Los ciudadanos helvéticos aprueban reinstaurar las cuotas de trabajadores de la UE con el 50,3% de los votos.
Los suizos decidieron este domingo en referéndum volver a limitar la entrada de ciudadanos de países de la Unión Europea (UE) a su mercado laboral, a través del establecimiento de cuotas anuales que deberán aplicarse de aquí a tres años. Los resultados oficiales indican que la iniciativa denominada “contra la inmigración masiva” ha sido aprobada por el 50,3% (1.463.954 votos), frente al 49,7% que la ha rechazado (1.444.438 votos). La participación ha sido del 56,5%.
Propuesta en solitario por el partido de extrema derecha Unión Democrática de Centro (UDC), la iniciativa también restablece el principio de la preferencia por el trabajador nacional frente al extranjero, que se encontraba abolida para todos los trabajadores procedentes de alguno de los países de la Unión Europea.
El resultado de la votación obligará a la Unión Europea a replantearse su estrecha relación con Suiza, ya que acaba con la libre movilidad de personas que ha regido entre ambos territorios desde el año 2002. Berna y Bruselas tendrán que renegociar unos acuerdos de integración que afectan al movimiento de trabajadores, las relaciones comerciales, la investigación o la agricultura, entre otros ámbitos. Las restricciones de fronteras a los ciudadanos comunitarios abrirían una grave crisis política entre ambos territorios.
Los suizos estaban hoy llamados a votar “contra la inmigración masiva”, según reza el título de la iniciativa popular de Unión Democrática de Centro, un partido de derecha de corte populista. El texto es breve y muy específico. Propone reintroducir un sistema de cuotas de entrada en el país, que serían fijadas por el Gobierno federal, y la posibilidad de limitar las prestaciones y el derecho a la reagrupación familiar de los extranjeros europeos. Conscientes de que esta propuesta anula el sistema de libre intercambio que existe ahora entre Suiza y su principal mercado, la UE, el texto pide renegociar, en el plazo de tres años, los acuerdos que vinculan a Bruselas y a Berna. Suiza cuenta con un 23% de inmigrantes, un porcentaje superior al de cualquier país europeo. Buena parte de ellos se ubican en sectores de alta cualificación.
“Es una votación ligada a las emociones de la gente, no a argumentos económicos; todos los estudios demuestran que la libre circulación de personas ha sido beneficiosa para Suiza”, explica en conversación telefónica Yves Flückiger, vicerrector de la Universidad de Ginebra y experto en las consecuencias económicas de la libre circulación. En efecto, todos los indicadores ratifican esos beneficios: desde que se abrieron las puertas a los europeos, la tasa de paro del país ha permanecido prácticamente estable, alrededor del 3% de la población activa (el 2% para los suizos de origen), lo que supone una situación de pleno empleo y de dificultades en algunos sectores cualificados para encontrar mano de obra adecuada. Los salarios han crecido una media del 0,6%, una tasa superior a la del periodo anterior. Y el crecimiento económico del país supera el de la UE (un 1% en 2012).
Los propulsores de la iniciativa no cuestionan esos datos. Sus objeciones son otras. “Hay una concentración demográfica muy fuerte en Suiza. Se podrían construir edificios más altos o hacer habitables terrenos agrícolas para aliviarla, pero mucha gente se opone. Además, tenemos una red de transportes que está muy presionada y eso se debe al efecto migratorio”, argumenta Fabienne Despot, presidenta del partido en el cantón de Vaud, uno de los 26 que conforman el país. En sus documentos oficiales, el Gobierno federal admite problemas de acceso a la vivienda, pero lo vincula a varias causas –entre ellas la libre circulación- y asegura que ya ha puesto en marcha distintas medidas para paliarlo.
Oficialmente, Bruselas no ha querido pronunciarse estos días sobre las posibles consecuencias que un sí tendría para las relaciones que mantiene con su vecino suizo, situado cerca del centro geográfico de Europa y rodeado de países miembros de la UE. Sus portavoces han expresado el máximo respeto por el procedimiento democrático y han instado a esperar a los resultados. Pero fuentes comunitarias admiten que están revisando todos los posibles efectos que tendría en los acuerdos bilaterales, con la idea de que una respuesta de ese tipo en las urnas abriría una grave crisis institucional entre los dos socios.
El caso suizo demuestra que el temor a la inmigración y el repliegue hacia el ámbito nacional se imponen a pesar de que las cifras no justifiquen esos miedos. El Gobierno ha recomendado que se vote en contra, los empresarios han alertado de las graves consecuencias que tendría para la economía del país y los sindicatos advierten de que tampoco beneficiaría a los trabajadores suizos. Pero la desconfianza que recorre toda Europa ha calado también en los ricos suizos y les ha llevado a mirar con recelos a sus extranjeros europeos. Aunque esos extranjeros sean, en buena medida, alemanes y franceses, alejados del estereotipo del inmigrante comunitario del sur de Europa.
Si la iniciativa sale refrendada, las autoridades tienen poco margen para resistirse. Suiza presume de una democracia que concede a los ciudadanos la capacidad de someter a referéndum una iniciativa popular (con un requisito cuantitativo de firmas que la apoyen) para cambiar legislaciones consideradas perjudiciales. Si la propuesta obtiene la doble mayoría del número de ciudadanos y del número de cantones suizos, el Parlamento debe legislar en consecuencia.
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