La ley griega que permite vender productos pasada su fecha de consumo preferente abre debate
La crisis hace que se cuestionen algunas normativas y el desperdicio de comida
La decisión del Gobierno griego de permitir la venta al pequeño consumidor de alimentos con la fecha de consumo preferente pasada ha creado mucha polémica y llamado la atención en el resto de Europa. Se abre un debate sobre cómo gestionar el etiquetado de los productos y, al mismo tiempo, qué efectos está produciendo la crisis económica en los hábitos de consumo y en la percepción de los derechos de los consumidores. Los defensores de la medida creen que es una solución para la población con escasos recursos y para evitar el desperdicio de productos alimentarios. Pero, para quienes la critican es instalar un nicho de consumidores “de segunda” a los que se les hace pagar una comida que de otra forma se tiraría.
A pesar de la polémica que se ha desencadenado en torno a la decisión del Gobierno griego, en un país donde el nivel de pobreza ha crecido de forma constante en estos seis años de recesión económica, hay otros países en Europa donde esta práctica es posible. Es el caso de Reino Unido aunque desde la Agencia de Calidad Alimentaria británica reconocen que no está muy extendida entre las grandes distribuidoras. Pero existen tiendas online, como Approvedfood o Foodbargains, dedicadas exclusivamente a la venta de estos productos, con descuentos de hasta el 70% sobre el precio original de venta. Pinchando sobre la imagen de cada artículo expuesto en la tienda virtual se puede ver la entidad de la rebaja de precio y la fecha de consumo preferente que en algunos casos está pasada hasta dos o tres meses.
En España, la venta de productos con fecha de consumo preferente rebasada no está permitida, como recordó este jueves el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien ha asegurado que el Gobierno español no tiene intención de cambiar la normativa. “Lo que cada cual haga en su esfera privada es una cosa distinta, pero no vamos a autorizar la comercialización de productos pasada la fecha de consumo preferente”, dijo el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press. En la calle, sin embargo, algunas opiniones no coinciden con la del ministro: “A mí me parece bien que se aplique esta medida. Si son productos que aguantan ¿por qué los vamos a tirar? Y más con los tiempos que corren”, comenta Juanjo Alonso, un joven treintañero a la salida de un supermercado de un barrio del sur de Madrid. Su novia, Leire, se muestra más dudosa aunque cree que si hay una reducción de precios sí compraría estos productos. “Todo lo que no se vende se tira. Es un desperdicio demasiado grande”, añade Alonso.
Hay quien ha hecho del consumo de estos productos una misión. Es el caso de Voytek Stando que en 2010 ha fundado una organización llamada Best Before Project para, explica, “superar el malentendido de las etiquetas”. “El origen de esto viene de lejos, desde que hace años empecé a trabajar en la gran distribución y asistí al enorme desperdicio de comida que se puede consumir perfectamente”, comenta Stando. Se alegra de saber que en Grecia se haya introducido la nueva regulación pero reconoce que los supermercados son reluctantes también en Reino Unido. Su organización hace campaña para que esta actitud cambie. ¿Y si se rebajaran los precios antes de llegar a tener muchos productos pasados de fecha? “Sería mejor”, admite, “pero esto supondría el completo cambio del sistema y tendría impacto en la economía. No es realista”.
Los consumidores tienen además luchas antiguas con los etiquetados y las fechas de caducidad. Pero la crisis ha puesto el foco en el desperdicio de comida en los grandes establecimientos. “Los comerciantes tienen las previsiones de mermas y saben que buena parte de lo que ponen en las estanterías se va a perder. ¿Por qué en lugar de permitir la venta de estos productos a precios más baratos no se prohíbe a los supermercados tirar comida a la basura?”, afirma Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción. Sánchez cree que con esta medida en Grecia “se está introduciendo un recorte de calidad y de derechos de los consumidores”. “Partimos de la idea de que esa fecha [de consumo preferente] no se pone así de forma arbitraria. ¿Qué significa? Habrá que aclarar lo que implica en términos de propiedades nutritivas, sabor... Sabemos que para la sal o el azúcar, en condiciones correctas de mantenimiento no pasa nada, pero habrá otros productos para los que sí cambia algo”. Para Sánchez, la solución sería “tener menos productos en las estanterías, menos gastos y precios más bajos. Pero esto no se cuestiona porque no se cuestiona el sistema de producción y venta”.
