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El abogado ecuatoriano Pablo Fajardo logró contra el gigante petrolero la mayor indemnización de la historia por un atentado medioambiental.
Cuando se licenció en Derecho, a los 32 años, el ecuatoriano Pablo Fajardo llevaba más de una década en los juzgados pleiteando contra una de las empresas más grandes del mundo. En 2005, se sentó en una sala de los juzgados de Nueva York, con una carpeta en la que llevaba la defensa de los pueblos indígenas que habitan la provincia amazónica de Sucumbíos. Frente a él, se sentaron ocho abogados en representación de la petrolera Chevron, demandada por verter lodos tóxicos sin control durante casi tres décadas. En total, se enfrentaba a 39 abogados pagados por la tercera empresa más grande de Estados Unidos. "El que menos, tenía 25 años de experiencia letrada", asegura Fajardo. Él, solo uno. "Pero yo tenía una ventaja", dice Fajardo. "No había que inventarse nada. Yo sólo tenía que contar una historia".
Es la historia de una catástrofe ecológica 30 veces mayor que la del vertido del petrolero Exxon Valdez, según los demandantes. También es la de una sentencia, dictada por un juez del pueblo de Lago Agrio, Ecuador, que fijó la indemnización más cuantiosa de la historia en una acción judicial por delito medioambiental: 8.560 millones de dólares. Entre medias, décadas de sufrimiento y muerte, en un lugar donde ya era suficiente sobrevivir a la miseria.
José Fajardo y María Mendoza dejaron la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador, buscando un futuro en el noreste, donde una masiva actividad de extracción de petróleo atraía trabajadores. Se instalaron con sus 10 hijos a finales de los años ochenta en un pueblo llamado Shushufindi (remo, en idioma secoya), en la provincia de Sucumbíos, en plena Amazonia. Pablo Fajardo Mendoza era el quinto de los hermanos. Tenía 14 años.
Es difícil convencer a quien no haya estado allí nunca de que "había petróleo por todas partes". En el campo, mezclado con la tierra. En las casas, en el aire. Desde luego, en los caminos, porque según cuenta Fajardo los camiones de Texaco rociaban los caminos de tierra con petróleo, en una especie de asfaltado improvisado para que no se levantara polvo. Fajardo recuerda una juventud con los pies llenos de petróleo, los pantalones manchados, las paredes... todo. Es habitual perder el calzado por los caminos. Imagínese que sale a la calle después de haber caído un chaparrón y va en chancletas. Ahora imagínese que en vez de agua es petróleo. La vida aún es así en Sucumbíos.
356 pozos petroleros perforados
Según los datos de Fajardo, Texaco perforó 356 pozos de petróleo en la Amazonia ecuatoriana. "Pero además de esto, en cada pozo que perforaba construía cuatro o cinco piscinas para arrojar los desechos tóxicos". Ahí se almacenaba también el agua tóxica usada para extraer el petróleo. "La empresa siempre construía las piscinas de desechos lo más cerca posible a un río. La idea era deshacerse de ellos de una forma fácil y barata". Así, el problema del suelo se trasladó al agua. Esa agua llevaba azufre y otros tóxicos por su contacto con el petróleo. Al evaporarse, caía sobre la selva en forma de lluvia ácida. La tierra, el agua y el aire saben a petróleo.
Texaco, adquirida por Chevron en 2001, empezó a perforar el Amazonas del norte de Ecuador, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, con una concesión del Gobierno en 1964. Salió de la zona en 1990 y dejó la explotación a Petroecuador. En aquella zona vivían al menos cinco tribus indígenas antes de que se llenara de trabajadores y de petróleo. Dos de ellas, Tetetes y Sansahuaris, han desaparecido para siempre. El envenenamiento de los ríos acabó con la pesca. El resto de las tribus pasaron de la economía de subsistencia en la selva a la miseria en la economía de mercado, trabajando para la petrolera.
