Según el Ministerio de Justicia 160.000 personas están en los campos de reeducación, la ONU eleva la cifra hasta las 190.000
Las detenciones de hasta cuatro años sin juicio serán eliminadas en la ciudad sureña de Guangzhou, en la provincia de Guangdong.
La reeducación por el trabajo -un controvertido sistema de detención que permite a la policía encarcelar hasta cuatro años sin necesidad de juicio- será eliminada en la ciudad china de Guangzhou (capital de la provincia sureña de Guangdong) para finales de este año, según ha publicado la prensa oficial. Los 100 presos que quedan en sus cárceles serán puestos en libertad para entonces, cuando habrán completado sus sentencias, según ha afirmado Yu Mingyong, vicepresidente del tribunal provincial de Guangzhou. Las autoridades dejaron de enviar supuestos criminales a los campos de reeducación de esta ciudad -una de las más grandes de China- en marzo pasado.
El país asiático estudia desde hace años reformar esta vía de castigo -muy criticada tanto fuera como dentro de China-, pero la decisión ha sido retrasada una y otra vez. Ahora, tras la llegada al poder en marzo de la nueva Administración liderada por el presidente, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Keqiang, la reforma está avanzando. En su primera rueda de prensa tras asumir la jefatura de Gobierno, Li prometió cambios en la legislación este año, y, aunque aún no ha sido anunciado un plan nacional, algunos gobiernos provinciales ya han dado pasos en este sentido.
"La policía y muchos expertos legales se han dado cuenta de los inconvenientes de la reeducación por el trabajo y han pedido la abolición del sistema (conocido como 'laojiao'), que se ha quedado obsoleto", afirma Yu en el periódico China Daily. "Muchos de quienes son puestos en libertad tras pasar por estos campos tienen muchas dificultades para reintegrarse en la sociedad y las familias, y trabajar después (…) Su libertad personal ha sido limitada durante varios años".
Los campos de reeducación han sido muy criticados por organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas. En China, abogados y académicos han asegurado que son ilegales, son fuente de abusos de poder, violan la Constitución y son abono para la corrupción, ya que muchos familiares de los presos sobornan a los funcionarios para reducir las penas o mejorar sus condiciones en la cárcel.
La reforma del sistema se ha visto frenada por la posición del Ministerio de Seguridad Pública, que ha advertido del riesgo que puede representar para la estabilidad social. Sus partidarios aseguran que contribuye a frenar la criminalidad. La eliminación supondría también la desaparición de una fuente de ingresos para los Gobiernos locales. Estos se benefician de la mano de obra gratis de los internos, que fabrican, entre otros, componentes de automoción.
Algunos expertos creen que la modificación del sistema precisaría una redistribución de los poderes entre distintos organismos gubernamentales, como los Ministerios de Justicia y de Seguridad Pública, y una revisión de leyes y regulaciones que van en contra de la reforma.
El sistema de 'laojiao' fue creado en la década de 1950, a partir del modelo soviético, poco después de la llegada al poder de Mao Zedong en 1949, y fue legalizado por el Congreso chino en 1957. Inicialmente, surgió para encarcelar a "contrarrevolucionarios", "capitalistas" y críticos con el nuevo Gobierno comunista. Más tarde, fue extendido a autores de otros supuestos delitos, prostitutas y drogadictos. También es utilizado ampliamente contra activistas políticos y religiosos, y los miembros del movimiento de inspiración budista Falun Gong, que Pekín ilegalizó a finales de la década de 1990.
Las estimaciones sobre el número de personas en los campos reeducación por el trabajo varían. Según el Ministerio de Justicia, en 2008 había 160.000 internos en un total de 350 de estos centros. La cadena de televisión pública CCTV eleva el número a 310.000, en 310 centros. Naciones Unidas estimó en 2009 la cifra en 190.000.
La reeducación por el trabajo es un sistema de detención administrativa para delitos menores, dictada al margen del sistema judicial, que permite a la policía encarcelar hasta cuatro años. Es distinta de la antes denominada reforma por el trabajo o 'laogai', que incluye prisiones, granjas y campos de trabajos forzados para condenados por un tribunal, con penas más extensas. Estas últimas instalaciones continúan existiendo, pero el Gobierno no emplea el término 'laogai' desde mediados de la década de 1990.
Según Wang Da, profesor de la Universidad de Guangzhou, el 'laojiao' fue importante para garantizar el orden y gestionar la sociedad en un momento en que el país no tenía un sistema judicial avanzado. "Pero ahora China ha creado procedimientos legales e instalaciones para procesar y castigar a los pequeños criminales, lo que ha hecho obsoleta la reeducación por el trabajo", afirma en China Daily. "El sistema debería finalizar, ya que va en contra de los procedimientos legales y viola los derechos del ciudadano. La abolición es importante para promover el gobierno de la ley, proteger los derechos humanos y estandarizar los procedimientos legales". Los expertos presagian que la transición será progresiva, y que el caso de Guangzhou podría servir de ejemplo a otras ciudades para la abolición gradual de un método de punición que lleva en vigor más de medio siglo.
En febrero, la provincia suroccidental de Yunnan dijo que dejaría de enviar gente a campos de reeducación por algunos delitos, como "amenazar la seguridad nacional" o "manchar la imagen de los funcionarios". La prensa afirmó entonces que cuatro ciudades habían sido designadas como lugares de ensayo para sustituir el sistema por un programa de "rectificación del comportamiento ilegal a través de la educación". Algunos críticos temen que la futura reforma sea solo una operación de maquillaje.
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