- El Ejecutivo prepara una norma para evitar residuos y reducir la contaminación
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prepara el Proyecto de Ley de Consumo Sostenible que obligará a las compañías a reparar los productos que compren los usuarios, bien de forma gratuita o a cambio de una contraprestación en dinero o de otro tipo, para evitar que se desechen prematuramente y reducir así los residuos.
La Administración ha sacado a consulta pública la futura norma para generar nuevos modelos de consumo con menor impacto ambiental. El texto, que prevé transponer tres directivas europeas (una ya aprobada y dos en tramitación) se marca tres objetivos. De un lado, busca estimular la demanda de productos más sostenibles; de otro, que el consumidor esté bien informado para elegir y acabar con los falsos mensajes que prometen un producto ecológico y, finalmente, incrementar la vida de los bienes mediante su reparación para evitar residuos.
"Se establece la obligación para los Estados miembros de asegurar a las personas consumidoras que el productor repare los bienes, gratuitamente o a cambio de una contraprestación en dinero o de otro tipo, estableciendo requisitos de reparabilidad, excepto en el caso de que la reparación sea imposible. Se trata de que los productos de consumo que se vuelvan defectuosos, no sean desechados prematuramente y puedan repararse y utilizarse durante más tiempo, reduciendo así los residuos y evitando la generación de emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se reduce la demanda de recursos valiosos para la producción de nuevos bienes", dice el texto sometido a consulta ciudadana.
Asimismo, añade que las afirmaciones medioambientales, en particular las relacionadas con el clima deben de ser analizadas caso por caso, cuando no estén respaldadas por compromisos y metas claros, para prohibirlas cuando se llegue a la conclusión de que no se puede garantizar su veracidad y credibilidad.
Fin a técnicas engañosas
"Además, se debe asegurar que comparación de productos sobre la base de sus características medioambientales o sociales o de los aspectos de circularidad, como su durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad, no se induzca a error a las personas consumidoras, utilizando técnicas de comercialización que pueden resultar engañosas para las mismas", añade el Ministerio al respecto. Igualmente, busca impedirse la exhibición de un distintivo de sostenibilidad que implique una comunicación comercial que sugiera o cree la impresión de que un producto tiene un impacto positivo o nulo en el medio ambiente sino hay detrás un comportamiento excelente y reconocido.
"Ante la inexistencia de regulación nacional de estos derechos de las personas consumidoras y obligaciones de los empresarios en el marco de las relaciones de consumo se hace preciso la transposición de estas directivas comunitarias a nuestro ordenamiento jurídico con las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las tres directivas mencionadas", justifica al respecto la Administración.