Fajardo también trabajó para Texaco. No había mucho más. Era adolescente y trabajaba ayudando de peón en lo que salía, por ejemplo, tapar con tierra de cualquier manera un derrame de petróleo. Mientras, empezó a colaborar con una misión de religiosos capuchinos navarros, donde pudo estudiar y comenzó a ver qué era el "trabajo con las comunidades". "Al salir al campo te dabas cuenta de que el problema era real. Había contaminación, sus animales morían, sus hijos estaban enfermos, había cáncer, abortos... y la gente no tenía dónde recurrir". Recuerda que la única preocupación de las autoridades locales entonces era proteger a Texaco.
Alrededor de la misión de los padres capuchinos, puso en marcha el embrión de la resistencia, un comité de derechos humanos formado por campesinos e indígenas. Eran 50 personas organizadas por Fajardo. Tenía 16 años. Le echaron de la empresa petrolera y también de una palmicultora que era la única alternativa laboral. Acabó viviendo de su trabajo en la misión. "Los mismos curas me buscaron una beca, de una persona a la que no conozco, que financió mis estudios en la universidad". Estudió Derecho por correspondencia.
"Era una necesidad. Cada vez que recurríamos a una autoridad, nos decían 'busquen un abogado que los ayude". Decidió que él sería el abogado. El pequeño grupo creció con afectados de otros pueblos. El caso se hizo internacional con la publicación de un libro, Amazon Crude, de una abogada estadounidense llamada Judith Kimberling. Eso atrajo la atención necesaria para encontrar abogados que presentaran la primera demanda contra Texaco. Fue el 3 de noviembre de 1993, en un juzgado de Nueva York, por iniciativa de hasta tres abogados estadounidenses distintos atraídos por la historia. En 1994, el adolescente que había organizado a las comunidades afectadas terminó la enseñanza secundaria.
Juicio en Ecuador
La defensa de Texaco a partir de entonces se basó en decir que EE UU no era competente para juzgar el caso. De existir el daño, debía juzgarse en Ecuador. "Tenían influencia en el sistema político y judicial, estaban convencidos de que podrían controlar el juicio. Y de hecho era verdad". La sentencia tardó nueve años en llegar. Texaco ganó la batalla el 16 de agosto de 2002. La Corte de Apelaciones de Nueva York aceptó que el juicio se hiciera en Ecuador, con la condición de que se permitiera a los demandantes un año de plazo para rehacer su caso. La petrolera no tenía ni idea de lo que acababa de conseguir.
El 7 de mayo de 2003, dentro de plazo, se presentó de nuevo la demanda ante la Corte de Justicia de Sucumbíos. Pablo Fajardo colaboraba con los abogados estadounidenses y ecuatorianos que se habían hecho cargo de la causa. El quinto hijo de José Fajardo y María Mendoza se había graduado en Derecho en 2004. Al año siguiente, asumió el caso como abogado principal. La guerra de expertos y peritos llevó a hacer 106 informes periciales distintos, 58 de ellos financiados por Chevron, y el resto, de la otra parte. "Todos ellos demostraban la presencia de hidrocarburos".
Por entonces, todo este litigio lo estaba pagando un bufete de Filadelfia, Khon&Graf, para quien el caso de Texaco-Chevron era una inversión a riesgo. Es decir, si ganaban se llevaban parte de la indemnización, y si no, no cobraban. Basándose en un controvertido informe pericial, los afectados por el vertido reclamaban una indemnización de 27.300 millones de dólares, en la que estimaban el coste de las reparaciones por las muertes y las enfermedades más la limpieza completa de la zona.
"Hubo testimonios desgarradores. Conozco a gente que ha muerto durante el proceso. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer y su hija también. Todo era gente así, que lo había vivido". La gente contó ante el tribunal cómo sus familiares cayeron a los pozos tóxicos y murieron envenenados. "Una señora se cayó al intentar rescatar a su vaca, tragó petróleo y murió poco después". La incidencia del cáncer en la región es anormalmente elevada, según los denunciantes.
