20.000 mujeres mueren cada año a manos de sus familiares en todo el mundo, víctimas de los denominados “crímenes de honor”
Su único delito es su valentía, la de contravenir la tradición y la costumbre
Unas 20.000 mujeres mueren cada año a manos de sus familiares en todo el mundo, víctimas de los denominados “crímenes de honor”. Son tiroteadas, apuñaladas, degolladas, lapidadas, envenenadas, decapitadas, electrocutadas, quemadas o enterradas vivas como castigo a su comportamiento, entendido como impío, inmoral, indecente o pervertido. Sólo su sangre, dicen sus asesinos, puede limpiar la reputación del clan. El delito de estas mujeres es su valentía: la de contravenir la tradición y la costumbre, bien sea defendiendo su derecho a vestir de una manera, a estudiar una carrera, a dedicarse a un empleo mal visto entre los suyos, o eligiendo una vida sentimental y sexual libre, renegando de los matrimonios forzados, de las alianzas que se tornan en palizas e insultos, de las expectativas de su comunidad.
Cariño y oxígeno es lo que buscaba Tamar Zeidan, una joven de 32 años asesinada en diciembre en una tierra, Palestina, donde las muertes por honor se han duplicado en un año, pasando de las 13 de 2012 a las 27 del pasado 2013. Van cinco en lo que llevamos de año. Su caso aún se narra en voz baja en su pueblo de Deir Al Ghusun, poco más de 8.000 habitantes, cerca de Tulkarem (Cisjordania). Su padre, Munther, la estranguló mientras dormía la siesta. Lo hizo después de que se colgara en las cinco mezquitas del pueblo un comunicado, firmado por 51 allegados, en el que se exigía “el restablecimiento de la moral” en la familia tras los “actos vergonzosos e indignantes” que Tamar había protagonizado.
La joven, casada a la fuerza a los 15 años, llevaba cuatro años divorciada y había regresado a su hogar paterno tras tener que renunciar a la custodia de sus tres hijos. Desde el pasado verano, se había encontrado en algunas ocasiones con Iyad Nalweh, un hombre que la pretendía como segunda esposa. Iyad fue visto una noche a las puertas de la casa de Tamar. Unos vecinos se acercaron a atacarle o “proteger el honor” de la joven, según sus alegaciones ante la Policía. La disputa acabó con detenciones varias, Tamar exiliada en casa de su hermana en Ramala y un rumor, potente, que decía que la pareja llevaba tres días encerrada en la vivienda, sola, sin más testigos de sus actos. “Eso no es posible. Yo estaba ingresada en el hospital y ella estaba conmigo. Sé que era mentira”, relata su madre, Laila, con la voz ronca y cansada.
Pese a su certeza, a su absoluta confianza en el “buen” comportamiento de su hija menor, siguieron corriendo los panfletos y las amenazas. Su propia familia extensa amenazaba con desterrar a los Zaidan si no reprendían a su hija. Comenzaron encerrándola en casa y quitándole el teléfono móvil, confiesa la madre. A la jauría no le parecía suficiente. “Empezaron a decir que mi marido estaba loco. Iban a lograr nuestra ruina”, trata de justificar la madre. La “presión”, dice, era mucha, y Munther decidió matar a la joven. “No quería hacerlo. Tuvo que ceder”, repite la madre. Entre los que azuzaron el castigo estaba un legislador local, Abed Al Rahman Zeidan, familiar y miembro de Hamás, quien dijo a la Agencia Maan que su objetivo era “proteger las costumbres conservadoras y tradicionales de la familia”. Una tía de Tamar hizo una fiesta el día de su funeral, cuenta una vecina de los padres, Suha. La “vergüenza” de la familia había volado, a su juicio.
