La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos.NICK OTTO / AFP
La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos
En su punto álgido, todas las crisis parecen llamadas a cambiar el mundo. La Gran Recesión de 2008 iba a ser la de la refundación del capitalismo. La de deuda soberana del sur de Europa, la que sentaría las bases de una nueva Unión más solidaria. Y esta, la del coronavirus, “escribirá un nuevo mundo con otras reglas”, según apuntaba la semana pasada el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Lo más probable es que, como en las dos ocasiones anteriores, ese axioma se lo acabará llevando el viento y el giro de timón se quedará en apenas buenas palabras.
Sin embargo, lejos de los discursos altisonantes y fuera de los grandes focos, algunas ideas hasta ahora consideradas de nicho comienzan a enraizar: la renta básica (universal o no), una suerte de garantía de ingresos a los ciudadanos por el mero hecho de serlo, ha sumado más adeptos en apenas unos días que en años, dando un salto exponencial en el debate público y presentando una sólida candidatura en el menú de posibles soluciones para salir del atolladero económico y social de la pandemia. Y, algo aún más importante, empieza a calar en el terreno de los hechos, con distintos Gobiernos poniendo en marcha sus versiones propias de esta herramienta para combatir una recesión que ya es, en palabras de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tan mala o peor como la de 2009”.
Estados Unidos, un país en el que el debate sobre la renta básica quedaba recluido a ámbitos académicos relativamente estancos y a propuestas electorales minoritarias, como la del excandidato demócrata a la nominación presidencial Andrew Yang, ha dado un primer y decisivo paso en esa dirección: dará a sus ciudadanos 1.200 dólares (unos 1.100 euros) de una tacada, una cuantía que se reduce gradualmente para quienes ganan más de 75.000 dólares al año y que solo deja fuera a aquellos que ingresan 99.000 dólares o más. El objetivo, según la Casa Blanca, es tratar de paliar la merma de ingresos y asegurar lo esencial. “Los fundamentos son idénticos [a lo que propongo]: es una transferencia directa a individuos y hogares”, ha reconocido Yang en declaraciones a la radio pública NPR. “La gran diferencia es que yo sugiero que sea a perpetuidad, como un derecho básico de ciudadanía para cubrir las necesidades básicas y el paquete de estímulos está diseñado para durar solo unos meses”.
En paralelo, Brasil acaba de anunciar un esquema de pagos —en este caso, mucho más lejos de la universalidad— de casi 115 euros mensuales (la mitad del salario mínimo) durante un trimestre para 60 millones de trabajadores informales. Y España ultima estos días una renta mínima que, parece, estará en el entorno de los 440 euros al mes, en línea con la ayuda aprobada la semana pasada para los trabajadores temporales que se queden sin empleo por el parón económico desatado por el virus y con lo que propuso la autoridad fiscal (la Airef) el verano pasado. El objetivo será, de nuevo, proteger a los colectivos más vulnerables. En otros países europeos, como el Reino Unido, el “ingreso universal de emergencia” también ha irrumpido en la Cámara de los Lores y en la de los Comunes, pero aún no ha permeado en el tan conservador como heterodoxo primer ministro, Boris Johnson.
¿Por qué una renta básica y por qué ahora? Sus cada vez más numerosos defensores ven en ella una herramienta útil para contener la emergencia social que sufren quienes de la noche a la mañana se han quedado sin ingresos. Y, añaden los paladines de la idea, sería también una herramienta útil para reactivar la demanda cuando se puedan ir levantando las cuarentenas.
Hasta ahora, en el Viejo Continente la contingencia se ha abordado con ayudas por colectivos y, como en Italia, hasta con bonos alimentarios para tratar de rebajar la creciente tensión social en el sur del país. Pero en América Latina y en el resto del bloque emergente, donde la informalidad (personas que trabajan, pero son totalmente invisibles para el Estado) alcanza cotas infinitamente más altas que en Occidente, la gestión de la crisis está siendo y será mucho más complicada.