En 2004, ocho días antes de empezar la fase pericial del juicio, William Fajardo Mendoza, hermano de Pablo, fue hallado muerto. Tenía 28 años. Lo torturaron salvajemente antes de asesinarlo. "Yo no puedo afirmar que Chevron esté detrás", ha dicho siempre Pablo Fajardo, y lo mantiene. Por aquel entonces le advirtieron de que también lo buscaban a él. Lo comprobó una noche en que dos hombres armados hicieron guardia en la puerta de su casa, mientras él estaba escondido en la de unos vecinos. Tiene tres hijos, de 14, 7 y 3 años. Toda la familia se desperdigó por otros pueblos por seguridad.
Contaminación masiva de la altura de Chernóbil
Los demandantes que representa Fajardo (ya son un colectivo de 30.000 campesinos e indígenas) presentan el caso de contaminación masiva a la altura del de Chernóbil, el vertido del barco Exxon Valdez en Alaska o el reciente de BP en el Golfo de México. "La diferencia es que aquellos fueron accidentes. Pero en Ecuador, Texaco diseñó el sistema para contaminar. El objetivo era extraer petróleo con la menor inversión posible". Según uno de los peritos, en los 26 años que Chevron operó en Sucumbía se ahorró 8.500 millones de dólares incumpliendo las normas más elementales de seguridad y gestión de desechos.
Por la parte de Chevron, Fajardo ha escuchado en estos años todo tipo de argumentos. Entre otras cosas, dijeron que "el petróleo no contaminaba". También, "que la Amazonia era un terreno petrolero y que ahí no tenía por qué vivir nadie". En otro momento comentaron que "el cáncer se producía por la falta de higiene de los indígenas". También llegaron a decir "que el petróleo es biodegradable y a las pocas semanas no se notan sus efectos".
Lo último fue a partir de 2009. "Vieron que el juicio era una amenaza real". Presentaron 14 demandas distintas por todo Estados Unidos contra la plataforma de afectados y cualquiera que trabaje con ellos para exigir información. Y lo consiguieron. "Tienen todos nuestros correos electrónicos".
El 1 de febrero de 2010, Chevron planteó un caso de tipo RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), la ley federal especial de Estados Unidos para el crimen organizado. La nueva tesis de Chevron es que los demandantes forman parte de una asociación criminal cuyo negocio es extorsionar a la compañía. Mientras, un empleado de Chevron intentó, cuenta Fajardo, sobornar al juez y grabarlo con cámara oculta, para demostrar que es supuestamente corrupto.
El 14 de febrero se emitió la histórica sentencia en el tribunal de Lago Agrio que condenaba a Chevron-Texaco a pagar 8.560 millones de dólares. Pero la empresa no tiene bienes en Ecuador, por lo que hay que embargar en el extranjero. Sin embargo, un juez llamado Lewis Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York, decretó que la sentencia era inejecutable en EE UU mientras él no decida de nuevo sobre la competencia de los tribunales. "Este juez no conoce el problema. Ha emitido fallos para mí antijurídicos y con una convicción económica y no jurídica", dice Fajardo. Ambas sentencias, en Lago Agrio y en Nueva York, están recurridas por ambas partes. Un bufete de Washington llamado Patton Boggs se ha hecho cargo del caso por la parte ecuatoriana.
"Chevron ha dicho que no va a pagar. Pero tiene inversiones en 50 países, y la sentencia de Ecuador dice que la indemnización se puede cobrar en cualquier parte, no tiene por qué ser en Estados Unidos. Tendremos que obligarle a pagar", dice Fajardo. Es decir, tendrán que presentar nuevas demandas allí donde Chevron tenga bienes para embargárselos en cumplimiento de la sentencia de Ecuador. El juez Kaplan ha dejado claro que, por ahora, en Estados Unidos no va a ser. "Este juez actúa desde la ignorancia del caso y guiado por las mentiras de Chevron", dice Fajardo.
