Frente a la tergiversación de las balanzas fiscales, los datos apuntan a un empobrecimiento de la región si el nacionalismo alcanza sus objetivos.
Si hay un argumento que el nacionalismo catalán ha utilizado en los últimos años para sumar adeptos a la causa del independentismo, ése ha sido el económico. Del "Madrid ens roba" a las balanzas fiscales, los partidos políticos secesionistas y sus medios afines han repetido hasta la saciedad el mantra de que una de las claves del continuado declive económico catalán en los últimos 40 años reside en un injusto sistema de financiación, que hace que el resto de España viva de la riqueza de su región.
Y no hay duda de que su interiorización por parte de la sociedad catalana ha sido uno de los motivos del auge del independentismo en los últimos años. Los nacionalistas lo saben y actúan en consecuencia. Si consiguen que los ciudadanos de Barcelona o Gerona se lo crean, tendrán mucho ganado en su lucha por desmembrar España.
El problema es que hay muchos datos que no apuntan precisamente en esa dirección. Si quisieran, los partidos políticos con implantación nacional (básicamente PP y PSOE) podrían responder al nacionalismo en el campo de juego que éste ha escogido. No son pocos los argumentos que apuntan a que, en realidad, una Cataluña independiente no sólo no saldría ganando, sino que podría desplomarse víctima de una debilidad económica que es culpa, fundamentalmente, de los mismos políticos que se envuelven en la estelada cada día.
Al borde de la quiebra
La Generalidad catalana debe 50.945 millones de euros, más de una cuarta parte del total de la deuda de las 17 autonomías. Es una cantidad equivalente al 25,7% del PIB de la región, una ratio en la que sólo está por detrás de Castilla-La Mancha y Valencia. Por hacernos una idea, Madrid, una región con un peso en el PIB nacional muy parecido, debe 21.960 millones (un 11,7% de su PIB regional).
Eso dejaría al Gobierno de una Cataluña independiente al borde de la quiebra. Porque además, también tendría que hacerse cargo de su parte correspondiente a la deuda del conjunto de España. Y el problema es que su historial no deja mucho margen a la confianza. Desde la llegada del tripartito y luego de Artur Mas, las finanzas públicas catalanas se han hundido.
La excusa siempre es el sistema de financiación, pero Madrid, que aporta bastante más que Cataluña a la caja común y podría erigirse como la gran agraviada del sistema, casi ha mantenido el equilibrio presupuestario durante la crisis, siendo la región que menos déficit ha sumado y menos deuda ha acumulado.
En este sentido, las últimas colocaciones de bonos patrióticos han evidenciado que los inversores no confían en los políticos nacionalistas. Sólo el aval del Gobierno central y los fondos de liquidez autonómica (de ese "Madrid" tan odiado) han permitido a Artur Mas colocar su deuda y seguir financiando su escalada secesionista. Los servicios públicos catalanes se pagan gracias a que el Ministerio de Hacienda financia al Ejecutivo de CiU con una generosidad que no aplica con otras regiones.
Balanzas 'maquilladas'
Éste es el gran argumento del independentismo, repetido hasta la saciedad en los últimos años, a pesar de todas las falsedades que encierra. En todos los países, las regiones más ricas (y las ciudades o los barrios) aportan más con impuestos de lo que reciben en inversiones. En realidad, habría que recordar que los territorios no pagan tributos. Son sus ciudadanos los que lo hacen. Y si la renta per cápita de éstos es superior a la media, es lógico que las cuentas totales también salgan deficitarias.
El problema es que ni siquiera eso se cumple con Cataluña. Tal y como ha denunciado Convivencia Cívica Catalana (CCC), en los últimos años ha habido varios ejercicios en los que la balanza fiscal real ha tenido superávit para esta región. Las cuentas que Artur Mas ha presentado ante la prensa han sido convenientemente maquilladas.
No sólo eso. Cabría preguntarse por qué la Generalidad catalana, que tanto defiende la publicación de estos datos de las balanzas fiscales a nivel nacional, no publica las que tiene a su alcance: las regionales. Según los mismos criterios que Mas defiende para España, el resultado sería que Tarragona, Gerona o Lérida expolian a Barcelona. El Gobierno de CiU gasta mucho menos en esta provincia de lo que le correspondería. Por eso, en una Cataluña independiente, el argumento de las balanzas fiscales se volvería como un bumerán contra aquellos que llevan años lanzándolo.
