CRISTIAN NEWMAN (UNSPLASH)
Aumenta el número de Gobiernos que legislan y toman medidas para dificultar la labor de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. Lo denuncia Amnistía Internacional
La represión está de moda. Es tendencia. Cada vez más países aprueban leyes que limitan o impiden la actividad de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Solo en los dos últimos años, se han iniciado los trámites e incluso aprobado al menos 40 normas en este sentido. Así lo advierte Amnistía Internacional en el informe Leyes concebidas para silenciar, publicado este jueves, en el que denuncia "un ataque global contra las ONG".
En su investigación, la organización analiza 50 países del mundo donde se han aplicado o están en proceso de aprobación leyes contra las ONG. Esta batalla para frenar y acallar a los defensores de los derechos humanos "se ha recrudecido" en los últimos años, apunta Maribel Tellado, responsable de la campaña Valiente de Amnistía Internacional en España. En opinión de la experta, los propios Gobiernos usan un "discurso demonizador" de determinados colectivos para luego justificar las medidas represivas contra ellos. "Una parte de la población compra esos mensajes", lamenta. Es el caso de Hungría. "Se están ensañando con las organizaciones que apoyan a las personas migrantes y refugiadas. Se dice que amenazan la seguridad, las multan y desprestigian". La comunidad LGTBI, las feministas y los que combaten la corrupción —incluidos los periodistas— son otros grupos especialmente perseguidos.
Las medidas más comunes para impedir el trabajo de las organizaciones que se han encontrado los autores del informe son la imposición de trabas burocráticas y dificultar su acceso a financiación.
En la mayoría de los casos, advierten, se obliga a las organizaciones a registrarse para poder desarrollar su actividad y los requisitos para hacerlo son a menudo confusos o simplemente arbitrarios. En Pakistán, por ejemplo, el Ministerio de Interior rechazó las peticiones de 18 ONG internacionales, entre las que estaba ActionAid, sin alegar motivo alguno. En octubre de 2018, les ordenó abandonar el país. Las justificaciones para denegar el permiso, cuando sí las hay, son tan distintas como los países que las imponen. Según el estudio, las más habituales son la seguridad nacional, la preocupación de que las entidades interfieran en asuntos internos, la necesidad de proteger la propia identidad, así como preservar las tradiciones, los valores y las creencias religiosas.
Para dificultar o incluso acabar con la actividad de las ONG ya operativas, algunos Gobiernos han aprobado leyes que fuerzan a las entidades a cumplir requisitos y procesos "absurdos", dice Tellado. De no hacerlo, se enfrentan a cuantiosas multas o incluso la cárcel. Otros se reservan el poder de disolver una organización si esta comete alguna infracción. El problema es que, según Amnistía Internacional, los casos en los que están habilitados a ello no están claramente definidos. En Egipto, en virtud de su Ley 70 de 2017, basta con afirmar que una ONG "daña la unidad nacional o perturba el orden público" para cerrarla.
En muchos casos, se obliga a las organizaciones a registrarse para poder desarrollar su actividad y los requisitos para hacerlo son a menudo confusos o simplemente arbitrarios
Con todo, en estos países, hay ONG que superan airosas la embrollada burocracia y aguantan la persecución. Contra ellas, a los Gobiernos solo les queda la guerra económica a golpe de multas e impuestos desorbitados, o bien restringen al mínimo sus posibilidades de financiación. En este sentido, el informe de Amnistía Internacional destaca en primer lugar a Rusia y su Ley de Agentes Extranjeros de 2012. Las ONG que reciben fondos internacionales o desarrollan actividades políticas son incluidas en un listado que las califica como "agentes extranjeros", que todavía es sinónimo de espía, traidor y enemigo del Estado. "Tiene una connotación muy negativa en la opinión pública. Nadie quiere ser llamado así, especialmente si eres un defensor de los derechos humanos", confirma Galina Arapova, directora de Mass Media Defence Centre (MMDC), que promueve la libertad de expresión y asiste legalmente a periodistas en aquel país.
