La derecha del presidente Piñera y la izquierda de la candidata Bachelet conmemoran por separado el 40 aniversario del golpe de Estado.
A dos días de que se cumpla en Chile el 40 aniversario del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, la derecha en el Gobierno y el centroizquierda de la oposición conmemoraron este lunes por separado la fecha. El 11 de septiembre de 1973, el presidente constitucional Salvador Allende murió tras el bombardeado de aviones de la Fuerza Aérea al palacio de La Moneda durante la toma del poder por parte del Ejército.
Los actos —celebrados con minutos de diferencia y a sólo dos kilómetros de distancia— fueron encabezados por la expresidenta Michelle Bachelet, de un lado, y del otro por el actual presidente conservador, Sebastián Piñera, dejando de manifiesto las profundas diferencias que existen entre ambos bandos 23 años después del fin de la dictadura militar (1973-1990).
La decisión de no asistir a la ceremonia oficial en el palacio presidencial de La Moneda por parte del bloque opositor provocó una áspera polémica durante los últimos días, alimentada por el clima electoral previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo. Durante los últimos 10 días, además, actores sociales y políticos de diversos sectores —incluido Piñera— realizaron declaraciones de perdón y reconocimientos de errores previos y posteriores al golpe de Estado.
Michelle Bachelet dio comienzo a la jornada cuando llegó a las 9.30 horas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el centro de Santiago de Chile. La socialista hoy lidera la coalición Nueva Mayoría: un conglomerado de centroizquierda que —en un hecho inédito desde el retorno a la democracia en 1990— desde abril pasado incluye al Partido Comunista. La exdirectora de ONU Mujeres recorrió acompañada por su madre las salas del recinto donde hay una fotografía de su padre, Alberto Bachelet, general de la Fuerza Aérea juzgado por traición a la patria que murió encarcelado a causa de un infarto en marzo de 1974.
“Este ejercicio de verdad y de reconocimiento no es autocomplaciente ni victimizante, es para conocer la verdad”, dijo Bachelet en su discurso, en el que además destacó que la verdad y la justicia son dos condiciones básicas para la reconciliación del país. “Tenemos la necesidad de conocer qué pasó con las víctimas”, señaló la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, la gran favorita en todas las encuestas para ganar los comicios del 17 de noviembre próximo.
Con la ausencia de Patricio Aylwin —el primer presidente de la etapa democrática, quien se excusó por motivos de salud—, al acto asistieron alrededor de 500 invitados, entre los cuales destacaron los exmandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Antes del comienzo de la ceremonia, Lagos aseguró que aún falta un diagnóstico común de lo ocurrido para superar las divisiones. “Debería haberse hecho un solo acto para demostrar que, a 40 años, puede haber coincidencias”, señaló Lagos. El acto oficial en el palacio La Moneda comenzó sin representantes de la oposición y sólo tres de los nueve candidatos presidenciales que habían sido invitados.
Frente a unas 200 personas —funcionarios destacados, miembros del poder judicial, Fuerzas Armadas e iglesias—, Piñera apeló a un espíritu de reconciliación al recordar el clima político previo al golpe de Estado y reconoció la gravedad de las violaciones de los derechos humanos. La dictadura dejó 3.214 ejecutados políticos. De ellos, 1.000 permanecen desaparecidos.
“El 11 de septiembre de 1973 un violento golpe de Estado puso término a la Unidad Popular y puso inicio a 17 años de régimen militar. Sin embargo no fue algo súbito, sorpresivo, sino que fue el desenlace previsible, pero no por ello inevitable de una agonía de los valores de la sociedad chilena”, dijo Piñera, quien comentó que el Gobierno de Salvador Allende “reiteradamente quebrantó la legalidad y el estado de derecho”.
En el plano de las responsabilidades, Piñera reiteró sus críticas de la semana pasada a los medios de comunicación “que se limitaron a entregar la versión oficial de los hechos” y al poder judicial. “Muchos de nosotros que pudimos hacer mucho más en la defensa de los derechos humanos nos alcanza una cuota de responsabilidad. Estoy seguro de que si volviéramos atrás, la inmensa mayoría de los actores se comportaría mucho mejor”, dijo el mandatario de derecha, que con estas palabras marcó un hito en su sector en materia de reconocimiento de errores y omisiones durante la dictadura.
Al margen de los actos oficiales, la ciudad de Santiago se prepara estos días para desórdenes públicos provocados por manifestaciones no autorizadas al calor de la conmemoración del golpe.
Tiempos de ‘mea culpa’
R. CEA, Santiago de Chile
Desde hace 10 días, actores políticos de la derecha oficialista chilena y de la oposición y miembros del poder judicial, entre otros, han realizado declaraciones —individuales o colectivas— en las cuales reconocen “errores” u “omisiones” en su desempeño durante los 17 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El primero en pronunciarse fue el senador Hernán Larraín, líder histórico de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de la derecha más conservadora. Miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad —comunidad alemana ubicada 300 kilómetros al sur de Santiago que sirvió como centro de detención durante la dictadura—, Larraín pidió perdón por lo hecho “o por omitir lo que debía hacer”. El senador provocó críticas públicas de los partidarios más radicales de su partido.
Luego fue el senador socialista Camilo Escalona quien aseguró que no tenía problemas en pedir perdón por los excesos que pudo haber cometido antes del golpe de Estado. Entonces tenía 18 años y era líder estudiantil del colegio en que cursaba el último año de educación secundaria.
La declaración que generó más reacciones fue el texto de dos cuartillas de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, agrupación que reúne al 70% de los jueces del país. “Ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, a sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces en ese trance crucial de la historia”, se lee en el documento que —elogiado por el presidente Sebastián Piñera— interpelaba a sus superiores de la Corte Suprema a pronunciarse en un sentido parecido. Dos días después, el pleno del máximo tribunal del país reconoció “graves acciones y omisiones”, pero no pidió perdón.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, entre 1973 y 1983 los tribunales chilenos acogieron sólo 10 de los 5.400 recursos de amparo presentados por personas detenidas de manera ilegal o que temían por integridad física debido a la brutal represión de la Junta Militar de Pinochet contra la oposición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.