La periodista Rana Husseini, autora del libro Asesinato en nombre del honor, escribe que estos crímenes no tienen una raíz religiosa, como suele pensarse en Occidente, sino meramente “cultural”, que se basa en códigos de moral y en una serie de comportamientos bendecidos o demonizados dentro de un clan o una tribu, con grados de lo que se entiende por “honorable”. Husseini se topó con esta realidad como redactora de sucesos en el diario The Jordan Times. Un tercio de las mujeres asesinadas en Jordania lo son a manos de sus familiares. La autora ha podido constatar que los casos se dan entre personas de todo credo, formación y clase social, pero donde sigue interiorizada la idea de que la mujer es “propiedad” de la familia y un mero rumor o sospecha es ya un pecado que redimir. Para ella, víctimas son las muertas y también, en no pocas ocasiones, quienes las ejecutan, atrapados por la disyuntiva de deshonrar aún más a la familia si no atacan o de ser un héroe y matar a un ser querido.
Frente a la violencia doméstica convencional, en estos casos se pasa del control del individuo, del esposo o del marido, al de la “colectividad”, por lo que hay un alto número de autores potenciales de la muerte, de testigos y también de cómplices. Y como los problemas no se pueden airear ni hay una red del Gobierno especialmente protectora ante unos casos que son “tabúes”, no hay una estructura policial, fiscal o judicial a la que acudir. “Tienes que acusar a quien adoras. Es muy difícil”, reconoce Alima –nombre ficticio-, una joven palestina que prefirió exiliarse a denunciar. “¿A qué Policía se lo contaba que no conociese a mi familia? ¿Quién me iba a dar cobijo?”, se pregunta. Alima no quería casarse con el primo lejano y pudiente que le habían buscado. Quería hacer lo que hace ahora: estudiar Derecho. “No quería tener cuatro hijos con 22 años, como mi madre. Quiero aprender y ver mundo. Y elegir mi pareja. Soy religiosa y cumplidora. Lo que no entiendo es la imposición”, dice vía correo electrónico.
La desprotección es casi absoluta, apenas prestan apoyo algunos centros de acogida, la mayoría privados o de iniciativa religiosa, como el de las Hijas de la Caridad de Belén, hasta donde acuden chicas escapadas de sus casas, embarazadas en la mayoría de los casos, buscadas para morir después de hacer sido víctimas de violaciones –de desconocidos o allegados- porque el abuso se entiende también como una actividad sexual ilícita. Iskandar Adnon, trabajador social del centro, indica que muchas de las jóvenes llegan tras haber tomado hierbas abortivas, usando vendas y fajas para tapar su gravidez. A veces caminan por toda Cisjordania, temerosas de tomar un autobús y toparse con un conocido, en un intento desesperado por lograr el anonimato y la libertad. De vez en cuando atienden a mujeres con cicatrices tras uno o varios intentos de suicidio, incitadas a matarse por el bien de la familia o desesperadas por su persecución. En su memoria, los casos que no pudieron atender a tiempo, como el de una muchacha con discapacidad mental violada en Hebrón y asesinada porque llevó la “sospecha” a su casa, de la que habían sido avisados pocas horas antes del crimen. También han recogido de la calle a bebés abandonados con notas que explican la muerte de sus madres, hijos de los que sus tíos o abuelos reniegan.
“El mayor problema es de educación –resume Adnon, vehemente–. Hay que cambiar ese concepto tribal de que una mujer daña a su entorno y de que se pueden controlar sus elecciones y su cuerpo. A veces es complicado porque la mujer, además, tiene un uso de negocios, de trueques y alianzas, pero ese patrón no sirve en el siglo XXI. Y el otro problema es la impunidad”, añade. La mayoría de códigos penales de los países más tolerantes con esta carnicería se aferran a leyes arcaicas que apenas imponen unos meses de pena. En el caso de Palestina, en 2011 se remodeló la norma, que contemplaba seis meses de condena por muertes de honor, pero aún quedan restos en el articulado, vestigios del Imperio Otomano, a los que se aferran los agresores, que a lo sumo cumplen un par de años de pena.