Pensiones en rojo
En 2011, último año con las cuentas completamente cerradas, los gastos de la Seguridad Social en Cataluña ascendieron a 19.541 millones de euros, mientras que los ingresos se quedaron en 18.445 millones. Es decir, hubo casi 1.100 millones de déficit en las cuentas del organismo sólo en lo que tiene que ver con los pensionistas catalanes.
Habrá quien le eche la culpa a la crisis, que ha hundido el mercado laboral español. Pero no todas las regiones están igual. Por ejemplo, Madrid tuvo unos gastos en Seguridad Social en 2011 de 14.291 millones, mientras que sus ingresos llegaron a los 17.328 millones. Con esos tres mil millones de superávit se enjugaron, en parte, los números rojos catalanes. En caso de independencia no habría ese recurso. ¿Quién pagaría entonces las pensiones de los ancianos de la región?
Madrid vs Barcelona
El nacionalismo asegura que Cataluña podría ser la "Holanda del sur de Europa", pero habrá quien piense que también puede ser "la Grecia del oeste del Mediterráneo". De hecho, viendo las cifras de deuda y déficit público que apuntábamos antes, la imagen recuerda más al país heleno. La clave de la prosperidad futura del nuevo país residiría en su política económica y en su apertura al exterior. Lo ocurrido en los últimos años no invita al optimismo.
En los años 70, tras casi tres siglos de supuesto "centralismo opresor", Cataluña era la región más rica de España. En 2013, tras más de tres décadas de nacionalismo omnipotente, ya no es así. Cuanto más poder han tenido los políticos catalanes, más peso ha perdido su autonomía en la riqueza nacional.
El intervencionismo ha sido la norma, tanto con CiU como con el tripartito. Mientras en Madrid Esperanza Aguirre ponía en marcha las políticas económicas más liberales de España, los nacionalistas imponían restricciones en el comercio, en los horarios o en los impuestos, hasta convertirse en un auténtico infierno fiscal y en una de las regiones más intervencionistas.
La consecuencia es que la Comunidad de Madrid ha adelantado por la derecha al otro gran polo económico del país en renta per cápita (29.385 a 27.248 euros) y casi lo ha igualado en términos absolutos aunque tiene un millón de habitantes menos. No sólo eso, en las últimas décadas se ha dado una auténtica fuga de empresas desde Barcelona hacia la capital de España.
Hasta los años 80, cuando una gran multinacional se instalaba en nuestro país, casi siempre escogía la Ciudad Condal. Eso ha cambiado, y mucho, desde que los nacionalistas controlan el poder regional. Ahora, no sólo la mayoría escoge Madrid, sino que incluso aquellas que ya estaban en Barcelona están empezando a mover sus sedes. Nadie en el independentismo parece preguntarse cuál será la causa de este fenómeno.
Los modelos
A nadie se le oculta que dos de los grandes modelos para el nacionalismo catalán son Escocia y Quebec. El problema es que en lo que hace referencia a su desempeño económico, el independentismo de ambas regiones deja mucho que desear.
En Canadá, desde que a mediados de los setenta el movimiento quebequés tomó fuerza, comenzó el declive de su economía. Montreal, hasta entonces el motor del país norteamericano, dejó paso a Toronto, que poco a poco le fue superando en todos los indicadores. Quebec ha crecido menos que la media nacional, ha visto desplomarse su población activa y ha contemplado una auténtica fuga de cerebros hacia otras partes del país. Y al igual que en Cataluña, las grandes empresas han escapado hacia su gran rival. Ni siquiera ha hecho falta la independencia, sólo con la amenaza, la región francófona ha perdido la posición predominante que tradicionalmente había disfrutado.
En Escocia, el referéndum ya está previsto para 2014. El Gobierno británico, anticipándose a los nacionalistas, ha publicado varios estudios sobre las consecuencias económicas que tendría un "Sí". Y no son muy atractivas: caída en los flujos comerciales, incremento del gasto público, salida de profesionales de nivel medio-alto y desconfianza en los mercados internacionales.
Todos los informes sobre la cuestión alertan de la existencia del llamado efecto frontera: esa barrera imaginaria que, incluso en áreas de libre comercio, separa a dos regiones limítrofes de dos países distintos. Los cálculos de Convivencia Cívica Catalana (CCC), con datos de ventas de Cataluña al resto de España y al mediodía francés, son significativos. Hablamos de pérdidas en las ventas superiores al 60%, de deslocalización de grandes empresas (sobre todo, aunque no sólo, multinacionales) y huida del capital humano. Hasta un 20% del PIB catalán podría estar en riesgo.
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