Poveglia, la isla del Véneto cuya concesión subasta el Estado. / Guido Alberto Rossi
El Gobierno de Renzi hace inventario del patrimonio inmobiliario para acelerar el plan privatizador, recaudar fondos y reducir la deuda pública.
El Estado italiano es como un viejo marqués, dueño de cientos de palacios, al que su mala cabeza lo obliga a vivir en un piso de alquiler y con dinero prestado. Sin contar su infinito patrimonio arquitectónico, Italia posee bienes inmuebles por un valor superior a los 281.000 millones de euros —cinco veces la fortuna de Bill Gates— y, sin embargo, gasta mil millones anuales en el alquiler de sedes y oficinas oficiales. El nuevo Gobierno de Matteo Renzi, dispuesto a impulsar el plan de privatizaciones que ya anunció Enrico Letta, pretende también enajenar una buena parte del patrimonio inmobiliario, desde una hermosa isla abandonada en la laguna de Venecia —en una concesión de 99 años— a un castillo en la frontera con Eslovenia. El objetivo es destinar esos fondos a reducir su deuda pública, que asciende al 130% del PIB. Pero antes, como el viejo marqués desmemoriado, tendrá que recordar cuántos palacios tiene y dónde ha puesto las llaves.
Porque, aunque parezca increíble, el Estado italiano desconoce la magnitud del patrimonio que posee en realidad. Es más, la estimación de los 281.000 millones de euros corresponde a un informe reciente elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero según algunos organismos privados esa cifra podría ascender hasta los 400.000 millones, esto es, casi un 25% del PIB. Desde antes de que Matteo Renzi y su frenética carrera por cambiar Italia llegaran al poder, los Gobiernos de Mario Monti y Enrico Letta, también urgidos por Europa a sacar dinero de debajo de las piedras, ya intentaron meterle el diente al asunto. De hecho, en la memoria del Tesoro publicada recientemente se deja constancia de que “la gestión eficaz del patrimonio público puede desarrollar un papel importante para la contención del déficit y la reducción de la deuda pública”. De ahí que desde el Gobierno se encargara una fotografía del inmenso patrimonio inmobiliario. El problema es que el revelado deparó notables sorpresas.
El Estado italiano es como un viejo marqués, dueño de cientos de palacios, al que su mala cabeza lo obliga a vivir en un piso de alquiler y con dinero prestado. Sin contar su infinito patrimonio arquitectónico, Italia posee bienes inmuebles por un valor superior a los 281.000 millones de euros —cinco veces la fortuna de Bill Gates— y, sin embargo, gasta mil millones anuales en el alquiler de sedes y oficinas oficiales. El nuevo Gobierno de Matteo Renzi, dispuesto a impulsar el plan de privatizaciones que ya anunció Enrico Letta, pretende también enajenar una buena parte del patrimonio inmobiliario, desde una hermosa isla abandonada en la laguna de Venecia —en una concesión de 99 años— a un castillo en la frontera con Eslovenia. El objetivo es destinar esos fondos a reducir su deuda pública, que asciende al 130% del PIB. Pero antes, como el viejo marqués desmemoriado, tendrá que recordar cuántos palacios tiene y dónde ha puesto las llaves.
Porque, aunque parezca increíble, el Estado italiano desconoce la magnitud del patrimonio que posee en realidad. Es más, la estimación de los 281.000 millones de euros corresponde a un informe reciente elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero según algunos organismos privados esa cifra podría ascender hasta los 400.000 millones, esto es, casi un 25% del PIB. Desde antes de que Matteo Renzi y su frenética carrera por cambiar Italia llegaran al poder, los Gobiernos de Mario Monti y Enrico Letta, también urgidos por Europa a sacar dinero de debajo de las piedras, ya intentaron meterle el diente al asunto. De hecho, en la memoria del Tesoro publicada recientemente se deja constancia de que “la gestión eficaz del patrimonio público puede desarrollar un papel importante para la contención del déficit y la reducción de la deuda pública”. De ahí que desde el Gobierno se encargara una fotografía del inmenso patrimonio inmobiliario. El problema es que el revelado deparó notables sorpresas.
Y fue en estas que llegó Renzi. El alcalde de Italia conoce, porque lo practicó en Florencia, cuánto beneficio —y no solo económico— se puede sacar de los viejos cuarteles vacíos y abandonados. Pero, además, ya sea por convicción o por obligación, no tiene más remedio que continuar, acelerar e incluso ampliar el plan de privatizaciones que anunció el pasado mes de noviembre el entonces primer ministro Enrico Letta. El objetivo es recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de euros poniendo a la venta una parte de empresas públicas tan emblemáticas como Finmeccanica —vendería sus activos ferroviarios para centrarse en el sector aeroespacial y de defensa—, el astillero Fincantieri —el mayor constructor naval de Europa—, Correos, la controladora de tráfico aéreo Enav o un paquete de acciones de la empresa energética Eni.
Si, el pasado mes de noviembre, Letta tenía que satisfacer a Bruselas manteniendo el déficit bajo control y reduciendo la deuda pública, Renzi tiene además que cumplir las expectativas por él generadas al prometer que, a partir de mayo, todos los trabajadores cuyos sueldos anuales se sitúen entre los 8.000 y los 26.000 euros recibirán un bono mensual de 80 euros. Se trata de un incentivo al consumo y de un reconocimiento al sector que peor lo está pasando con la crisis, pero también de una desesperada huida hacia delante. Vendiendo palacios vacíos, islas abandonadas, coches oficiales de lujo y hasta empresas que la administración no es capaz de gestionar, Renzi quiere sobre todo evitar que la separación creciente entre la política italiana y los ciudadanos no se convierta en divorcio en las próximas elecciones europeas.
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