En Gaza –donde el 22 de febrero cayó la última joven, Islam Al Shami, 18 años, apuñalada en el cuello mientras rezaba, a manos de su propio hermano, por supuesta causa de honor– nadie ha pagado con más de tres años, informa Raji Sourani, director del Centro Palestino por los Derechos Humanos (CPDH), quien constata que a veces el crimen se le encarga a un niño de la familia para que, así, no pase de unos meses en el reformatorio. En Jordania la condena media es de siete meses y medio, aunque al menos ya se debate el tema públicamente, gracias al interés tomado por la hoy reina viuda de Jordania, Noor, que rompió la “conspiración de silencio”, como la llama Husseini; las penas aún no se han modificado.
“Los indultos y las suspensiones de penas son comunes. Hace falta un cambio total de la ley”, defiende Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que exige a su compañero, el presidente Mahmud Abbas, una apuesta clara contra estos crímenes. En Palestina la repuesta suele ser, se duele Ashrawi, que hay cosas más importantes por las que luchar, como la ocupación israelí. “Estamos luchando por la libertad y la dignidad humana. ¿Cómo se puede privar a la mujer de estos derechos?”, se indigna. Surayda Hassan, directora general del Comité Técnico de Asuntos de la Mujer, reconoce el repunte en las muertes, pero dice que “no está claro” si se debe a que hay más crímenes o es que ha crecido la “información” que se tiene de ellos. La sensibilidad, defiende, es cada vez mayor, por la difusión de la prensa y el aumento del activismo femenino, pero también los focos de sospecha, como la mejora en las telecomunicaciones, las redes sociales o la mayor mezcla de población con el crecimiento de los núcleos urbanos palestinos.
Ashrawi confiesa que lleva desde noviembre sin poder tratar de nuevo el tema con el presidente Abbas. No ha habido avances. “Hay que enjuiciar a los perpetradores, someterlos a unas penas similares a las de los demás asesinatos y añadir los agravantes de parentesco, que hacen aún más terribles los crímenes”, insiste el CPDH.
Un estudio elaborado por Phyllis Chesler, profesora emérita de Psicología del Richmond College de la Universidad de Nueva York, indica que, según el último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, que data de 2000, se calcula que hay 5.000 mujeres muertas por crímenes de honor al año. Sin embargo, sólo en India o Pakistán ya se registran mil en cada uno, por lo que tanto Human Right Watch como Amnistía Internacional manejan como más acertada la cifra de 20.000, afinada por el periodista del The Independent Robert Fisk tras una investigación de campo que le llevó a cinco países en 2010.
Los casos se han “acelerado significativamente”, dice Chesler, desde 1989. La media de edad de las víctimas es de 23 años, aunque se dan dos grupos diferenciados: las adolescentes y las madres adultas. Algo más de la mitad son hijas o hermanas de su asesino y un cuarto son sus novias o esposas. Dos tercios de las asesinadas caen a manos de su familia de origen, sin intermediarios, y en un 42% de los casos hay múltiples autores. La mitad de las mujeres fueron torturadas, abunda el estudio: violaciones masivas como castigo de su falta de pureza, apedreamientos, golpes…. Priman los casos en los que las fallecidas fueron perseguidas por ser “demasiado occidentales” o resistirse a obedecer las expectativas culturales o religiosas de los suyos (58%); el resto son atentados contra su libertad sexual –relaciones no consentidas, extramatrimoniales, homosexualidad…-. Otro estudio, de la Universidad de Cambridge, constató el pasado junio que casi la mitad de los hombres y una quinta parte de las niñas de Jordania entienden que matar a una mujer que ha “deshonrado” a los suyos está “justificado”.
La tragedia está saltando también ya a Europa, Estados Unidos y Canadá, que están viendo cómo también en sus territorios se repite esta tradición mortal, sobre todo en emigrantes asiáticos y africanos de segunda y tercera generación. Sólo en el Reino Unido se dieron 12 muertes el pasado año y hasta se ha creado una unidad judicial contra matrimonios forzados. No es exclusivamente un fenómeno exportado. Como recuerda el informe de Naciones Unidas, hasta 1980 el código penal de Italia no recogió estas muertes como asesinatos y se liquidaban con bajas penas. Es otra forma, diferenciada y feroz, del general intento de sometimiento de la mujer en todo el mundo.
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