La cúpula del Partido Comunista inicia la reunión secreta para delinear las reformas económicas.
Cuando los nuevos líderes chinos, encabezados por Xi Jinping, ascendieron al poder en el 18º Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) en noviembre de 2012, prometieron llevar a cabo profundas reformas económicas y construir una sociedad más rica. Xi fue designado en aquel cónclave secretario general del PCCh, y en marzo pasado fue nombrado presidente del país. Desde entonces, ha ido asentando su poder y ha despejado algunos últimos obstáculos heredados de su predecesor Hu Jintao, como el escándalo del exlíder del PCCh en la municipalidad de Chongqing y potencial rival Bo Xilai. Bo fue condenado a cadena perpetua en septiembre por soborno, malversación y abuso poder.
Un año después del congreso, ha llegado el momento de tomar decisiones y anunciarlas. China celebra desde este sábado y hasta el martes en el más absoluto secreto una importante reunión del partido en la cual se prevé que fije la agenda de las reformas que deberá llevar a cabo durante los próximos años con objeto de bascular del actual modelo de desarrollo, basado en la inversión y las exportaciones, a otro más ligado al consumo interno, y hacer el crecimiento más sostenible después de tres décadas de expansión vertiginosa. Algunas cuestiones sociales y políticas serán abordadas también en el conciliábulo, pero se da por descontado que no se producirán reformas democráticas de estilo occidental.
El Tercer Pleno del 18º Comité Central del PCCh —organismo integrado por 205 personas— debe revelar hasta qué punto la nueva dirección china está comprometida con la necesidad de modificar un sistema, que, según ha reconocido el propio Gobierno, ha llegado a un punto de inflexión: ha perdido fuelle, y sufre exceso de capacidad industrial, un alto nivel de endeudamiento y precios inmobiliarios astronómicos.
“El proceso de reformas chinas se ha estancado en la última década, lo cual ha causado una grave crisis en la política china”, asegura Yao Zhongqiu, investigador y vicepresidente del Comité Académico del Instituto de Economía Unirule, un organismo privado con sede en Pekín.
Las posiciones coinciden dentro y fuera del país: sin reformas profundas, China corre el riesgo de caer en la llamada trampa de los ingresos medios, situación en la cual un país se estanca debido a la entrada en competición de otros países con costes de producción inferiores, mientras aún se encuentra lejos de economías que fabrican bienes de alto valor añadido. El Gobierno se ha fijado como objetivo que para 2020 toda la población —urbana y rural— duplique los ingresos per cápita respecto a 2010 (eran 7.519 dólares, según la OCDE; la renta per cápita de España era ese año de 31.904 dólares).
El Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado —un organismo de reflexión estatal— ha resaltado ocho áreas clave de reforma para construir “una economía de mercado dinámica, liderada por la innovación, global y pacífica bajo el gobierno de la ley”. En el núcleo del plan, está “gestionar de forma adecuada las relaciones entre el Gobierno y el mercado”.
Las ocho áreas que cita son: las industrias monopolio, el suelo, las finanzas, los sistemas de impuestos y fiscal, la apertura de la economía, la administración del Gobierno, los activos de propiedad estatal y el impulso de la innovación y el desarrollo ecológico. El informe sugiere la necesidad de mejorar el acceso al mercado y la competencia en industrias cruciales como la ferroviaria y la petrolera. Se prevé que el denominado tercer pleno proporcione el marco amplio de las políticas, más que detalles de cómo va a transformar China su economía.
Las empresas estatales serán uno de los temas fundamentales de la reunión. Los expertos creen que las autoridades no están preparadas para modificar profundamente la situación de los gigantes que dominan desde el sector energético a la banca, y que las privatizaciones están fuera de la agenda, aunque podrían adoptar decisiones audaces para hacer frente a los poderosos grupos de interés en los monopolios estatales, que pueden resistirse a los cambios.
Sí se esperan más detalles en otras áreas importantes, como las reformas financiera, fiscal, del suelo, de la administración del Gobierno, los precios de los recursos y la seguridad social, y la apertura de sectores protegidos a la competencia extranjera.
Entre los principales cambios que se prevén hay medidas para liberalizar los tipos de interés bancarios —el mercado jugaría un papel mayor— e introducir mayor participación privada en el sector. Más lenta parece la transformación del sistema fiscal para permitir a los Gobiernos locales gestionar mejor su endeudamiento y no tener que confiar en las expropiaciones y la venta de suelo para obtener dinero.
En el ámbito social, uno de los temas candentes es el proceso de urbanización. El Gobierno quiere que la economía dependa menos de la inversión y las exportaciones, y más de los servicios y el consumo interno. Esto implica impulsar la urbanización del país, asentar a cientos de millones de habitantes de las zonas rurales en ciudades y modificar el sistema actual de registro de residencia o hukou, que impide en la práctica a los emigrantes instalarse con sus familias en las ciudades porque no tienen los mismos derechos sociales, educativos y sanitarios que los locales. Se esperan medidas para relajar progresivamente estos controles. El pleno podría estimular también reformas para permitir algún día a los campesinos vender la tierra cuando dejan el pueblo.
“No es probable que el tercer pleno termine con compromisos ejecutables para reducir la malversación o los privilegios de las empresas estatales. Lo máximo que se prevé son medidas orientadas a incrementar la transparencia de la financiación de los gobiernos locales y a facilitar la entrada de más capital privado en las empresas estatales”, afirma en un documento Mario Esteban, investigador sobre Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano, en Madrid. “Algo más factible parece el establecimiento de un nuevo régimen de propiedad de la tierra en el mundo rural, que elevaría el nivel de ingresos de los campesinos y la oferta de viviendas. Donde sí se esperan avances más concretos es en cuestiones menos controvertidas como la progresiva liberalización de los tipos de interés y del yuan, el incremento del gasto social y la relajación de la política del hijo único y del sistema de registro de residencia”.
Los mandatarios chinos han prometido una sociedad más armoniosa, lo cual implica reducir las grandes brechas sociales y atajar los crecientes problemas medioambientales. La creación de una economía más equilibrada ya fue un objetivo de la generación previa de dirigentes, pero no hubo grandes avances en este sentido. Xi Jinping y su primer ministro, Li Keqiang, parecen más decididos a alcanzarlo, ya que han declarado públicamente que tolerarán un crecimiento económico menor mientras llevan a cabo las reformas. Para Xi y Li, lo importante es la estabilidad del crecimiento, no tanto que el ritmo sea alto. Desarrollo con más calidad, aunque sea más lento. Aun así, Li ha recordado esta semana que China necesita crecer un 7,2% anual para garantizar suficientes puestos de trabajo. La economía subió un 7,7% el año pasado, y se prevé que en 2013 lo haga un 7,5%, el menor valor en 23 años.
Como es norma de la casa, la aproximación a los cambios será gradual. La estabilidad económica y social continúa siendo la prioridad del Ejecutivo. Los próximos meses mostrarán la rapidez con la que quieren o pueden avanzar Xi Jinping y su cohorte.
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