"Es fácil que cualquier organización cumpla los requisitos. Basta con que la Comisión Europea o las Naciones Unidas estén entre sus donantes. Y la definición de la ley de lo que es una actividad política es muy amplia. Defender la libertad de expresión, criticar al Gobierno, luchar contra la tortura e incluso ayudar a niños con cáncer... ¡Encuentran actividad política en todo lo que hacemos porque dicen que influirá en la opinión pública!", detalla Arapova. "Pero nosotros no somos políticos. Defendemos los derechos humanos, es lo que hacemos las 24 horas del día".
La ONG que dirige fue incluida en la lista de agentes extranjeros en 2015 y desde entonces su labor es cada vez más difícil. En primer lugar, porque las instituciones públicas tienen prohibido tratar con entidades bajo esta clasificación. "Hemos perdido la posibilidad de comunicarnos y coordinarnos con organizaciones gubernamentales y autoridades. Por eso hemos tenido que cesar algunos de nuestros programas. Impartíamos formación a jueces, a responsables de prensa, la policía... Pero ahora no podemos organizar ninguna actividad, ni charlas o seminarios con funcionarios", detalla indignada en una conversación por canales más seguros que una simple llamada de teléfono. No tiene la certeza de que la estén vigilando, pero toma este tipo de precauciones "por si acaso".
"Lo usan para estigmatizarnos", se queja la activista. "No solo se trata de frenar la actividad de las ONG y acallar las críticas al Gobierno, sino también de crear una mala reputación y que la gente crea que usamos los fondos, becas y donaciones extranjeras para servir los intereses de otros Gobiernos y no en favor de la sociedad rusa. Lo que no es cierto", continúa. De este modo, a través del desprestigio, los pudientes donantes locales prefieren apoyar causas menos controvertidas que los derechos humanos y organizaciones menos impopulares que las calificadas como agentes extranjeros.
Todas las leyes y medidas represivas hasta ahora descritas, recogidas en el informe, van en la dirección contraria de lo que manda la declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos. Dice así: "Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades".
Represión, reacción
El MMDC ha aguantado el envite, pero su labor se ha resentido. "Continuamos dando apoyo legal a los medios, periodistas, blogueros... pero podríamos hacer más. Antes hacíamos más", asegura Arapova. Otras entidades no han resistido y han echado el cierre. "Esto es difícil financiera, personal y psicológicamente", argumenta.
"Lo que intentan es infundir miedo y crear inseguridad. Y lo consiguen en muchos países", agrega Tellado. "La gente no quiere ir a la cárcel o que les multen con unas cantidades de dinero que no pueden pagar... Muchos no solo dejan su trabajo, sino que también abandonan sus países". Pero hay, en su opinión, motivos para la esperanza. "La movilización ciudadana también está aumentando. La gente se organiza y lucha por el medio ambiente, contra la tortura o la pena de muerte, por la salud y la educación... Esto no va a parar", observa. "De una manera u otra, la ciudadanía acaba reclamando sus derechos".
De una manera u otra, la gente acaba reclamando sus derechosMARIBEL TELLADO, RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA VALIENTE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN ESPAÑA.
Coincide en este análisis la uruguaya Anabel Cruz, directora de la ONG Instituto de comunicación y desarrollo, y presidenta de la alianza de organizaciones de la sociedad civil Civicus. "Una de las conclusiones de nuestro último informe sobre el estado de la sociedad civil es que en 2018 hubo un avance de la represión, pero también un resurgimiento de movimientos sociales y de protestas como no habíamos visto en mucho tiempo".
Lo que más preocupa a Cruz es que se haya impuesto una agenda antiderechos. "Después de tantas décadas que llevó conquistarlos... ahora están peligro", reflexiona. Considera que lo que deben hacer organizaciones grandes como Amnistía Internacional y Civicus es dar apoyo a quienes protestan y pueden frenar esta tendencia represiva. "La sociedad civil está alerta y dispuesta a luchar por sus derechos", proclama.
Madrid
https://elpais.com/elpais/2019/02/19/planeta_futuro/1550599103_443707.html
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