“En estos países, que todavía están en una fase inicial de la pandemia, la renta básica debe aplicarse tan rápidamente como sea posible: no puedes comprar jabón ni tener agua limpia sin el dinero necesario para ello, y es más sencillo transferirlo directamente a la gente que organizar un esquema complejo de subsidios”, apunta Guy Standing, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y autor de La renta básica: un derecho para todos y para siempre (Editorial Pasado y Presente).
Todos los esquemas diseñados o puestos en marcha desde el inicio de la pandemia están, sin embargo, pensados para desaparecer tan pronto baje la marea, como destaca Philippe van Parijs, profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). “Tienen un propósito útil y pueden ser la mejor herramienta disponible, pero son intrínsecamente temporales”, recalca el quizá mayor embajador global del concepto.
“Muchos de los que la criticaban, ahora la defienden”
La renta básica no ha dejado de ganar enteros con el paso de los años ante el avance de la desigualdad y la merma del Estado de bienestar. Pero no es, ni mucho menos, una idea nueva: empezó a sonar, aunque en círculos muy reducidos, en el siglo XVIII y en su travesía ha logrado reunir en torno a sí a economistas de extracción ideológica tan diversa como John Kenneth Galbraith, Milton Friedman o James Meade, entre otros. Y ha cautivado a pensadores separados por dos siglos como Thomas Paine (1737-1809) y Bertrand Russell (1872-1970). Nunca, sin embargo, ha estado tan cerca de convertirse en realidad como hoy. “Creo en el utopismo oportunista. Las crisis pueden proporcionar oportunidades para grandes avances y debemos aprovechar el impulso”, anima Van Parijs, coautor de Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata (Editorial Grano de Sal).
La vertiente universal del ingreso básico —la más interesante, pero también la más compleja por los costes que lleva asociados— está atrayendo un interés mayor en un momento de indefinición económica, como reconoce Louise Haagh, del departamento de Ciencias Políticas la Universidad de York (Reino Unido). “Está quedando patente el fallo de nuestro sistema tanto para responder específicamente a esta crisis como, más en general, para ofrecer una seguridad económica real”, apunta por correo electrónico. “Es solo una pieza del puzle, pero al menos sería un intento serio de reconocer los derechos y el estatus económico de todos”. También Standing ve un cambio de patrón: “Muchos políticos, economistas y medios de comunicación, que en el pasado han sido hostiles a la idea, ahora la defienden”.
El coste de un ingreso básico permanente y no únicamente de emergencia varía, y mucho, entre latitudes. La renta mínima propuesta en España por el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando estaba al frente de la Airef costaría 3.500 millones de euros si se descuentan los solapamientos con otros programas sociales y reduciría la pobreza en entre un 46% y un 60%. Una solución más ambiciosa, como una renta básica auténticamente universal y permanente de algo más 620 euros al mes por residente, supondría una carga de casi 190.000 millones anuales, algo menos del 18% del PIB, según calculó en 2017 el servicio de estudios del BBVA. Para ponerla en marcha, tanto en países europeos como emergentes, habría que empezar por librar “un combate frontal contra la evasión y la competencia fiscal [entre territorios], y repensar el objetivo de la austeridad”, incide Haagh, presidenta de la Red Global de Renta Básica (BIEN, por sus siglas en inglés).
En Latinoamérica, una región atravesada por la desigualdad y la pobreza, y donde, por tanto, su sentido se multiplica, entregar a todos los hogares el equivalente al umbral de pobreza tendría un coste para el erario equivalente al 4,7% del PIB, según un reciente estudio de la Cepal, el brazo de la ONU para el desarrollo económico del subcontinente. “No costaría tanto y daría seguridad económica en un momento de enorme incertidumbre”, remarca la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. “Esta crisis nos invita a repensar la economía, la globalización y el capitalismo. Se requieren soluciones innovadoras y la renta básica es una de ellas”. La utopía está más cerca que nunca de convertirse en realidad.
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