Josep Francesc Valls, catedrático del departamento de Marketing de la escuela de negocios ESADE y autor de numerosos libros sobre políticas de venta y consumo, cree que estos tipos de prácticas comerciales están destinadas a ser cada vez más comunes. Y hace el parangón con el sector del automóvil o el textil donde ya se han implantado. “En un plazo medio o largo, profundice la crisis o no, estas prácticas, teniendo en cuenta todas las garantías sanitarias, pueden extenderse al sector de la alimentación”, comenta. “También en España podría producirse”, añade. No cree que se trate de crear un doble mercado. “No tengo claro que los consumidores nos comportemos siempre como ricos o como pobres. Es una diferencia que no veo. El consumidor es cada vez más híbrido y decide si hoy compra más barato o más caro”. Para Valls la clave, sobre todo en el caso de los productos alimenticios, es la trazabilidad. “Lo fundamental es que nos hace falta un paso más sobre la trazabilidad. La normativa comunitaria es bastante avanzada pero en los países su aplicación va mucho más lenta. Si el cliente está bien informado, sabrá qué tiene que comprar y al precio que desee”.
En Grecia, donde el debate surgió ya hace un año, cuando por primera vez se planteó la aprobación de la nueva regulación, la reacción de las asociaciones de consumidores y de las grandes cadenas de supermercados ha sido, por distintas razones, crítica. “Estamos absolutamente en contra. Es inaceptable que se creen dos categorías de consumidores, los que pueden comprar comida no caducada y de calidad y lo que no pueden”, comenta el presidente de la asociación de consumidores griega INKA, Yorgos Lechouritis, quien asegura que la asociación ya ha recibido quejas de los ciudadanos al respecto. “Nuestro mensaje es que no compren productos pasados de fecha y que en el mercado no se vendan”, afirma.
También la Unión de Consumidores de Grecia (EEKE, en sus siglas en griego) se opone a la nueva regulación. “Aun bajo el pretexto de que se vendan a un precio reducido o que se vendan en estantes separados de los supermercados, poner en marcha esta regulación en medio de la crisis económica significa degradar la vida de los consumidores mientras que los comerciantes pueden aumentar sus beneficios al vender comida que antes tiraban”, afirma Ioanna Karandinaki, presidenta del Consejo de dirección de la organización. Para Karandinaki “el Gobierno griego debería imponer medidas para la constante y permanente reducción del coste para las familias de los alimentos y los productos de uso cotidiano. En lugar de esto lo que hace es recuperar una regulación “clasista” que hace que los consumidores que tengan ingresos suficientes puedan comprar productos de alta calidad. Mientras tanto, 1,5 millones de desempleados, trabajadores no pagados o mal remunerados tendrán que comprar productos de menor calidad, que es lo que se pueden permitir”.
En la base del rechazo de las organizaciones helenas de defensa de los derechos de los consumidores también están las críticas a un sistema de etiquetado en el que, en línea con las directivas comunitarias, son los fabricantes de estos productos quienes deciden las fechas de caducidad y consumo preferente. Sostienen, además, que la nueva regulación pueda dar pie a malas prácticas. “No será posible controlar todos los puntos de venta para ver si los vendedores cumplen con la regulación y si se pone en peligro la salud pública”, subraya Karandinaki.
