Ya no es tan complicado asumirse homosexual en Cuba. Obviamente, persisten prejuicios, limitaciones, incomprensiones. Pero la sociedad se muestra más abierta, o por lo menos más tolerante ante la diversidad de orientaciones sexuales.
Y está claro: no debe haber pasos atrás.
En los últimos años hemos sido testigos de evidentes avances en ese sentido.
Los tiempos en los que se recluía a homosexuales y religiosos en campamentos de trabajo llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) con la intención más o menos explícita de "reeducarlos", son hace mucho tiempo historia.
La política cultural, que en determinado momento discriminó y castigó a los homosexuales (el Congreso de Educación y Cultura de 1971 consideró que la homosexualidad era un rezago de la sociedad capitalista), reconoce y promueve ahora la obra de creadores independientemente de sus preferencias sexuales.
Ya no hay "parametraciones" (cazas de brujas, recuerdan algunas víctimas) en el arte y la literatura, en ninguna actividad social.
Por primera vez, el Parlamento aprobó una ley —el Código de Trabajo— que prohíbe la discriminación por orientación sexual.
El Partido Comunista de Cuba explicitó en sus Lineamientos su rechazo a toda forma de segregación por esas cuestiones.
Los homosexuales ganan cada vez más espacios en el ámbito público, sobre todo en las principales ciudades.
Con todo lo dicho, podría parecer que el panorama es idílico, pero está muy lejos de serlo.
Es cierto, la militante homofobia institucional de hace décadas parece en buena medida superada, pero los homosexuales (hombres y mujeres), los transexuales y transgéneros tienen todavía un gran pliego de demandas, de derechos no reconocidos.
Y tienen que enfrentar las reservas de algunos sectores de poder reacios a promover reformas.
Hace poco, en el Parlamento, durante la discusión del Código de Trabajo, la diputada Mariela Castro votó en contra de la aprobación de la Ley por considerar que no protegía a los transexuales ni a los seropositivos.
Varios activistas por los derechos LGBT han apoyado a la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) con una reclamación legal que cuestiona algunos de los métodos de trabajo del Parlamento.
Algunos activistas y grupos han sugerido incluso que Mariela Castro asuma su derecho a la iniciativa legislativa, para que promueva la discusión y aprobación de un nuevo Código de Familia, que reconozca derechos inalienables de las personas LGBT.
Matrimonio igualitario, posibilidad de adoptar, piden algunos.
Otros —la propia Mariela— son más cautos: hablan de uniones civiles, de acciones educativas e igualdad de oportunidades.
Hasta el momento, el Parlamento ha callado. Los debates sobre ese tema no tienen fecha. Y el gobierno y el Partido Comunista no han impulsado la necesaria reforma de la ley.
El movimiento civil es todavía incipiente, pero ya se hace sentir.
Aunque, hay que decirlo, una parte importante de la ciudadanía no está familiarizada con la batalla. Asumen que no es un tema vital.
En realidad cuando se le niega un derecho a un grupo de personas, a la larga se les está negando a todos. Por eso no hay temas menores.
Algunos activistas consideran que el Cenesex —que es una institución gubernamental— no debería asumir y mucho menos liderar la lucha por el absoluto reconocimiento de los derechos LGBT, que de eso tendrían que ocuparse organizaciones no gubernamentales.
Otros creen que ninguna ONG tiene el poder de convocatoria y las herramientas metodológicas del Cenesex.
Lo cierto es que más allá de las jornadas contra la homofobia (con galas artísticas, conferencias y marchas por céntricas calles), a las que suelen asistir altos cargos del gobierno, no se ha logrado un compromiso claro de los entes decisores.
La reforma de la ley se impone, pero no parece ser una prioridad. O quizás no haya consensos en altas instancias.
Los activistas, de cualquier forma, no se dan por vencidos. Cuba estuvo a la cabeza de América Latina en legislaciones en defensa de los derechos de las mujeres. Pero en el tema de los homosexuales, vamos mucho más lento que otros países de la región.
Por supuesto que una ley no resolvería todos los problemas de la comunidad LGTB en Cuba (si es que puede hablarse de comunidad, algunos prefieren hablar de colectivo, o sencillamente, de grupo o sector). Pero sentaría referentes.
Las fuerzas del orden (la Policía Nacional Revolucionaria) tienen todavía por delante el reto de educar a todos sus efectivos en el respeto a la diferencia.
Ser homosexual no es un delito y tampoco un agravante de cualquier delito.
En los centros de dirección parecen tenerlo claro, pero algunos miembros del cuerpo —sobre todo en la base: vigilantes, patrulleros— evidencian sus prejuicios en la labor cotidiana.
Falta también un tratamiento equilibrado del tema en los medios de comunicación, que suelen ignorarlo o minimizarlo.
En última instancia, lo abordan en las páginas o espacios de salud y sexualidad, desconociendo muchas aristas sociales.
No pretendemos agotar el tema, queda mucho en el tintero.
La Habana y otras ciudades ya tienen una animada vida nocturna gay, con cabarets, discotecas, lugares de encuentro, fiestas temáticas… Y son perfectamente legales.
Puede ser un tema para otras entregas, pues hay matices y puntos de conflictos.
Es posible (casi seguro) que haya puntuales manifestaciones y crímenes de odio (no se divulgan estadísticas en ese sentido), pero en Cuba no son frecuentes grandes golpizas ni mucho menos asesinatos a homosexuales por el simple hecho de asumir su orientación sexual.
Queda mucho trabajo por hacer, y es una responsabilidad de todos: las autoridades, los educadores, los activistas, las familias…
Tenemos que aspirar a una sociedad mucho más inclusiva.
Pero poco a poco se va ganando en comprensión y en tolerancia.
Claro, para muchos —los más afectados— "poco a poco" no puede ser una opción aceptable.
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