La historia continúa
La historia no ha terminado. Durante estos años, entre 20 y 30 millones de dólares han sido invertidos en la demanda por parte sobre todo de abogados estadounidenses que se han ido relevando en el caso y de las donaciones de todo el mundo que reciben los demandantes. Fajardo asegura que han podido saber de "fuentes de los accionistas", que Chevron gastó 300 millones de dólares en abogados solo en 2010, y el total en este litigio ya ha superado los 1.000 millones.
El hijo de dos campesinos analfabetos de Ecuador tendrá que volver a sentarse muchas veces con su maletín delante de las decenas de abogados que Chevron quiera poner en el caso. Y seguirá escuchando que el petróleo no contamina, que el problema de los indígenas es que no se lavan, que él preside una organización criminal. Durante 18 años, y los que queden, Chevron ha utilizado todas las estrategias de defensa imaginables. Todas menos una. Nunca ha podido negar que la tierra, el agua y el aire de Sucumbíos están llenos de petróleo. Sigue allí.
1964-1967. La petrolera estadounidense Texaco comenzó a perforar en la provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. En medio de la Amazonia, fueron perforados cientos de pozos, junto a los cuales se construyeron cientos de piscinas de residuos tóxicos al aire libre.
1990. Texaco abandona Ecuador tras caducar la concesión. La empresa Petroecuador se hace cargo de la producción de petróleo en Sucumbíos. Texaco deja el país sin dar una solución a los pozos tóxicos.
1993. Un grupo de habitantes de Sucumbíos, organizados en torno a una misión de religiosos capuchinos de Navarra, presenta la primera demanda contra Texaco en un juzgado de Nueva York. Argumentan que el elevado número de casos de cáncer en la región está provocado por la presencia de los tóxicos. El petróleo no sólo impregna cada rincón de la provincia, sino que los pozos desaguan ilegalmente sobre ríos que son el medio de vida de los indígenas. Según diversos estudios, el vertido es mayor que el del barco Exxon Valdez en Alaska. En su defensa, Texaco argumenta que el caso debe ser juzgado en Ecuador, no en Estados Unidos, porque allí es donde está el daño.
2001. Chevron compra Texaco en una operación de 45.000 millones de dólares
y se convierte en la cuarta mayor petrolera del mundo y la tercera mayor compañía
de Estados Unidos.
2002. Chevron-Texaco gana definitivamente el juicio en Nueva York. La demanda no puede continuar en los tribunales de Estados Unidos.
2003. Las comunidades indígenas presentan de nuevo la demanda ante un tribunal local de Lago Agrio, en Sucumbíos.
Ambas partes encargan decenas de informes periciales para medir la toxicidad de las aguas en la provincia y sus efectos sobre la salud. Uno de los informes, a cargo de los demandantes, cifra en más de 27.000 millones de dólares el coste de limpiar completamente la zona e indemnizar a sus habitantes. Los demandantes exigen como mínimo esa cantidad a Chevron-Texaco.
14 de febrero de 2011. Después de casi 18 años de litigio, el juez Nicolás Zambrano, del tribunal local de Lago Agrio, condena a Chevron a pagar una multa de 8.000 millones de dólares al considerar demostrado que los vertidos son los causantes de los daños al ecosistema y a la salud de las personas. La multa será del doble si Chevron no se disculpa con las comunidades indígenas. La sentencia está recurrida ante una instancia superior, pero Chevron afirma que la justicia de Ecuador está corrupta.
Marzo 2011. Chevron logra que un juez de Nueva York declare inejecutable la sentencia con bienes de la compañía en Estados Unidos. Por tanto, los demandantes no podrán cobrar a no ser que consigan embargar bienes de Chevron en otros países donde opera (la compañía no tiene bienes en Ecuador). Los demandantes afirman que el juez Kaplan desconoce por completo la realidad del caso y está manipulado por la petrolera. La decisión está recurrida.
25 mayo de 2011. Varios fondos de inversión piden durante la junta de accionistas de Chevron que la compañía llegue a un acuerdo con las comunidades indígenas y ponga fin al litigio.
Por PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL - Madrid - 06/06/2011
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