Los representantes de las grandes distribuidoras también se han mostrado reacios a aplicar la medida que, contrariamente a lo que opinan las asociaciones de consumidores, no creen que les reporte unos ingresos mayores. Esta semana la prensa griega daba cuenta de la incomodidad de las grandes compañías temerosas de ver afectada su reputación comercial. “No estamos en contra de la norma pero en línea con nuestra política como supermercado hemos decidido no aplicarla y mantener una estrategia comercial de productos frescos y de calidad”, comenta a este diario un representante de la cadena de supermercados Alfa-Beta, una de las mayores en el mercado heleno. “No sabemos por qué el Gobierno lo ha decidido, si es para evitar que se desperdicie comida o para favorecer a los más necesitados. Pero no sirve para ayudar a los supermercados. No creo que vayan a ser muchos los que se sumen a la iniciativa”, añade. Así lo creen también los consumidores: “En lugar de vender productos pasados de fecha estaría bien venderlos a precios reducidos un mes antes de que caduquen. Esto beneficiaría también a la industria. Pero creo que no están interesados en rebajar precios”, comenta el presidente de la asociación griega de consumidores INKA, Lechouritis.
Desde Alfa-Beta no piensan, sin embargo, que se estén creando dos clases de consumidores. “Hay ya muchas ofertas de descuentos debido a la crisis y si un supermercado trabaja bien no deberían quedar muchos de estos productos”, subrayan.
Preguntado por su opinión sobre la regulación Ioannis Tsialtas, presidente de la Autoridad Griega para los Alimentos (organismo oficial homólogo heleno a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria) contesta que se trata de una disposición prevista en Grecia desde 1989 y que “la única obligación adicional con la nueva regulación es que los productos con fecha de consumo preferente pasada tienen que venderse a un precio más bajo”. No obstante, Tsialtas subraya que “la postura de la Agencia es que los productos cuya fecha de consumo preferente esté a punto de concluir tendrían que ser distribuidos con una notable reducción de precio”. En cuanto a la introducción de prácticas peligrosas en el consumo de alimentos, Tsialtas afirma que se trata de un riesgo que existe para todos los productos también si la fecha de consumo preferente no está rebasada. “El correcto manejo y almacenamiento es de grandísima importancia. Los operadores comerciales son responsables de la distribución de alimentos seguros en el mercado y de dar las instrucciones correctas a los consumidores”.
El presidente de EFET recuerda que, en cualquier caso, el sistema de etiquetado en Grecia cumple con las normativas comunitarias que distinguen entre productos con fecha de caducidad y con fecha de consumo preferente.
“La existencia de dos fechas, la de caducidad y la de consumo preferente, depende de una cuestión sencilla. La primera indica la fecha a partir de la cual consumir los productos puede ser perjudicial para la salud, porque hay la posibilidad de que, pasado el plazo indicado, se pueda por ejemplo desarrollar un microbio patógeno”, explica Alfonso Carrascosa, científico del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC. En el caso de los productos con fecha de consumo preferente “son alimentos para los que no existe este peligro y no son peligrosos para el consumidor si los ingiere. La fecha en este caso indica la posibilidad de que pierda algunas propiedades, como textura, olor o sabor, y, en algunos casos, nutricionales, ya que con el paso del tiempo algunos principios activos pueden modificarse o desaparecer, como es el caso de algunas vitaminas”. Aun así, añade el científico, “en ningún caso van a producir un daño, y la eventual reducción de beneficio en términos nutricionales se podrá compensar fácilmente con una dieta equilibrada”. La premisa es, evidentemente, que las condiciones de mantenimiento sean las correctas. Y esto vale para todos los alimentos que están marcados con este tipo de fecha, subraya Carrascosa.
Así funciona en Grecia
La nueva regulación alarga la vida comercial de los productos que tienen la fecha de consumo preferente rebasada. La condición es que los supermercados practiquen importantes descuentos sobre el precio original y que estos alimentos se encuentren en estantes separados.
El intervalo de tiempo en el que su venta está permitida depende de cómo está marcada la fecha: si lleva día y mes los productos se pueden tener en los estantes una semana más; si indica mes y año, un mes más; y tres meses cuando en el envoltorio solo aparezca el año.
La comercialización solo se permite en la venta al por menor y está vetada en restaurantes o bares.
E Las sanciones para los que incumplan las directivas varían desde 1.000 euros por unidad de producto (si, por ejemplo, no se tienen en estanterías separadas) hasta 5.000 euros, siempre por unidad de producto, en caso de distribución en servicios de hostelería.
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