Suele decirse que la inflación es "el impuesto de los pobres". La inflación, que es el problema económico más grave en España y en casi todo el mundo, tiene muchas otras implicaciones, pero sí es un impuesto. Por otra parte, lo que no es cierto es que sea el impuesto de los pobres en exclusiva por dos motivos. Por una parte, porque la inflación es universal. Cuando en general los precios suben, y eso es la inflación, entonces lo que ocurre es que disminuye la capacidad de compra de una moneda, que cumple peor su función. Y esta afecta a todos los que utilizan la moneda, es decir a todo el sistema económico. Lo que sí es cierto es que los pobres sufren más con la inflación, pero no por su carácter de impuesto.
La razón fundamental por la que la inflación es un impuesto, como ya señalaba Keynes, es que casi todos los impuestos tienen bases monetarias, por lo que el Estado recauda más por el aumento de las bases imponibles. Hay una excepción que son los impuestos especiales, como los alcoholes o gasolinas. Aquí, como se tributa en función de litros de alcohol o de gasolina, Hacienda recauda menos en términos reales por cada litro que se vende. El del tabaco es un impuesto mixto, y precisamente por eso, ha sido el porcentaje que se cobra sobre el precio lo que ha hecho que la recaudación no se haya resentido excesivamente, y con ella, por cierto, los objetivos sanitarios del impuesto.
El IVA no es el impuesto que más sube con la inflación, pero sí el que lo hace más rápido. El aumento de precios supone un incremento inmediato de la recaudación de este impuesto. En el caso del IRPF, este traslado no es tan inmediato, ya que hay que esperar a que los salarios y pensiones recojan el incremento de precios, es decir a la segunda ronda inflacionaria. Sin embargo, aquí, como el impuesto es progresivo, se acaban pagando más impuestos con una renta real inferior. Este efecto se conoce como progresividad en frío, y se suele asociar al desplazamiento de tramos. Sin embargo, no hace falta que la renta de un contribuyente suba de tramo, incluso aunque no sea así, un incremento nominal de la renta, aumenta más que proporcionalmente la cuantía a pagar. Aquí ya no estamos hablando de que el Estado recaude más en términos nominales, sino de aumento en términos reales a costa de un empobrecimiento del contribuyente.
Hay un segundo efecto más sutil, y es que, con inflación, las deudas se reducen. Como el principal deudor en nuestra sociedad es el propio Estado, siempre que la deuda pública no esté indiciada a la inflación, ni emitida en otra moneda que no se deprecie, la carga de la deuda pública disminuye en términos reales. Casi toda la deuda pública española, como la de muchos países desarrollados cumple estos requisitos, con lo que parte de la caída del endeudamiento público sobre el PIB se explica por la inflación. De alguna forma, la inflación es un "impuesto" que acaba recayendo en los acreedores y beneficiando a los deudores, encabezados por el propio Estado.
La razón de que los "pobres se hagan más pobres" con la inflación, lo que es cierto, tiene poco que ver con los impuestos. En general, la inflación provoca empobrecimiento por el peor funcionamiento de todo el sistema económico cuando se deteriora el instrumento de intercambio que es la moneda. Por otra parte, cuando la inflación proviene del exterior, el país en su conjunto se empobrece. Así, cuando se sufre un shock energético externo, como el que sufrimos en la actual (y en anteriores) crisis energéticas, entonces se produce una transferencia de renta desde los países consumidores de gas y petróleo hacia los productores. Esto, simplemente no hay forma de evitarlo, y un pacto de "rentas", en el fondo, es repartir este empobrecimiento para evitar que, además, genere efectos de segunda ronda y más inflación y empobrecimiento aún.
Hay dos factores que sí afectan específicamente a los ciudadanos de menor renta. El primero es que los más pobres consumen prácticamente toda su renta y no tienen, apenas capacidad de ahorro. Por eso, el aumento de precios supone que estas familias de menor renta tendrán que disminuir su bienestar económico y no podrán recurrir al ahorro. Esta situación se agrava cuando la inflación se centra en productos y servicios de primera necesidad, como alimentos y energía, les afecta en mayor medida que a los que son más ricos, ya que gastan en esos bienes más porcentaje de su renta total. Por eso, la inflación que padecimos durante buena parte de 2022 tuvo un efecto mucho más dañino en las rentas más bajas. Sin embargo, como ponen de manifiesto Ángel Martínez Jorge y Javier Martínez Santos en un reciente estudio de EsadeEcpol, la reducción de precios de la electricidad en España en el último trimestre no sólo fue una buena noticia para los costes de las empresas y la inflación general, sino que también redujo, afortunadamente, el impacto de la inflación en el aumento de la desigualdad.
Como el impacto de la inflación en la desigualdad, y también en el crecimiento, no se debe a que sea un impuesto, aunque lo sea, sino a otros factores, no hay tanto que podamos hacer para combatir la inflación desde el plano fiscal. En general, estamos ante un fenómeno monetario, la pérdida del valor de la moneda, y no fiscal. Por eso, las soluciones, que son dolorosas, son monetarias como reducir la cantidad de dinero en circulación y aumentar los tipos de interés.
Desde un punto de vista fiscal, se puede intentar compensar, al menos en parte, a los más castigados por la inflación, los más pobres. El principal problema es que esta compensación se gastará en consumo, aumentará la demanda, y complicará el problema inflacionario. Aquí estamos hablando no de una solución, sino de un analgésico para el dolor, que tiene el efecto secundario de subir la tensión. Incluso con efectos secundarios, a veces los analgésicos, las políticas de reducción de impuestos y de aumento de subvenciones en tiempo de inflación, son necesarios, pero es otra historia, y debe ser contada en otra ocasión.
