La reforma de la Ley Fundamental marca las presidenciales del domingo.
El 11 de marzo de 1981 —después de que el año anterior se realizara un plebiscito sin registros electorales ni acceso de los medios de comunicación— la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) puso en vigencia una nueva Constitución en Chile. Se trataba de asegurar el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden social y económico impuesto por la Junta Militar.
Treinta y dos años después, la reforma de la Constitución de Pinochet ha marcado la agenda de la campaña presidencial. De cara a las elecciones de este domingo, —a las que la expresidenta Michelle Bachelet se presenta con una holgada ventaja en todas las encuestas—, ocho de los nueve candidatos proponen reformar la Carta Magna. Su legitimidad está en tela de juicio y la idea de realizar una Asamblea Constituyente se ha instalado con fuerza en los grupos más duros de la izquierda chilena.
Los últimos cambios a la Constitución los firmó el expresidente Ricardo Lagos, que en 2005 eliminó algunos de sus artículos de carácter autoritario, como la designación de senadores, y estableció la facultad del presidente de la República para destituir a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La reforma, sin embargo, ya no es suficiente a ojos de un amplio sector de la izquierda. “Lagos se equivocó y él mismo lo ha reconocido”, sostiene el ex senador socialista Carlos Ominami, exjefe de campaña del otrora gobernante.
Desde que dejó Nueva York y la jefatura de ONU-Mujeres, en marzo pasado, Bachelet colocó la reforma de la Constitución como uno de los tres pilares de su campaña, junto a las reformas en educación y el régimen tributario. A esas alturas, las movilizaciones estudiantiles habían convulsionado a la clase política. Una de sus exigencias pasaba precisamente por desmantelar la Carta Magna heredada de Pinochet.
Bachelet ha dicho que realizará una reforma por una vía “participativa, democrática e institucional”, pero no ha dado luces sobre los detalles de dicha iniciativa. Así es como no ha descartado públicamente convocar a una Asamblea Constituyente, pese a que en su entorno se afirma que su apuesta pasa por realizar los cambios en el Congreso y luego convocar a un referéndum para confirmarlos. La idea es que la nueva Constitución ponga fin al sistema electoral “binominal” y elimine los elevados número de votos que requieren algunas leyes para ser aprobadas en el Parlamento, entre otras cosas.
Con el rechazo de la derecha y el fantasma de otros procesos constituyentes en los países de la izquierda más dura de América Latina, como Bolivia, Ecuador o Venezuela, el bacheletismo estima que ese mecanismo sólo es aplicable cuando los países no tienen “principios de legitimidad” y, a su juicio, Chile está lejos de esa posición. La expresidenta es consciente de que convocar a una Asamblea Constituyente puede tener altos costos a la hora de implementar otras reformas que pretende poner en marcha, en la medida que abriría un escenario político incierto y altamente polarizado.
El programa de Bachelet es reformista, pero ella no ha renunciado al principio de la gradualidad y gobernabilidad, según señala un influyente miembro del equipo electoral de la expresidenta, quien, sin embargo, añade que la gran incógnita apunta a si la derecha bloqueará el camino para cambiar la Constitución. Solo en ese caso entra en escena la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y, precisamente por este motivo, la exmandataria ha comenzado a poner presión sobre sus adversarios al no descartar el uso de esa herramienta.
“Sólo en el escenario de que una reforma total a la Constitución fracase, la ex Presidenta se abre a la posibilidad de que se recurra al poder Constituyente originario de un pueblo”, afirma el abogado Francisco Zúñiga, expresidente de la comisión a la que Bachelet encargó una propuesta para reformar la Carta Magna.
Un sector de la izquierda, sin embargo, ha aumentado su presión para establecer una Asamblea Constituyente: consideran la reforma “ilegitima” por ser heredada de la dictadura y rechazan que sea incubada en el Parlamento.
El movimiento Marca Tu Voto está tratando de conseguir 40.000 observadores y vocales de mesa en todo el país para las elecciones de este domingo con el objetivo de que un millón de chilenos marquen la sigla AC (Asamblea Constituyente) en el sufragio. Se trata de un grupo de exdirigentes de los movimientos estudiantiles de las movilizaciones de 2011 y dirigentes de sindicatos y algunos partidos de la izquierda extraparlamentaria y la Nueva Mayoría, que apoya a Bachelet.
Las posiciones están divididas en el propio bacheletismo. Uno de los adherentes del movimiento Marca Tu Voto es el abogado Fernando Atria, quien participó en la comisión que estableció la expresidenta para reformar la Constitución. Una visión diferente tiene otro ex integrante del grupo, Javier Couso, quien, sin embargo, sostiene que “si la expresidenta no intenta cambiar la Constitución su gobierno va a estar en serios problemas. Primero, porque no va a poder hacer prácticamente nada de su programa sin el acuerdo de los herederos de Pinochet. Segundo, va a quedar ante los movimientos sociales como alguien que los traicionó”.
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