedaba patente que eran los celadores quienes se encargaban de los cadáveres de los bebés fallecidos.
Los pasos de la policía se dirigieron también a los médicos. De los seis adscritos a la sección de obstetricia del hospital Civil de Málaga en aquel año (1962), tres habían fallecido, entre ellos los dos que constaban como responsables de ese parto. El hijo de uno de los ginecólogos fallecidos, también médico, manifestó a la policía que en aquella época no constaban los hechos relativos a los enterramientos de los fetos nacidos muertos y que no se practicaban pruebas de identificación como la toma de "impresiones palmatoscópicas".
La actuación policial también se dirigió a las funerarias, donde se encontró con el problema de que estas no archivan casos más allá de seis o diez años atrás. No se encontraron datos de inscripción de ningún tipo (en las proximidades de la fecha del nacimiento) en el Registro Civil de Málaga relativos al año 1962, y en los archivos del parque del cementerio de Málaga el registro informatizado data de 1989. Vistas todas sus pesquisas, el informe policial termina con una escueta conclusión: "El feto nació muerto y no hay constancia del destino del cuerpo".
La investigación de la policía en Málaga fue paralela a la dirigida por Esther Cruces, la directora del Archivo Histórico de Málaga, que se propuso colaborar con la fiscalía a la hora de cruzar datos procedentes de distintos archivos. "Nos hemos encontrado con que no existían procedimientos ni trámites. Y también con la dejadez de los ciudadanos de aquella época, que no pedían documentos quizá por recelo o temor a la Administración. Es un tema complejo porque es de suponer que si ha habido un hecho fraudulento, este no se va a documentar".
Esther Cruces es consciente de la dificultad que entraña una investigación de este tipo: "El núcleo básico de la pérdida de información son los hospitales, pero no había protocolos establecidos como hoy día: los partos los llevaban las matronas, y los ginecólogos no intervenían salvo cuando las cosas iban mal. No se documentaban todos los actos como se hace hoy día. Se conjugan muchos factores negativos, a los que hay que añadir que hay hospitales que ya no existen y que la custodia de sus archivos no se ha respetado. Por otro lado, no existía obligación de registrar el nacimiento de una criatura con menos de 24 horas de vida, que el Código Civil de la época denominaba como criatura abortiva (más de 180 días de vida fetal y hasta 24 horas de su nacimiento), y en los registros de inhumaciones tampoco existía obligación de registrarla con nombre y apellidos salvo que el padre quisiera dar esos datos".
Quizá la investigación de estos hechos habría cambiado si hubieran tenido otro final las pesquisas que realizó la Brigada Judicial de Madrid en noviembre de 1981. Por aquel entonces, la policía tuvo noticia de un intento de compraventa de niños en Madrid, con epicentro en la clínica de San Ramón, el centro donde se han registrado hasta el momento mayor número de casos irregulares. La policía llegó a detener a seis personas -cinco mujeres y un hombre-, y tuvo indicios suficientes como para sospechar que se estaba produciendo la compraventa de recién nacidos. En un informe de 14 páginas, la policía hacía constar que había interrogado a 14 matrimonios que reconocían haber abonado cantidades, que van desde las 150.000 pesetas de la época, por adoptar niños. Y describe el papel que habían tenido en estas prácticas las personas detenidas. Pero, por alguna extraña razón, esta investigación no fue más allá ni ningún juez exigió una mayor profundización. Treinta años después, la clínica San Ramón, ubicada en el paseo de La Habana, ya no existe y sus archivos han sido destruidos, aunque algunos de los personajes puestos en tela de juicio por la policía viven, pero no parecen dispuestos a cooperar. En este como en otros casos intervinieron religiosos, monjas (generalmente Hijas de la Caridad) y médicos relacionados con la Iglesia.
Dado el transcurso del tiempo, las fiscalías se enfrentan no solo a una investigación compleja donde abunda la ausencia de documentación fehaciente y la falta de testigos. Serán los fiscales y los jueces quienes tengan que determinar las sanciones aplicables caso de que puedan documentar la comisión de un delito. Pero como sostiene Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, se trata de infracciones cometidas hace 40 años y hay que estudiar las leyes de aquel tiempo, el Código Penal de 1944 o el de 1973, "que es básicamente parecido", porque la verdadera reforma llegó con el de 1995. Por tanto, hay delitos que en esos códigos no existían, tales como el secuestro o el robo de niños, y naturalmente delitos aplicables, como el de suposición de parto o falsificación documental, ya "habrían prescrito".
Queralt, que solo ve algunas posibilidades en los supuestos de sustracción de menores o detención ilegal prolongada, cree que el supuesto de abandono de menores no se daría. En cualquier caso, y en opinión de Queralt, incluso los delitos que han prescrito pueden no haberlo hecho "si se tiene en cuenta que el juez puede entender que se ha dado un complejo delictivo en el que concurren varias figuras penales (detención, falsificación, soborno incluso) de tal forma que la falta más grave arrastra a las demás, y si la más grave no ha prescrito hace que las demás tampoco lo estén en este caso".
Quedará también a la interpretación de jueces y fiscales la imputación de los padres adoptivos como "cooperadores o inductores", señala el catedrático. "Es algo que puede darse, aunque veo difícil que un juez lo ordenara". "En cualquier caso", concluye Queralt, "el gran enemigo de un proceso es el tiempo. Estamos hablando de hace 40 años. Muchos de los testigos o participantes habrán muerto y faltarán documentos. Ese va a ser el gran problema".
Hay al menos 750 madres que piden que se aclare qué sucedió con aquel bebé que presuntamente nació muerto o fue dado en adopción. La inmensa mayoría de estas madres tenían escasos recursos económicos o se encontraban en situación muy vulnerable cuando dieron a luz. Fueron años en los que el ciudadano se movía con miedo ante la Administración. Y esa es la raíz de este caso que ha invadido en unas semanas las fiscalías españolas: hubo personas que bajo el amparo de unos preceptos religiosos entendieron que tenían el poder para modificar el destino de un ser humano. Y personas que, sin escrúpulo alguno, utilizaron su posición dominante para hacer negocio con los más débiles.
Por LUIS GÓMEZ from elpais.com06/03/2011
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